Policiales

Un especialista analiza cómo será el nuevo sistema de enjuiciamiento penal

Alberto Binder asesora al gobierno en la implementación del sistema penal oral y analiza sus metas. Augura que el nuevo enjuiciamiento asignará un rol a las víctimas para defender sus derechos

Domingo 27 de Abril de 2008

"Una de las cuestiones más importantes del nuevo sistema penal es que aumenta muy fuertemente la defensa integral de los derechos de las víctimas". Quien pronunció esta frase es Alberto Binder, un abogado de 50 años que, en los últimos 20, participó en la reforma de los procesos penales de varias provincias argentinas y países de América latina. Integra el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y asesora al gobierno de Hermes Binner en la implementación del nuevo modelo de justicia penal.

Binder estuvo la semana pasada en la ciudad de Santa Fe, donde se reunió con el gobernador y los ministros de Justicia, Héctor Superti, y de Seguridad, Daniel Cuenca, para analizar la puesta en marcha del nuevo sistema de enjuiciamiento penal.

—¿Cuál va ser el rol del Ministerio Público, de la acusación, en este nuevo esquema?

—Es una figura central del nuevo proceso penal y requerirá de una atención primordial en el sentido de comenzar a generar un conjunto de prácticas y de definiciones, que luego irán haciendo nacer esta institución poco a poco. Por la experiencia en otros países sabemos que es bastante dificultosa la reconversión de las antiguas estructuras del Ministerio Público como, por ejemplo, las funciones de los fiscales. Estos no sólo tienen que tener una idea clara de la investigación sino que deberán trabajar de un modo muy dinámico con otros actores sociales involucrados en la persecución penal, en la lucha contra la impunidad. Además, el Ministerio Público deberá operar de una manera muy distinta de como lo venía haciendo.

—¿Los fiscales van a depender del Poder Ejecutivo o del procurador de la Corte Suprema de Justicia?

—En general, hay una vieja discusión acerca de si los fiscales deben depender o no del Poder Ejecutivo. En muchos países desarrollados sí dependen y en otros no. En los proyectos latinoamericanos se ha ido imponiendo la decisión, al menos en una primera etapa, de que tengan una autonomía funcional muy importante y no dependan del Poder Ejecutivo. Sin embargo, a través del trabajo mancomunado con la policía o de vínculos con el Ministerio de Justicia, es posible que deban pautar algún mecanismo de coordinación en aquellos casos en los que los gobiernos manifiesten alguna preocupación.

—¿Cómo se va instrumentar el juicio oral en la provincia de Santa Fe?

—Ya se discutió durante mucho tiempo. Lo que está plasmado es una implementación gradual en términos territoriales. Sin embargo, hay formas de pensar la gradualidad que lleva su tiempo. La puesta en marcha significa en primer lugar asegurar adecuadamente la manera de que los fiscales sean activos y tengan capacidad para presentar los cargos y en segundo lugar generar una defensa pública que tenga capacidad de asistir a las audiencias y que no sean defensores de escritorio y de papel. Además, se deberá trabajar mucho en un nuevo sistema de gestión en los Tribunales para que no se provoquen demoras y suspensión de las audiencias como está ocurriendo ahora en Buenos Aires. Pero no hay en Santa Fe una dificultad técnica grave para poner en marcha el juicio oral, que es el sistema dominante en todo el mundo.

—¿Se contempla en la reforma el juicio por jurados?

—En esta primera etapa no esta previsto el juicio por jurados. A nivel nacional hay una comisión de trabajo, donde se está discutiendo la cuestión. Sin embargo, el establecimiento del juicio por jurados no es competencia de cada provincia sino que básicamente es competencia de la legislación nacional. Cuando se dicte la ley de jurados a nivel nacional habrá que adecuar la legislación provincial.

—¿Qué papel van a tener las víctimas de delitos en el nuevo proceso penal?

—El rol de las víctimas es uno de los rasgos centrales del nuevo modelo penal. Aumentan los instrumentos de defensa que tienen para lograr una tutela judicial efectiva y para que puedan velar por sus derechos, ya sea acercando más a los fiscales con las víctimas para que representen sus intereses, ya sea generando toda una estructura que se va a repartir entre el Ministerio de Justicia, el ministerio público y otras oficinas de atención de las víctimas. Lo que caracteriza al nuevo sistema es que, frente a un modelo muy refractario y alejado de las víctimas, ahora les abren todas las puertas para que puedan defender sus derechos.

—¿Cómo se vinculan los nuevos lineamientos de la Justicia penal con el plan de seguridad provincial?

—La política de seguridad tiene sus propios problemas, sus propios carriles y desafíos. El punto de encuentro que tienen es la investigación de los delitos. Una concepción moderna del sistema de investigación de los ilícitos implica una nueva forma de trabajo mancomunado entre una policía que tiene que modernizarse fuertemente en el trabajo de la recolección de pruebas y un Ministerio Público que tiene que incorporar una visión estratégica de la persecución penal. Los fiscales no deben pensar en cada caso, sino en los fenómenos de criminalidad que hoy, entre otras cosas, tiene forma de mercado. Se deberán diseñar políticas para reducir a límites razonables la criminalidad, aunque no se puede ser tan ambicioso y decir que se va a acabar con la criminalidad en la sociedad.

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