Un apriete mafioso simulado en un conflicto familiar por una vivienda

Cuatro ataques contra una casa de zona sur que incluyeron una bomba molotov no fueron obra de una banda criminal que buscaba usurparla
1 de marzo 2021 · 03:00hs

No era un apriete mafioso con fines de usurpación ni había bandas narco detrás de las amenazas. No era No era un apriete mafioso con fines de usurpación ni había bandas narco detrás de las amenazas. Finalmente, la saga de ataques con piedras, botellas y hasta una bomba molotov contra una familia que vive en Sánchez de Bustamante al 200 terminó encontrando explicaciones en un viejo conflicto originado en la cesión de una casa que una anciana hizo a favor de un sobrino hace 25 años y cuya devolución fue reclamada apelando a lo que parece una nueva moda en las calles rosarinas: ataques contra casas y notas manuscritas en tono amenazante.

Por la saga de ataques fueron imputados de amenazas coactivas Germán R. y Román F., quienes quedaron en libertad bajo reglas de conducta que contemplan no poder contactar de ninguna manera a los moradores de la casa en cuestión —un matrimonio con sus hijos de entre 22 y 25 años— a la que tampoco pueden acercarse a menos de diez cuadras. En el marco de un conflicto que según el fiscal que los imputó, Pablo Socca, debería resolverse en otro ámbito judicial que no sea penal.

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Los ataques contra la casa de Sánchez de Bustamante 252 tomaron estado público el pasado 15 de febrero. Esa madrugada arrojaron una molotov que no alcanzó a estallar pero incendió el césped del patio delantero. Entonces Martina, una de las hijas de la familia que vive allí, contó a los medios que ese había sido el cuarto atentado en una semana por parte de dos hombres en moto.

>>Leer más: Denunció que le tiraron cinco veces bombas Molotov para obligarla a abandonar su casa

El primero había sido el 10 de febrero cuando arrojaron contra el portón un cascote que hizo estallar vidrios. Las víctimas se asomaron y hallaron una piedra envuelta en un papel escrito a mano que decía: “24 horas te quedan”. Sobre las 0.15 del 12 de febrero tiraron un ladrillo contra el mismo portón, dos noches más tarde una botella de cerveza vacía y al día siguiente la molotov.

Ante los medios Martina especuló que podía tratarse de alguna banda criminal que quería usurpar la casa. Y por qué no pensar algo así en una ciudad donde todos los días trascienden casos en todos los barrios sobre amedrentamientos y balaceras contra viviendas, muchas veces mortales, por parte de delincuentes que buscan quedarse con propiedades para instalar kioscos de droga o bien ocuparlas y luego venderlas.

Una "solución" a un "problema"

Sin embargo la historia oculta detrás de este aparente —o simulado— apriete mafioso comenzaría a develarse tres días después en un hecho que, más allá de ciertos ribetes bizarros, para la Justicia fue una intimidación. La mañana del jueves 18 dos hombres llegaron a la casa y dejaron un papel con un mensaje: “Este es el número de Amparo, quiere la casa ya que ustedes tienen problemas”.

Minutos después llegaron cinco personas, entre ellas Amparo, la mujer de 90 años que aparece como dueña original de la casa. Al parecer los recién llegados habían llamado a la policía para denunciar que había una casa usurpada y exigían que la devolvieran a su dueña. La situación también motivó un llamado al 911 desde el interior del inmueble y los policías quedaron como mediadores del entredicho.

Consta en un acta de la Policía de Acción Táctica (PAT) que Amparo les contó que la vivienda era de ella y que hace unos diez años se la había prestado a su sobrino para que la habitara pero éste ahora no quería devolvérsela. Los policías le preguntaron si tenía algún documento que avalara sus dichos, la señora respondió que no.

>>Leer más: Detenidos por dejar un cartel amenazante frente a la casa donde tiraron bombas molotov

Los uniformados tocaron el timbre y Martina les contó que habían escuchado gritos en la puerta y eso atemorizó a su familia porque hacía unos días que les estaban tirando piedras, botellas y hasta una molotov contra la casa. La joven dijo que una de las señoras que estaba afuera “decía que esta es su casa” pero aclaró que ella vivía allí desde hace 24 años con sus padres. También les contó que la vivienda estaba en terrenos fiscales. Tampoco pudo mostrarle a los efectivos documento alguno sobre la propiedad de la casa.

En ese marco los moradores de la casa sindicaron a uno de los recién llegados como muy parecido a uno de los que habían atentado los días previos. El fiscal Socca ordenó detener a cinco personas, secuestrar sus celulares y los tres vehículos en los que habían llegado. Horas después Amparo fue liberada y luego las otras dos mujeres. Finalmente sólo imputaron a los dos hombres, luego liberados bajo fianza y reglas de conducta.

Nada nuevo

De las entrevistas tomadas dentro y fuera de la casa, el fiscal pudo detectar un conflicto que no era una amenaza narco ni tampoco una novedad. Por un lado Rubén, quien desde hace unos 25 años vive en esa casa con su esposa y tres hijos, admitió en su testimonio que una de las mujeres que se habían juntado frente a su casa para reclamar era su tía Amparo.

La repercusión del incidente en los medios y su rebote en redes sociales ofreció elementos que la investigación tomó en cuenta. Un usuario de Facebook pedía contar “la verdad” y llamaba “usurpadores” a los habitantes de la casa. “La casa es de doña Amparo, una señora mayor que está en la calle. Esta gente abusó de su confianza y le usurparon la casa. Ella es la única desprotegida de esta historia, la verdadera dueña de la casa, que está en la calle”, escribió.

También se adjuntó una captura de pantalla del Facebook de Germán R., que expresó: “Esa casa es de mi abuela. La gente que vive ahora se la usurpó”, sostuvo al pedir que la Justicia los investigue. “Son todos unos garcas sin vergüenza, pregunten en la zona quién es doña Amparo”.

Por su parte, la familia que vive en la casa presentó ante la Justicia documentación que acredita que están radicados allí por lo menos desde 1997; desde una partida de nacimiento de uno de los hijos hasta fotos que muestran a la familia viviendo en la casa con los hijos pequeños, incluso boletines de calificaciones de cuando iban a la escuela y figuraban domiciliados allí.

>>Leer más: Imputados y liberados por cinco intimidaciones para que una familia deje su casa

Pero además aportaron muestras sobre un violento incidente ocurrido 13 años atrás que demuestra la antigüedad del conflicto. Una denuncia del 31 de julio de 2008 en la comisaría 11ª donde la esposa de Rubén contó que desde hacía unos 13 años vivía con su familia en esa casa que era de la tía de su marido, quien se la había dejado sin celebrar documentación. La mujer radicó la denuncia luego de que un día antes se presentaran Germán R. y Gladis M. —nieto e hija de Amparo— “muy alterados a reclamar la propiedad”. La denuncia dio cuenta de amenazas que incluían tumbar el portón y la casa con un camión, entre otras cosas.

Un día después la mujer volvió a la 11ª a denunciar que varias personas habían ido a su casa en un “camión tipo flete para ingresar, romper la pared y la puerta, y acceder a un terreno fiscal que está detrás de mi casa” ya que el predio no tenía otro acceso. La mujer afirmó conocer a esas personas porque eran parientes de su marido y que, luego de que los vecinos llamaran a la policía, tres horas más tarde se fueron profiriendo amenazas.

Simulación

Los aportes de ambos grupos en conflicto terminaron de perfilar para el fiscal Socca una teoría que, según su criterio, no encontraría su mejor abordaje desde la Justicia penal. Descartadas las amenazas de una banda criminal para una usurpación en esta nueva normalidad rosarina, el fiscal se terminó topando con un viejo conflicto en torno a una casa que no tiene papeles por estar en terrenos fiscales.

“Esta familia hizo su vida en esta casa que es de esa señora pero está en un terreno que no es de nadie. Ahora parece que un nieto de Amparo la quiere recuperar y empezaron con esta estrategia de ataques y amedrentamientos uno atrás de otro para terminar pegando el último cartel que dice «comunicate con Amparo porque sabemos que tenés problemas»”, señaló el fiscal; sorprendido por el escenario de apriete mafioso que se montó con piedrazos, botellazos y hasta la molotov, con sus correspondientes cartelitos amenazantes, para terminar “ofreciendo una solución” acercando el teléfono de Amparo, supuestamente interesada en la casa.

“Crearon un escenario de temor en las víctimas para ver si les daban la casa que ellos reclaman como de Amparo”, resumió Socca quien al darse cuenta de que no estaba ante una banda de criminales como las que suele perseguir resolvió liberar a todos los detenidos con la esperanza de que encuentren otra forma de dirimir sus conflictos.

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