POLICIALES

Un abogado acusado de estafas ofreció 2 millones y medio de pesos para reparar a las víctimas

Pedro Juan Chía está acusado de integrar una banda que vendía viviendas usurpadas. Le dieron prisión domiciliaria por cuestiones de salud

Miércoles 21 de Abril de 2021

Un abogado acusado de ser parte de una organización que cometía estafas con la venta de casas usurpadas quedó ayer en prisión domiciliaria tras ofrecer una reparación de dos millones y medio de pesos a las víctimas. Se trata de Pedro Juan Chía, quien pasó de estar acusado como organizador de una asociación ilícita a quedar implicado en el carácter de miembro. El profesional seguirá ligado a la causa bajo arresto en su domicilio porque padece una enfermedad crónica que no puede ser tratada en la cárcel.

La medida fue dispuesta por el juez Gustavo Pérez de Urrechu. Fue en una audiencia de revisión de la medida cautelar que pesaba sobre Chía desde enero. Entonces cayó una banda con siete acusados _entre ellos dos policías_ por la comercialización de viviendas que previamente habían sido usurpadas o por algún motivo no podían escriturarse. El abogado fue apresado como quien daba “apariencia de legalidad” a las operaciones inmobiliarias en su estudio jurídico de Pellegrini y Balcarce.

Si bien primero fue acusado como organizador de una asociación ilícita, la fiscal Valeria Haurigot readecuó esta mañana la imputación al rol de miembro, que prevé menor pena. Es que en una revisión de la evidencia se evaluó que quien ejecutaba la mayoría de las operaciones y llevaba voz de mando del grupo era Miguel Angel Herrera, sindicado como jefe de la banda y quien se encuentra prófugo.

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En la audiencia el juez instó a las partes a buscar una salida alternativa al conflicto que evite la prolongación del trámite hacia el juicio oral y “en pos de la reparación del daño”. En esa línea, Chía ofreció en la audiencia una suma de 2.500.000 pesos en concepto de reparación más las costas del proceso. El ofrecimiento fue aceptado por las víctimas. El dinero se repartiría de manera proporcional a la suma invertida por cada uno de los damnificados en caso de acordarse pena en un trámite abreviado.

En la audiencia se dispuso además la prisión domiciliaria de Chía con la designación de un familiar como garante. En un planteo conjunto con la defensa, la fiscal explicó que padece diabetes y es insulino dependiente, una condición que no puede ser tratada bajo la órbita del Servicio Penitenciario por carencia de tiras reactivas para medición de glucosa. El juez dispuso que el acusado deberá informar de cualquier salida programada por razones médicas, siempre acompañando los certificados correspondientes. Y ordenó además que la detención sea acompañada de controles aleatorios de la comisaría de la zona.

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La investigación a la organización comenzó en septiembre del año pasado, cuando balearon el frente de una casa de Fraga al 700 bis, en Empalme Graneros, y en el atentado resultó herida una nena de 11 años. Los padres, un matrimonio boliviano, contaron a los policías que le habían comprado la vivienda por 1.400.000 pesos a un gestor de nombre Miguel Ángel de quien mostraron una foto. Esto condujo a una organización muy ramificada que según la Fiscalía se dedicaba a obtener ingresos millonarios a partir de usurpar viviendas o apropiarlas mediante la adulteración de documentación pública o privada.

Al abogado Chía lo acusaron de haber otorgado apariencia de legalidad a las operaciones inmobiliarias que se cerraban en su despacho de Pellegrini y Balcarce, adonde los compradores acudían a cerrar las transacciones. Según la acusación, un falso gestor se encargaba de hacer certificar firmas de los boletos de compraventa y de cesiones de derechos fraudulentos por medio de escribanos públicos. En su descargo al ser imputado, Chía dijo que fue un simple asesor. Y opinó que siempre que exista posesión de una vivienda _aunque el titular actúe con buena o mala fe_ la venta es viable.

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El grupo fue acusado por seis hechos de estafa. El último fue por la venta engañosa de un departamento de Rouillón al 1200 a un gendarme que, enterado del fraude, se presentó en febrero en el estudio de Chía, cuando el abogado ya estaba detenido. Primero exigió 8 mil dólares o de lo contrario exhibiría videos comprometedores. Al día siguiente se presentó con un arma. Y al investigarse la situación se detectó que había sido damnificado con una transacción inmobiliaria de octubre pasado por la que pagó 200 dólares y 910 mil pesos.

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