La acusación más complicada recae sobre dos policías de Asuntos Internos, Pablo Síscaro y Daniel Escobar, que el 4 de noviembre de 2014, cuando ya se sabía el destino trágico de Franco Casco, fueron por orden del fiscal provincial Guillermo Apanowicz a tomar declaración a los presos de la comisaría 7ª . Tres de esos presos señalaron tiempo después a los fiscales federales que les habían dicho a los efectivos de AI haber oído gritos de Franco Casco cuando estaba detenido en el penal de la 7ª y que estos no lo plasmaron en el acta.

El fiscal federal Degiovanni utiliza esos dichos de los detenidos para acreditar el encubrimiento de AI. "Esto entra en contradicción flagrante con lo que dicen los policías Síscaro y Escobar que indican que nadie les dijo nada", dice José Alcácer, defensor de los policías de AI. "En la indagatoria Síscaro y Escobar señalan que de haber recibido esos dichos habrían levantado un acta y habrían avisado al fiscal. Destacaron no tener ningún compromiso con la 7ª. Pero además por esa contradicción no saldada ponen presos a los dos de AI que tomaban las declaraciones y a otros tres que no estuvieron allí", dijo Alcácer.

Discordancias

Alcácer también destaca que los detenidos manifiestan una intención de decir que no habían escuchado nada por miedo a represalias. "Incluso aducen que un delegado de apellido Irusta, preso que es un ex policía, había dicho que si alguien decía algo iba él mismo a contárselo a los policías. Por lo tanto cabe preguntar si no hubo un error en el modo que la fiscalía ordenó tomar esas declaraciones. Deberían haber sido tomadas fuera de la comisaría", dijo el defensor. "Además el fiscal acusa a mis defendidos de que alteraron los dichos de los detenidos cuando estos mismos afirman que no iban a decir nada", alegó.