La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) objetó el traslado de presos a la flamante Unidad Penitenciaria Nº 16, recientemente inaugurada en el límite entre Rosario y Pérez, por considerar que “se vulneraron derechos de los detenidos”. Es que, según la ONG, los reclusos fueron llevados desde el penal de Coronda y comisarías rosarinas hasta el nuevo presidio “sin que se tuviera en cuenta posibles problemas de convivencia” en su nuevo alojamiento. Además criticó que muchos de esos presos fueron llevados sin que se les haya avisado previamente a sus abogados y a sus familiares.
El informe recuerda que hace más de un año, en el marco de un hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia, se acordó reducir el número de presos en comisarías. Para poder cumplir con ello, según la CTC, el gobierno “solicitó plazo para concluir la construcción de un nuevo penal” que finalmente se inauguró la semana pasada en Pérez.
“Hoy nos presentan como un logro la reducción de las personas privadas de libertad en comisarías de Rosario. Pero lo cierto es que para ello, sin justificativo alguno, se avasallaron los derechos básicos de quienes están privados de la libertad y también de sus familiares”, sostiene el comunicado de la entidad. Y explica: “Se movilizó gran cantidad de detenidos desde la cárcel de Coronda hacia la nueva unidad penitenciaria y desde las comisarías de Rosario a Coronda y al nuevo penal. Atento la cantidad de personas que se movieron, no se trabajó la posibilidad de conflictos interpersonales, tomando como única medida mantener a las personas encerradas en sus celdas sin justificativo valido alguno. Ante tamaña improvisación, se debió suspender la visita del fin de semana negando a los familiares la posibilidad de ver a sus hijos, esposos, padres, y constatar que se encontraran bien”.
La CTC objetó que los presos que estaban alojados en comisarías “fueron llevados con lo puesto” y que “no se les avisó a sus familiares de los traslados”.
Contradicción. Para la CTC una medida “que debió ser paulatina, consensuada y supervisada” por el Poder Judicial y por la defensa pública “se realizó sin control alguno, violentando los derechos básicos” de los presos y “extendiendo la pena a sus familiares, en franca contradicción con normas básicas de los tratados de derechos humanos”.
En ese marco, la CTC advirtió que solicitó recursos de hábeas corpus para “evitar el agravamiento de las condiciones de detención, que significan el corte de las visitas y el encierro prolongado en la celda”.
Lilian Echegoy, representante de la CTC, dijo a La Capital que el jueves realizaron una visita a los pabellones del penal para interiorizarse de la situación de los detenidos, conocer las instalaciones y detectar posibles inconvenientes. En ese sentido supieron que “hay dos presos por celdas cuando deberían ser individuales, lo que genera problemas de convivencia” y “ya hubo demandas de detenidos con problemas de salud”, aunque reconoció que el Director de Servicio Penitenciario se comprometió a “buscar soluciones rápidamente”.
