Parte de los bienes de Andrés "Pillín" Bracamonte, el exjefe de la barra brava de Rosario Central asesinado en noviembre de 2024, fueron decomisados por la Justicia federal en una causa que investiga el origen ilícito de su patrimonio. En esta ocasión se ordenó el secuestro de una camioneta, un inmueble y la participación societaria de Pillín en seis firmas comerciales.

La medida se tomó después de una serie de allanamientos realizados a fines de septiembre en Rosario y localidades vecinas en los que Gendarmería secuestró once vehículos, ocho relojes Rolex, casi cinco millones de pesos, un arma y documentación. En paralelo, los fiscales federales habían solicitado embargos preventivos por hasta 600 millones de pesos sobre otros bienes vinculados con familiares y allegados de Bracamonte.

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Con más de un conflicto encima, el histórico jefe de la barra canalla fue asesinado a balazos junto a su mano derecha Daniel “Rana” Attardo el 9 de noviembre de 2024. Por el doble crimen hay imputados por su presunta participación en la logística del ataque, mientras la investigación continúa sin determinar quiénes fueron los autores materiales y quién ordenó el asesinato.

Decomiso de bienes

La resolución del 22 de octubre fue dictada por el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, en el expediente por lavado de activos. El magistrado hizo lugar al pedido formulado por los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, respaldado por la Unidad de Información Financiera (UIF).

El decomiso comprende una camioneta Ford Ranger, dominio NMM 269; un inmueble ubicado en Álvarez Thomas 1870, en Rosario, y las participaciones societarias que Bracamonte tenía en ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL. La medida recae sobre las participaciones del exbarrabrava en esas firmas, no sobre la totalidad de las empresas.

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El juez aplicó el mecanismo de decomiso sin condena penal, previsto para determinadas circunstancias en las que se acredita el origen ilícito de los bienes y el imputado falleció antes de que pudiera concluir el proceso. En el expediente también intervino una defensora de menores en representación de sus herederos menores de edad. La resolución dejó asentado que no se habían presentado planteos de su parte.

Extorsiones y dinero

La medida de este martes se desprende de una investigación patrimonial que comenzó en 2020 en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Un allanamiento en el country Los Álamos, en Ibarlucea, realizado originalmente en el marco de otra causa, permitió encontrar dinero en efectivo, cheques, documentación societaria y un contrato de alquiler vinculado con Bracamonte. Ese material dio origen a una pesquisa por presunto lavado de activos y los investigadores advirtieron conexiones con distintas empresas de servicios. En esa causa también quedó involucrado Carlos Vergara, entonces titular de Uocra Rosario.

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En mayo de ese 2023 un delegado gremial del sindicato, con funciones en San Lorenzo, presentó una denuncia que involucró a ambos investigados: contó que Pillín apareció sin aviso ni invitación a un almuerzo que Vergara había organizado en un bar. El denunciante aseguró que Pillín primero lo miró fijo "todo el tiempo" y luego lo siguió hasta el baño para decirle que se iba a a quedar con la delegación sanlorencina del gremio. En noviembre de ese año el sindicalista y el barrabrava fueron detenidos e imputados como presuntos jefes de una asociación ilícita vinculada con extorsiones a constructoras.

La hipótesis de aquella acusación provincial sostuvo que una estructura integrada por el Pillín, Vergara y otras personas presionaba a empresas constructoras del cordón industrial para que contrataran servicios de baños químicos y viandas provistos por firmas vinculadas con los acusados. También se exigían pagos por supuestos certificados de libre deuda sindical y la contratación de trabajadores que no cumplían tareas efectivas.

Cuestión de fueros

La investigación por lavado derivó en un cruce entre la Justicia provincial y la federal: luego de distintas resoluciones contradictorias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en diciembre de 2025 que la pesquisa por lavado debía tramitar en el fuero federal, al considerar que se trataba de un delito autónomo. En agosto de 2026 se delimitaron las competencias: la Justicia federal quedó a cargo del lavado de activos, mientras que las acusaciones por asociación ilícita, extorsiones y otras maniobras continuaron en la órbita provincial.

Para los fiscales federales la muerte de Bracamonte no significó el fin de la estructura económica investigada, sino un cambio en la administración de los bienes. Uno de los movimientos que señalaron fue la inscripción de una camioneta Toyota Hilux a nombre de su última pareja, Agustina Diale, apenas 16 días después del crimen. También detectaron que ATE Servicios Integrales SRL dejó su sede en Capitán Bermúdez a comienzos de 2025 y se trasladó a San Lorenzo, donde actualmente funciona bajo la gestión de Diale.

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Los investigadores también pusieron la lupa sobre la situación de vehículos e inmuebles que estaban registrados a nombre de familiares y allegados. Un pedido de embargo preventivo alcanzó a 19 vehículos, entre ellos un BMW M2, un Volkswagen Scirocco, una moto Yamaha R1, cuatro camionetas Volkswagen Amarok y un Mini Cooper. También comprendió inmuebles vinculados con el entorno familiar, además de una moto de agua y cuatro licencias de taxi sobre las que se solicitó una prohibición de innovar. Esas medidas deben distinguirse del decomiso ya dispuesto sobre los bienes que seguían a nombre de Bracamonte: los embargos buscan preservar activos mientras se investiga su titularidad real y su eventual origen ilícito.

El crimen de Pillín Bracamonte

Bracamonte y Attardo fueron asesinados el 9 de noviembre de 2024, después del partido entre Rosario Central y San Lorenzo en el Gigante de Arroyito. Ambos se desplazaban en una camioneta Chevrolet S10 cuando fueron emboscados en inmediaciones de bulevar Avellaneda y Reconquista. El ataque, cometido a pocas cuadras del estadio, abrió una investigación para reconstruir la mecánica del doble homicidio e identificar a quienes participaron en la planificación y ejecución.

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Entre los imputados por el hecho aparecen Alejandro “Cani” Zamudio y Alejandro Roberto Vázquez, señalados por su presunta participación en la logística del ataque. En julio de 2026 también fue imputado Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez, hermano de Alejandro, acusado de haber intervenido en el plan criminal. La hipótesis fiscal sostiene que los atacantes contaron con apoyo para llegar al lugar y escapar después de los disparos. La investigación también avanzó sobre conductas posteriores al doble crimen, entre ellas el presunto robo de pertenencias de las víctimas.

Varios de los imputados están relacionados a la marca criminal Los Menores, fenómeno en crecimiento desde 2023 que busca monopolizar en la región negocios ilícitos como la venta de drogas y el juego clandestino. Ámbitos en los que Pillín no solo tenía contactos sino también influencias. En paralelo los movimientos en el paravalanchas canalla aparecen como consecuencia del asesinato de su histórico líder, pero todavía con interrogantes acerca del móvil, la instigación y la ejecución del crimen.