El bochazo masivo que se registró en el examen para cubrir cargos de fiscales en cuatro de las cinco regiones santafesinas motivó la reacción de la Asociación de Fiscales de la provincia, que ayer salió a repudiar "enfáticamente aquellas manifestaciones públicas que ponen en duda la eficiencia y capacidad de los fiscales adjuntos que rindieron la prueba" sin los resultados esperados. A través de un comunicado plantearon que hubo deficiencias en el modelo de evaluación "única, breve y escrita" que "en modo alguno respetó la esencia argumental y controversial propia del cargo al que se aspira".

Así se expresó el cuerpo de funcionarios nucleados en la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe tras la difusión pública de los resultados de los exámenes. Sólo 4 de los 316 candidatos para cubrir vacantes obtuvieron la calificación de "superó ampliamente las pautas de evaluación" —uno de los requisitos para ocupar el cargo— mientras que otros 27 sólo las "superaron". Muchos de los evaluados se desempeñan como fiscales adjuntos. De 19 adjuntos que se presentaron en Rosario, 16 no superaron el examen.

Sobre ese punto la Asociación que los nuclea planteó ayer que "resulta realmente preocupante y decepcionante que se cuestione la idoneidad de los funcionarios públicos en sus respectivos cargos, por no haber ajustado sus opiniones jurídicas a la de un jurado compuesto por tres miembros".

Agrega que "los fiscales adjuntos fueron elegidos mediante concursos de antecedentes y oposición que fueron merituados y publicados, nombrados con acuerdo legislativo, ejercen su función con transparencia y asumen una responsabilidad mayor a la que su cargo les consigna. Ejercen funciones de titular siendo adjuntos".

El comunicado cuestiona la modalidad de evaluación, que consistió en un cuestionario de opciones múltiples. Para los fiscales, la prueba debe diseñarse con "conocimientos técnicos y específicos" y no ser "un mero filtrado de postulantes o un modo rápido de corrección".

Ante la controversia pública los fiscales objetaron "la liviandad con la que se pone en duda la formación académica, la experiencia y la carrera profesional de un funcionario" y reclamaron "la realización de concursos serios y transparentes, con estándares de exigencia altos y adecuados a las funciones del cargo".