"Tiene que haber un gobierno de la policía que sea civil, fuerte y estricto"

—Cuando llegaron a Rosario las fuerzas federales, el miércoles 9 de abril, hubo expresiones unánimes de alivio en los barrios. La contracara de esas expresiones es la desconfianza notoria hacia la policía provincial. ¿Cómo puede analizarse ese descrédito público?

— El descrédito de la institución policial es una construcción que no se puede ceñir a un acontecimiento. Uno debería pensar estos hechos, al igual que si pensamos en el alza de homicidios en Rosario, como procesos de largo plazo. La desaprobación policial se vincula a una acumulación de fracasos específicos en el control de los ilícitos y el aumento exponencial de las tasas de delito en las últimas décadas en nuestra provincia. Pero esto no es algo que sucedió hace dos, tres o cinco años, sino resultado de un prolongado trámite. Una gran deuda de los gobiernos democráticos de todo el país, de todas las índoles políticas, es no haber avanzado seriamente en políticas activas para generar un control civil inequívoco sobre las instituciones policiales. La relación entre ciudadanía y policía, por otra parte, siempre fue de tensión. Esa visión romántica del policía amigo que cuidaba a la gente como paraíso perdido al que hay que volver tiene poco de realidad. En la última dictadura en Argentina quien operativizó el crudo plan represor fue la policía. Y en las idiosincracias de todas las policías provinciales está esa herencia.

— ¿Cómo opera este factor cuando el tema de inseguridad monopoliza la atención pública?

— Un problema digno de ser meditado es justamente la creciente presencia de la inseguridad en las agendas públicas y en términos electorales. ¿Qué han hecho los gobiernos desde el 83 para hacer frente a este problema? En general han generado estructuras administrativas como el Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Hacer eso implica que ya se le dio una entidad relevante y distinta a la atribución de la política frente al delito. Esa acción implica salir de las respuestas conocidas, que pasaban por hacer cambios en el sistema penal típico: policía, justicia o prisiones. Al crear el Ministerio de Seguridad, un órgano con poder político para gobernar un problema, se crea una expectativa social nueva, que se escinde del sistema penal tradicional.

— En diciembre hubo un levantamiento policial que dejó sin seguridad a la provincia cuatro días, hay jefes de la policía investigados por su patrimonio, 13 policías procesados como cómplices de una banda narco. ¿Esos actos suponen un quiebre en el vínculo comunitario hacia la policía?

— Lo que hacen estos hechos es extremar un descrédito que se ha venido acumulando. En este sentido creo que lo que estaba oculto se hace visible y exacerba la desconfianza. Esto lo que ha hecho es acelerar ese proceso de quiebre y hacer inevitable la emergencia de un cambio institucional.

— ¿Qué piensa de la reforma policial anunciada en Santa Fe?

— Creo que algunas líneas de acción transformadora empiezan tímidamente a tomar forma con algunos resultados no tan visibles. Lo que es obvio es que esas transformaciones no se operan de la noche a la mañana. Lo que percibo como riesgoso es que para darle respuesta al problema se reproducen a veces históricas demandas de la propia policía. Entonces se enuncia que hay procesos de formación y capacitación para policías, que se están aportado los instrumentos para hacer frente al delito (como equipamiento, pertrechos y patrulleros) Ahora, ¿quién elabora el diagnóstico de lo que hace falta? La policía conserva la capacidad de generar la idea de dónde están los problemas y las supuestas soluciones para la seguridad pública. Ahí tenemos un problema, un llamado de atención respecto a quién elabora los cursos de acción en términos de capacidad estatal para actuar contra la criminalidad.

— ¿Y por dónde ir entonces en un proceso de reforma?

— La transformación requiere generar capacidades estatales con experiencia acumulada. Si no se tiene esa destreza y experiencia las soluciones de los problemas la propone la voz policial. Si se creó el Ministerio de Seguridad hay que dotarlo de experticia e idoneidad para no repetir viejas recetas.

— ¿Y cómo se hace? Bonfatti suele decir que no se pueden elegir policías expertos y distintos en una góndola de supermercado.

— Sí, claro, tiene razón. Esto implica pensar un proceso. El talón de Aquiles de los procesos de reforma es que nacen atados a urgencias de coyuntura. Y que para tener éxito tienen que surgir como políticas de Estado, que trasciendan mezquindades políticas y gobiernos de turno. Debe pensarse desde el inicio una marcada transformación en el proceso de formación de los policías. Aquí se creó el Instituto de Seguridad Pública (Isep), pero basta con hacer un recorrido por quienes ocuparon la conducción en estos años para saber que los policías siguen formándose a sí mismos. Ahí hay una línea de acción clara. Entretanto tiene que haber un gobierno de la institución policial que sea civil, fuerte y estricto.

— ¿Qué opina de que el proyecto de Policía Judicial haya sido vetado y reformulado por el gobernador y que la Policía de Investigaciones esté bajo la órbita del Ejecutivo?

— La pregunta alude a un claro e infrecuente caso donde se logró un proyecto de ley con adhesión unánime. No hay en este campo ejemplos de algo así en el pasado. Una condición básica y necesaria para construir una política de Estado, que era el consenso total de la representación legislativa, el Ejecutivo lo veta. Yo creo que en realidad ese veto genera un gran problema porque la investigación de los delitos sigue hegemonizada por la policía.

— ¿Lo ve como un problema o como un desatino político del gobernador?

— Creo que generó una condición negativa para este proceso. En Santa Fe siempre existió un autogobierno policial en el campo de la investigación. Los jueces lo único que hacían era delegar la investigación a la policía y esperar atrás del escritorio a que llegara un oficial con el sumario prevencional, con la estrategia de investigación y de recolección de pruebas, un proceso totalmente autónomo. El nuevo esquema penal habilita un tipo de intervención que rompe con esa autonomía, con los fiscales al mando de la investigación y en el seguimiento de esas investigaciones. Por el momento la Policía de Investigaciones está dando resultados, pero el problema que tiene es que sigue siendo un híbrido: la dependencia investigativa es del Ministerio Público Fiscal, pero la administrativa y financiera es del Poder Ejecutivo. Y no necesariamente las dos cabezas irán en la misma dirección. Es un punto débil de este nuevo cuerpo.

— ¿La policía santafesina es muy distinta de otras fuerzas?

— No. Cuando uno analiza las prácticas de la policía de Santa Fe en las urbes medianas o grandes no hay ninguna diferencia con la policía de Buenos Aires, de Córdoba o de Tucumán. Para los que hacen estudios sociales de la policía esa es una gran pregunta. ¿Cómo es que hablamos de la policía en singular para referirnos a cosas tan distintas como la policía de Guatemala, la de Holanda o la bonaerense? No obstante, hay determinadas prácticas que uno puede reconstruir como un hilo conductor entre esos tres cuerpos. Que tienen que ver con cómo se configura la institución como órgano de gestión ante la población y para sus instituciones. No creo que haya particularidades que hagan diferir a la policía santafesina de las de otras provincias.

— ¿Ni siquiera cuando aquí se están viendo reiteradas investigaciones por enriquecimiento patrimonial de oficiales superiores o un ex jefe provincial procesado y con prisión preventiva?

— Los que menciona son evidentemente hechos fuertes. Esos indicadores dan sentido al descrédito de la institución. Ahora bien: basta recordar la historia de policías de otras provincias argentinas para descubrir que esas situaciones no se han dado en otros contextos por el funcionamiento aceitado de los mecanismos de impunidad: ya sea por protección política o por protección judicial. No nos olvidemos, para usar un nombre emblemático, de Pedro Klodzyk (ex jefe de la policía bonaerense desplazado a partir del homicidio de José Luis Cabezas en 1997 que falleció sin ser investigado). La diferencia en este caso es porque, por factores muy diversos, ese entramado de impunidad en algún momento en esta provincia se ha roto y ha permitido coyunturalmente que estas cosas se ventilen en el sistema penal.