El espacio donde se conectan los barrios Tablada con villa del Tanque, villa Manuelita y el Fonavi Municipal es una franja de territorio palpitante y desapacible. En ese rectángulo de 20 cuadras por 10 del sudeste rosarino, el registro de violencia trepa como en ningún otro sitio. Allí se produjeron 16 asesinatos en lo que va del año. Es decir, el 14 por ciento del total de crímenes de todo el departamento Rosario en 2009.

El encarnizado choque a balazos que hace dos semanas provocó la muerte de Joel Alcaraz, que tenía 19 años y 12 orificios de bala en el cuerpo, y dejó inmóvil de la cintura para abajo a Iván Benavente, de 23 años, que recibió siete tiros, exhibe la forma más aparatosa de la violencia en la zona.

Lo que se advierte al compulsar los casos es que muchos de ellos se investigan deficientemente o no se investigan. A veces ni siquiera logran salir del círculo de sus protagonistas cercanos porque las instituciones que deben dar cuenta de ellos no los comunican. Eso muestra un costado ciego y muy serio del problema, porque el foco de violencia que mata y aterroriza a los vecinos se despliega a espaldas de la sociedad y con mínimo control estatal, lo que reproduce y amplifica sus riesgos.

El crimen de Alcaraz expone la problemática en su forma más descarnada. Por la tremenda violencia que lo desató, en una riña en la que se dispararon más de 30 balazos con armas de guerra. Porque demuestra la juventud de víctimas y victimarios, que tienen roles intercambiables. Porque suelen ocurrir en la vía pública, poniendo en peligro o cobrándose vidas de personas ajenas a la contienda. Porque muestra en la trayectoria de sus protagonistas, más allá del detonante particular, un sustrato donde se disputa el dominio de los circuitos del tráfico de drogas y los delitos contra la propiedad y la vida.

No se investiga. Pero un aspecto medular del conflicto, que en el caso de Alcaraz no se da, es la rudimentaria o a veces inexistente investigación policial o judicial de los casos.

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad de la provincia acaba de ordenar una compulsa de todos los crímenes en la zona para establecer cómo se pesquisaron. Las áreas de control de esa cartera advierten que la mayoría de los hechos no están esclarecidos.

No sólo eso. También se verifican notables diferencias en cómo se encarrilan los casos según intervengan las comisarías 11ª o 16ª, la sección Homicidios o cada juez de turno. Fuentes de la cartera de Seguridad señalaron a La Capital que se constató que las causas se orientan con parcialidad elocuente hacia una u otra pista según, a veces, qué oficial intervenga. Lo más grave: hay homicidios que se planchan. No llegan a la prensa ni se investigan. La sospecha fundada en el Ministerio es que eso ocurre porque hay compra de impunidad.

En muchos casos esa tolerancia se explica por el peso que tienen algunas facciones históricas del barrio y porque quienes quedan implicados en los crímenes están ligados a ellas.

Hay episodios más significativos que otros. En enero pasado mataron a Sebastián Galimany, de 21 años, en un caso arquetípico: dos víctimas muy jóvenes (un muerto y un herido grave, de 22 años), ataque muy cruento (ejecución en la calle y a quemarropa). Las menciones detalladas de un testigo privilegiado conducían hacia un allegado a alguien con poder en el barrio: un hijo adolescente de Roberto Pimpi Camino, ex líder de la barra brava de Newell’s, apodado Chamí. Hoy prófugo.

Sin embargo, pese a los notables y ricos detalles de un episodio brutal aportados por el testigo, un pibe de 22 años llamado Facundo S. que no dudó en ponerse en riesgo para ofrecer una pista que aclarara el hecho, no tuvieron ningún impulso en Tribunales. El expediente judicial no agregó nada al escueto sumario policial. Y eso se sabe en el Ministerio de Seguridad y en la Cámara Penal de Rosario.

En una barriada donde los factores de violencia son múltiples, la impunidad la alimenta. La Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad, a cargo de Gonzalo Armas, está por ello analizando cómo se investigó cada caso.

La policía aduce limitaciones. La Sección Homicidios, por ejemplo, tiene una dotación de una docena de efectivos, tres vehículos en estado lamentable y escasos medios para trabajar los 112 crímenes de 2009. Como sea, la mínima publicidad y la falta de esclarecimiento de tantos casos amplifica en el barrio la sensación de que las acciones de sicarios a cielo abierto pueden seguir porque el Estado no les fija límites.

Economías delictivas. Los 16 crímenes del año en la zona tienen diversos orígenes. Algunos son ajustes de cuentas por conflictos interpersonales, vecinales o familiares. Pero muchos derivan de disputas por control de la criminalidad o el tráfico de drogas. “Las acciones policiales exitosas contra cocinas de cocaína en el barrio tienen su costado crítico”, dice el secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font. “Implican una desestructuración de una economía delictiva que deja eslabones menores sin la actividad que le daba sustento material diario: el pequeño pasador se queda sin trabajo y eso vuelve en violencia”, indica.

Otro foco crítico se debe a la turbulencia que genera la desintegración de grupos violentos de barrabravas antes cohesionados en base al reparto de prebendas económicas que se cortaron cuando Pimpi perdió su poder en Newell’s. “Ahora esos actores buscan insertarse en otros circuitos”, dice Font.

Los que suelen quedar en el camino son las piezas menores de cadenas de criminalidad barrial más organizada. “Son formas complejas asentadas sobre un esquema histórico que viene de los 90 que destruyó el modelo del empleo como organizador de los lazos sociales. Salir de ello es complejo pero apuntamos a hacerlo con políticas del gabinete social”, dice Font, quien reconoce como preocupante, sin embargo, la baja performance de esclarecimiento de casos. Eso reproduce la idea de que cualquier violencia es reeditable en un barrio que no se acostumbra al terror cotidiano del silbido de las balas.