Andrés Gerardo Lamboy fue hasta 2007 director de South American Docks (Sadocks), depósito fiscal del barrio porteño de Barracas desde el que Mario Roberto Segovia exportó a México 525 kilos de efedrina en 2008. Por ello declaró como testigo —no estuvo imputado— en la causa en la que el "Rey de la Efedrina" fue condenado en 2012 a nueve años de prisión por contrabando. Ubicado en el barrio porteño de Barracas, Sadocks era propiedad de Rubén Alberto Galvarini, ex suegro de Lamboy que fue condenado a siete años de prisión.

Lamboy fue convocado como testigo en las causas 1.835 y en otra acumulada, la 1.909. En la primera se le adjudicó a Segovia el contrabando de 250 miligramos de aconitina y la tentativa del mismo delito por 500 miligramos de ricinina. En la causa 1909, la más resonante, se investigó el contrabando de 300 kilos de clorhidrato de efedrina y pseudoefedrina ocultos en 12 mil kilos de azúcar cuya destinataria sería una firma del Estado mexicano de Naucalpan. Esa mercadería fue acopiada en el depósito de Sadocks.

Según los registros, en su testimonio Lamboy dijo que fue yerno de Galvarini, que estuvo casado con su hija hasta 2008 cuando se divorció. Recordó que figuró como director de Sadocks hasta 2007 pero aclaró que nunca trabajó para esa firma, ya que aparecía como director sólo en los papeles y se limitaba a firmar actas de directorio.

Sobre los roles, describió que Galvarini era el responsable del depósito y que otro dueño era el imputado Jorge Gómez, importador y exportador que fue quien le propuso el negocio a Galvarini.

Sobre Segovia, Lamboy indicó que lo llamaba "Nicolás Mario" y recordó que trabajó en Sadocks hasta que se peleó con Gómez. Y señaló que la firma en cuestión nunca exportó mercadería propia dado que era un depósito fiscal.

En marzo de 2012 Segovia fue condenado a 9 años de prisión por un tribunal oral económico porteño por el contrabando a México. Y el 10 de agosto de ese mismo año un tribunal federal bonaerense lo sentenció a 14 años por traficar más de cuatro toneladas de esas sustancias en al menos 91 envíos, fallo ratificado en segunda instancia en 2016.

Los montos de las penas se unificaron y quedó como condena única la de 16 años de prisión, fallo confirmado el 13 de julio de este año por la Cámara de Casación.