“Soy el primer interesado en que esto se aclare y se termine de una vez por todas”,
afirmó ayer el director del Registro General de la Propiedad, Octavio Maino, con relación a la
investigación judicial de una millonaria estafa que se habría cometido mediante la venta de un
terreno ubicado en la zona sudoeste pese a estar inscripto en ese organismo como un bien litigioso.
El caso está en manos del juez de instrucción Juan José Pazos, quien
ordenó una serie medidas, entre las cuales estuvo una verificación de documentación en las oficinas
de la repartición y en dos escribanías del centro de Rosario.
Todo se originó con la denuncia de un hombre de 84 años, propietario de
un predio de 10 hectáreas situado en cercanías de Avellaneda y Uriburu. Esa porción de tierra,
según una valuación hecha por los apoderados del denunciante, tendrían un valor de unos cuatro
millones de pesos.
Ante la fiscal Rita Schiappa Pietra, el denunciante expuso que ese
terreno está registrado desde 2004 como un bien litigioso, es decir que no se puede disponer de él
para realizar operaciones comerciales, y que sin embargo fue vendido a una empresa de Rosario a
fines del año pasado mediante una escritura falsa en la que intervino una escribanía de Rosario y
que se registró con complicidad de empleados del Registro de la Propiedad.
La denuncia recayó en el juzgado de Instrucción 8ª a cargo de Pazos,
quien ordenó un virtual allanamiento a las oficinas de calle Urquiza al 1100 y una medida similar
en dos escribanías de Rosario. El director del Registro Rosario, Octavio Maino, confirmó el
procedimiento judicial en esa dependencia, pero aclaró que no fue un allanamiento.
La medida. “Se presentó el secretario del juez. Estuvimos reunidos y se llevó
fotocopias de los distintos documentos que necesitaba para el avance de la investigación judicial.
Lo que no pudo copiar quedó depositado en el registro a buen resguardo”, remarcó.
“Nosotros somos los primeros interesados en que esto se aclare. No
vamos a dudar en abrir sumarios a quien corresponda, pero primero tenemos que esperar que avance la
investigación judicial”, señaló Maino, quien se desempeña como funcionario del Registro desde
1984.
“Tengo que salir a hacer esta aclaración en nombre de más del 95
por ciento de mis compañeros, que son gente honesta y responsable. Tal vez sea cierto que haya
alguien de adentro metido en todo esto, pero no podemos apuntar al bulto, aún no tengo elementos
para imputar a alguien”, dijo a este diario, a lo que agregó: “Hemos entregado toda la
documentación que pidió el juez y mañana (por hoy) voy a elevar un informe por escrito al
subsecretario de Justicia, que es mi superior inmediato, y a la Fiscalía de Estado”.
La historia que derivó en la investigación penal arrancó en 1999. Tal
como lo adelantó La Capital en su edición del sábado, ese año el denunciante adquirió un
terreno en Avellaneda y Uriburu por un boleto de compraventa. Según contaron los asesores legales
de la víctima, la vendedora del predio se negó a escriturar, por lo que el hombre inscribió el bien
como litigioso para asegurar su derecho. Es decir que la propiedad aparecía a nombre de la mujer
pero la misma no podía disponer del mismo.
Así y todo, en el transcurso de este mes, el denunciante comprobó que el
predio había sido vendido y que su escritura había sido ingresada al Registro. l
