Policiales

"Sin que el Estado regule el mercado de droga será difícil bajar la violencia"

Mariana Souto Zabaleta es Doctora en Ciencias Sociales (Flacso) y coordinadora en prevención del narcotráfico del Instituto Latinoamericano en Seguridad y Democracia (Ilsed).

Miércoles 02 de Enero de 2019

Como especialista de políticas de drogas, Mariana Souto Zabaleta recupera una noción de la literatura especializada en esta problemática, la de números míticos, para cuestionar indicadores que se ofrecen como parámetro de eficacia contra el narcotráfico, que en realidad dicen muy poco, como cantidades de droga incautadas por las fuerzas de seguridad. También afirma que para moderar la violencia sería un paso adelante que el Estado se involucre en la regulación de la producción, venta y distribución de cannabis, dado que es el tipo de mercancía más requerida y con menores consumos problemáticos.

—¿Qué mirada oficial tiene hoy Argentina sobre el problema del narcotráfico?

—La mayoría de los países entienden que persiguiendo la comercialización o el consumo se desalienta la actividad criminal, porque se eleva el riesgo que tienen las organizaciones delictivas. En Argentina, lo que es un déficit que comparten la gestión anterior y la actual, se pone el énfasis en la persecución de todo el tráfico interno, es decir el ingreso de sustancias al país, y el desmantelamiento de bocas de expendio a nivel local. Esto acá no tiene mucho sentido. Sería esperable una mirada más inteligente que apunte a las cadenas de distribución. Hay un énfasis en lo represivo sin conocer bien cuál es la modalidad del tráfico en la Argentina. No hay en esto una tradición en investigación académica, como sí lo hay para los temas de prevención y consumo. Lo que más falta es evaluar si las políticas que tenemos generan algún tipo de impacto en los patrones de consumo, de violencia, de distribución o de criminalidad. Los datos que se manejan son las incautaciones en los que el gobierno hace hincapié, pero que no son para nada relevantes.

—¿Por qué?

—Incautar más o menos tiene sentido solo si podemos comparar eso con el volumen de sustancia que circula, que no está medido y es imposible de medir. También la incautación depende de la habilidad temporal de los grupos que se dedican a la comercialización. Lo que incautan las fuerzas de seguridad es lo visible. Fuera de lo visible están las acciones de grupos delictivos consolidados y lo que no se decomisa. La serie histórica de incautaciones muestra un indicador creciente año tras año. Pero desde 2000 también empiezan a crecer los mercados locales de consumo en América Latina. Además no importa solo cuánto incautas sino dónde lo haces. Si incautas a nivel de comercio minorista o en la frontera se les genera menor riesgo a las organizaciones. El narcomenudeo es pequeño en cantidad y al golpear ahí se castiga al último eslabón que es el más frágil. Lo que se decomisa en la frontera es fácilmente reemplazable, porque el mayor costo del producto se va adquiriendo en la cadena de distribución. Para que la incautación afecte a la organización criminal hay que hacerla en el lugar más importante. Más interesante como criterio de éxito puede ser hablar de organización criminal desbaratada. Pero cuidado aquí también, porque no importa cualquier banda, sino aquellas consolidadas en el territorio y en el tiempo, no que sean efímeras.

—Macri llegó al gobierno hablando de derrotar al narcotráfico y de la meta de una sociedad sin drogas. ¿Qué te sugiere este programa?

—Primero diría que la gestión del gobierno anterior no distaba mucho de estos planteos. También se focalizaba en las incautaciones. El mundo sin drogas es algo absolutamente irrealizable. En tanto las poblaciones de consumidores se mantienen estables o crecen lentamente, vas a tener grupos que se dediquen a satisfacer esa demanda, que es un hecho comercial. En ese espectro los consumidores de cannabis son los más importantes y, sin minimizarlo, sin consumos problemáticos. La comunidad internacional hoy habla de contener o reducir los daños y no de eliminar consumos. También hay sociedades que tienen una asociación muy fuerte entre droga y delito y allí las soluciones más razonables se tornan muy difíciles.

—¿Qué relación advertís entre la ilegalidad del mercado de drogas y la violencia?

—No hay estudios concluyentes que permitan definiciones firmes. En Argentina lo que se hace es analizar qué proporción de la población que comete delitos está asociada a consumos problemáticos. Pero no tenemos guarismos sobre cuántos cometen delitos de todos los que consumen en la sociedad, que sería el dato interesante. Tenemos violencia asociada al consumo, la violencia asociada a la comisión de delitos y la violencia asociada al propio mercado. Para el negocio del narcotraficante lo mejor es que no se genera violencia porque conspira contra un negocio ordenado. No hay evidencia empírica que permita enfatizar la magnitud de estas asociaciones. En el marco de estas políticas que se aplican de manera errada reposa una suposición que se llama la teoría de riesgos y precios, que sugiere que al incautar más se produce una afectación de mayor riesgo para los que comercian, un incremento en los precios y que esto de algún modo reduce la disponibilidad. Esta teoría ha sido muy cuestionada por la literatura especializada desde hace veinte años. La conclusión es que en mercados establecidos, como ya lo es el nuestro, un incremento en las medidas de control no produce este impacto en los precios ni tampoco una reducción en la disponibilidad de sustancias.

—¿Cual sería una política de drogas eficaz en el marco de la legislación actual?

——La que se concentre en la actividad de las cadenas de distribución. Hay autores que hablan de numeros miticos, ellos hablan como el control con incautaciones en zonas de frontera y en grandes centros urbanos termina siendo ineficaz, porque en ambos extremos el riesgo que se genera es mínimo por la capacidad de reemplazo que tiene la importación de sustancia y la distribución a venta minorista. La estrategia más inteligente es concentrarse en atacar la cadena de distribución, es decir, a las organizaciones que se dedican a abastecer los mercados locales de consumo, donde se genera el mayor valor agregado. Para mí la salida es la regulación de mercado, porque es la única forma en que el Estado toma efectivamente el control. No es una panacea, pero garantiza menor gasto de recursos en cuestiones que son ineficaces y mayor conocimiento del mercado que hoy no tenemos por su naturaleza clandestina.

—¿Qué eficacia tiene el modelo del combate contra la oferta de droga?

—— Brasil, México y Colombia, que optaron por el endurecimiento, solo sufrieron un mayor impacto en términos de la violencia que generan los mercados criminales. Mexico y Colombia, que impulsaron las mayores estrategias militarizadas, son los que piden cambio de política y que cada país pueda pensar una respuesta particular al narcotráfico desde lo local. El Estado debe tener una acción más inteligente, más reguladora y minimizadora del daño. No hablo del daño que produce la sustancia que se tiene que abordar desde la salud. Se trata de minimizar los riesgos del mercado, que es la violencia que genera la propia política represiva. No por azar países que tienen estos problemas, como México, piensan en políticas de despenalización para algunos consumos, o en la regulación del mercado de cannabis. ¿Perspectivas de soluciones? Que el estado regule la producción, venta y distribución. Empezar por el cannabis que es la sustancia más vendida y que origina menor cantidad de consumos problemáticos. Eso reduce gran parte del problema. Y sin llegar a eso, con la legislación actual, que se orienten las políticas represivas a eslabones más complejos, a cadenas de distribución y no a simples vendedores minoristas o transportistas como sucede hoy.


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