Policiales

Siguen presos policías y civiles que formaban una banda en V. G. Gálvez

Dictaron preventiva sin plazo a sus miembros. Robaron en viviendas y hasta en un banco en General Lagos, en mayo pasado. El juez aludió al grave daño causado a la comunidad.

Jueves 29 de Octubre de 2015

Cuatro policías y dos civiles acusados de integrar una asociación ilícita que tenía como base la subcomisaría 26º de Villa Gobernador Gálvez quedaron en prisión preventiva sin plazos acusados de cometer desde escruches a viviendas y comercios hasta robos a bancos, el más resonante ocurrido en General Lagos en mayo pasado. Por la gravedad de los delitos los responsables de la seccional también están imputados de cohecho, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario.
  Cuando el juez Gustavo Pérez de Urrechu al resolver ayer sobre el encierro de los imputados de integrar la banda mixta de policías y civiles hizo referencia al “daño muy importante” que esta criminalidad organizada provoca en la confianza de la comunidad.
  “Estamos hablando de la repercusión que tiene este tipo de delitos en el espíritu de la población, el sentimiento de intranquilidad pública dada por la mayor alarma y temor. Se trata de personal policial, lo cual lo agrava mucho más, no solamente hacia la sociedad, sino también al interior de la propia fuerza por el descreimiento que estamos teniendo como sociedad”, puntualizó el magistrado.

Tras las rejas. Quienes quedaron presos sin plazo son los policías Maximiliano Maldonado, jefe de la sub 26, su secretario, Juan Carlos Morgan, y Javier Eduardo Lanero y Fernando Rubin Acosta, estos últimos agentes de la policía provincial. Los civiles que corrieron idéntica suerte son Humberto Aguirre y David Berlari, mientras se sustancia la compleja investigación sobre las actividades delictivas de la banda, que ayer sumó un noveno imputado. En tanto se busca a otros tres prófugos (ver aparte).
  Una empleada policial acusada de integrar el grupo, Nara Rodas, ya fue imputada el lunes y quedó bajo arresto domiciliario porque cursa un embarazo de 7 meses y medio.    
  Las evidencias exhibidas en la sala el lunes pasado sostenían que este grupo concretó el robo de 148 mil pesos al Credicoop de General Lagos de hace cinco meses, el atraco a un depósito y a una casa en V.G. Gálvez.
  Para Pérez de Urrechu la banda, que tiene a otros dos imputados, obtuvo permanencia en el tiempo, en un contexto dedicado a fines criminales, desplegado en forma probable durante más de seis meses. El juez aceptó la teoría de los fiscales en relación a que de las comunicaciones interceptadas es claro que existía una asociación y cuales eran sus objetivos, con hechos que se concretaron y otros que no. Esto debido a que se logró frustrar con vigilancia otros robos que planeaban a sucursales de los bancos Columbia y de Santa Fe S.A).

Escuchas y evidencias. El juez consideró que la fiscalía exhibió buena evidencia respecto a los delitos atribuidos al grupo. Consideró que estaba fundamentada la acusación contra Aguirre en una entreadera en España al 5.500 de VGG y lo mismo para David Berlari. Los cargos se sostienen en escuchas, secuestro de elementos robados y fotografías.
  En los casos de los policías Maldonado y Morgan, para el juez está acreditada a través de videos y testimonios su participación y colaboración en el resto de los hechos. El rol de ambos, los fue facilitarla comisión de los delitos y luego provocar la impunidad.
  A Fernando Rubin Acosta, el policía que hacía adicionales con Lanero en Pérez, lo consideró un enlace para brindar inteligencia e impunidad. Tenía trato diario con Maldonado y Morgan.

Con jefe, metas y roles. El juez quedó convencido de que se conformó una asociación ilícita porque eso surge de las comunicaciones: allí se evidenciaba que existía un grupo con objetivos criminales y los roles de sus integrantes. “Surge acreditado por la jerarquía de Maldonado como jefe de la comisaría y Morgan como organizador a través de distintas evidencias, no solo por las llamadas sino por el testimonio de subalternos, que daban cuenta de como era su operatorio dentro de la comisaría, trato y permiso que se le daban a los presos, sino por las zonas liberadas para poder permitir el accionar de estas personas con las que interactuaban”.
 

Un miembro  acusado por un asesinato impresionante

Pedro Damián Leiva, alias “Orejón”, de 19 años, fue el joven detenido el martes acusado de integrar la banda mixta de policías y civiles. Pero en la audiencia imputativa que se celebró ayer en su contra, sorpresivamente a Orejón le endilgaron la autoría material de un crimen ocurrido en 3 de julio pasado a las 9.15, en Ospici 2329 de Villa Gobernador Gálvez. Hasta ese lugar llegó en una moto, que se describe como “Motomel negra 110 centímetros cúbicos”, junto a un cómplice, quien sacó un arma y obligó al dueño de casa a entregar dinero.
  Pero el vecino Alcides Cuevas, que advirtió los gritos, llegó corriendo a la casa para auxiliar a la víctima. Luego de que se produjera un forcejeó, Leiva según la acusación le descerrajó entre 8 y 9 disparos con una pistola calibre 9 milímetros a Cuevas, y escapó en la moto junto a otros dos muchachos.
  El caso sumó voces coincidentes de los testigos del hecho respecto al autor de los disparos: todos señalaban a “Damiancito” u “Orejón”. Se agregó la tarea de inteligencia, escuchas y allanamientos  con los cuales el fiscal Miguel Moreno lo acusó por el crimen de Cuevas. En su casa se encontró un cargador de pistola 9 milímetros, coincidente con las vainas y los proyectiles hallados en el cuerpo de la víctima.
  En la misma audiencia la fiscal Viviana O”Conell imputó a Orejón pertenecer a la asociación ilícita de policías y civiles. Y lo conectó a la banda porque su Motomel negra secuestrada en la casa al ser detenido fue identificada en videos, fotos y registros en el robo al banco Credicoop de General Lagos.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario

LAS MAS LEÍDAS