Siete personas, entre ellas dos escribanos y dos funcionarios jerárquicos, fueron procesadas por una millonaria estafa concretada en el Registro de la Propiedad con la venta de un terreno que no podía ser transferido porque estaba inscripto como un bien litigioso.

  La resolución fue adoptada por el juez de Instrucción Juan José Pazos a seis meses de la denuncia presentada por la víctima de la defraudación.

  Los acusados son el jefe de Certificaciones de Gravámenes del Registro; un abogado que es el tercero en la jerarquía del Registro; un empresario; un escribano jubilado y otro en actividad. También fueron procesados la mujer que aparecía como titular registral del inmueble y su hijo, quien actuó con un poder emitido por su madre.

  Todos ellos fueron acusados de tentativa de estafa aunque el jefe de Certificaciones y el escribano jubilado recibieron también la acusación por falsificación de instrumento público. La resolución no está firme y puede ser apelada.

  El juez Pazos hizo lugar a la acusación que había requerido la fiscal Rita Schiappapietra. Consideró acreditado que se intentó cometer una estafa con la venta de un terreno que no podía ser transferido y que esto no habría podido ocurrir sin la participaron de empleados del Registro. Además, entendió que se falsificaron documentos para concretar la operación.

La denuncia. El caso se concoió en febrero cuando el dueño de 10 hectáreas cercanas a Avellaneda y Uriburu, valuadas en unos 4 millones de dólares, hizo la denuncia. Dijo que había comprado el terreno en 1999 pero que, ante la negativa de la vendedora a escriturar, inició un juicio por incumplimiento contractual, daños y perjuicios.

  Para evitar su venta, en 2004 inscribió el terreno como bien litigioso, es decir que en el Registro siguió a nombre de la mujer, pero no se podía disponer de él para realizar operaciones comerciales.

  Sin embargo, a partir del llamado de una abogada solicitando que firmara una transferencia, el denunciante detectó que el terreno había sido vendido a fines de 2007. Así descubrió que el terreno estaba libre de embargos, que se había efectuado una escritura falsa y que la operación se asentó con complicidad de empleados del Registro, cuando legalmente eso no correspondía. En la escritura, el empresario ahora procesado aparecía como comprador.

  Al investigar el caso, el juez advirtió que los cinco folios del tomo donde el predio estaba anotado como bien litigioso habían desaparecido. También que la nueva escritura de venta del terreno se inscribió con una fecha anterior y se consignó que el predio estaba en el departamento Constitució y no en Rosario. También probó que desde el Registro se emitieron certificados sobre el estado de la propiedad que no quedaron asentados, lo que permitió que se registrara la nueva escritura. l