"¿Tiene lo que necesita el muchacho?", pregunta un hombre. "No tengo esa plata. Están filmados. Ahora voy a Tribunales. Todo esto está grabado, así que ustedes tienen un hoyo en el orto", responde su interlocutor. La transcripción de esa charla fue una de las evidencias que la Fiscalía desplegó ayer en Tribunales para acusar a seis policías del Comando Radioeléctrico de pedirle 400 mil pesos a familiares de Fernando "Andy" Caminos tras detenerlo como sospechoso del crimen de Carlos Juárez, ocurrido el 25 de diciembre. El joven, sobrino del asesinado ex líder de la barra de Newell's, sigue detenido por ese hecho.

El agente de 29 años sindicado como quien exigió el dinero, Livio M., quedó con prisión domiciliaria, también acusado de otros dos delitos violentos (ver aparte). Los otros cinco siguen el proceso en libertad.

Los involucrados en el caso conocido el martes a partir de la detención de Livio M. fueron acusados ayer por las fiscales Georgina Pairola y Karina Bartocci. El principal sospechoso, que llegó a la audiencia esposado, es representado por el abogado José Luis Giacometti, que también defiende a Julio C., de 29 años. En tanto, la defensora pública Marianela Di Ponte asesora a Germán B., de 31; Diego V., de 35; Jonatan G., de 23, y Pablo M., de 38.

Acta falsa

Pairola comenzó su acusación contrastando el acta del procedimiento que dejó constancia de la detención de Caminos, el 23 de enero de 2017 a las 14.30, con los datos que acopió en la investigación. En el acta se consignó que la detención se produjo en una arenera de Belgrano 4898 luego de una persecución de una moto con dos ocupantes que intentaron robarle a una mujer en Lamadrid al 100 bis pero, según la fiscal, "pudo acreditarse la falsedad de esa circunstancia".

Pairola detalló que tras ser detenido en Lamadrid al 100 bis Andy Caminos fue trasladado en uno de los móviles policiales hasta la arenera. Allí lo mantuvieron retenido cerca de media hora mientras, desde su propio teléfono, uno de los policías exigió a sus familiares la entrega de 400 mil pesos para liberarlo.

Además de demostrar el recorrido de los móviles mediante informes oficiales del GPS, lo que dejó constancia del tiempo de detención y circulación en cada lugar, y registros de cámaras de vigilancia de la zona que no tienen correlato con el parte policial, la fiscal exhibió la transcripción de las escuchas telefónicas como base de su imputación.

"Re locos"

En una de esas comunicaciones quedó en evidencia la maniobra. Según los registros que exhibió Pairola, a las 14.31 del mismo día Caminos se comunica con una mujer: "¿Qué onda?", le pregunta ella. "Nada, quieren 400", dice Andy. "¿400 qué, 400 mil?", duda la mujer. "Sí", ratifica el joven. "Están re locos", le replican del otro lado. "No. Ya lo quieren", dice Caminos. "¿Donde estás? ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Pará que lo llamo a Néstor y te vuelvo a llamar", finaliza la mujer.

En otra comunicación intervienen más personas: otra voz femenina y una segunda voz masculina que para la Fiscalía corresponde al agente del Comando Radioeléctrico Livio M. La mujer le pide a Caminos que le pase para hablar con alguno de ellos. "Hola ¿quién habla"?, pregunta ella. "A usted no le interesa", le responde un hombre, que luego dice: "Bueno, ¿tiene lo que necesita el muchacho?". La interlocutora responde: "Esa plata no la tengo".

En ese mismo llamado también se escucha la voz de un hombre que se dirige a los extorsionadores: "Están filmados por las cámaras. Y yo ahora me voy a Tribunales. Todo esto está grabado, así que ustedes tienen un hoyo en el orto. No está esa plata, cortá".

Movimientos

La fiscalía detalló minuto a minuto el movimiento de los móviles hasta que a las 15.06 los tres patrulleros involucrados llegan a la sede Jefatura en Ovidio Lagos al 5200 con el detenido, que pusieron a disposición de la Sección Judiciales. También se marcó una situación irregular sobre la persecución ya que, de haber existido como dijeron los uniformados, nunca se incautó la moto supuestamente abandonada por sus ocupantes. Tampoco se libró comunicación radial a jefes superiores apenas se detuvo a Caminos, que debió ser alojado en primera instancia en la seccional 11ª.

La fiscal encuadró la conducta de Livio M., Julio Cesar C., Pablo M., y Marcelo B. como "tentativa de extorsión, privación abusiva de la libertad agravada por violencia, amenazas y falsificación de instrumento público, en concurso real y en calidad de coautores y agravado por su condición de funcionario público. Y si bien a Diego V. y Jonatan G. les endilgó los mismos delitos, no los acusó de la falsificación de instrumento público ya que no rubricaron el acta.

Los policías escucharon atentamente la acusación y se abstuvieron de declarar. Y si bien los defensores optaron por no replicar la imputación tras argumentar que no habían tenido tiempo para observar el legajo, se opusieron en bloque a una medida de reconocimiento de voz que pidió la fiscal para completar las pericias que, sin embargo, el juez Carlos Leiva autorizó.

El magistrado se inclinó por aceptar la imputación tal cual fue formulada. "Hay datos que permiten interpretar que la hipótesis esbozada por la Fiscalía parece creíble", dijo Leiva, que le dio entidad sobre todo a las escuchas telefónicas.

Al resolver sobre la prisión preventiva, dijo luego a la prensa Bartocci, el juez accedió a un pedido de arresto domiciliario del defensor de Livio M., quien alegó que su esposa tiene una dolencia que requiere de cuidados. En tanto, los otros implicados seguirán el proceso en libertad. Asimismo, también confirmó la fiscal, la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia ordenó el pase a disponibilidad de los seis uniformados.

Acusado de matar a un perro

Además del intento de extorsión, Livio M. también fue acusado por apremios ilegales. La fiscal Karina Bartocci le atribuyó golpear a vecinos en un procedimiento realizado junto a su compañera Ingrid M., también acusada, el 19 de febrero pasado en Saadi Carnot y Batlle y Ordóñez. Y luego de llevarlos detenidos, golpearlos adentro de la subcomisaría 20ª.

   También lo acusaron de violar la ley Sarmiento el pasado 19 de marzo, cuando tras intervenir en una gresca de vecinos en Solís al 600 mató al perro de una mujer de un tiro en la cabeza con su arma reglamentaria. Fue una reacción porque la mujer lo miraba juntar las vainas servidas de su arma, que había disparado en el tumulto.