La contramarcha en la designación del ex comisario general José Luis Giacometti como secretario de Seguridad Pública de Santa Fe es probablemente el mayor paso en falso de toda la gestión de Hermes Binner. Más que nada porque expuso una notoria improvisación en el terreno de la administración que más sensibiliza a la ciudadanía: el que se relaciona con el control de la criminalidad en el espacio público. Pero además porque en esas seis horas que transcurrieron entre el nombramiento y su cancelación se notó una crisis de orientación ideológica respecto del modelo de gestión pretendida en la materia.
  Lo grave de un fallido así es la mala señal que representa hacia abajo porque es leído como un déficit de autoridad. En general se tiende a equiparar manejo de la gestión de la seguridad con capacidad de gobernar a la policía. Es un error. En todo estado democrático la policía es una institución civil, profesional y armada, que deviene herramienta decisiva para garantizar los derechos individuales y la tranquilidad pública. Pero en el marco de las estrategias para la prevención del delito es un actor. Privilegiado y fundamental. Pero no el único.
  Binner había planteado en su campaña que la acción policial no alcanzaba para poner freno al delito. Sostenía, en esa línea, que para ese propósito es imprescindible desplegar políticas diversificadas de prevención social —no solamente penales— de los ilícitos. Para atenuar en la coyuntura y en el mediano plazo las situaciones de riesgo había que hacer otras cosas.
  Dar seguridad es también abrir calles, hacer iluminación y saneamiento en los barrios, garantizar educación y salud, ofrecer alternativas recreativas o laborales tempranas a los sectores más expuestos a la cooptación del delito. Esa variante es trabajosa, menos inmediata en sus resultados y demanda muchos más recursos.
  Poner como secretario de Seguridad a un representante conspicuo de la visión más policial en las políticas del área después de haber asignado durante dos años las tareas del rubro a funcionarios con una visión distinta fue incomprensible y detonó el comprensible zafarrancho. Los secretarios de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, de Control de las Fuerzas de Seguridad, Gonzalo Armas, y de Asuntos Penitenciarios, Leandro Corti, hicieron saber que sería imposible esperar resultados de semejante alquimia.
  “No es que los secretarios armaron un golpe de escritorio como si fueran porongas de la bonaerense. Sólo fueron a decir que si la decisión era cambiar de modelo debían continuar con gente convencida. Ellos se formaron creyendo en que el problema histórico del desgobierno de la seguridad es consecuencia de la delegación que gobiernos y legisladores hicieron del tema en las instituciones policiales”, resumieron muy cerca de los secretarios.

El nuevo escenario. Eso generó el veto hacia Giacometti y la revalidación del camino originario. Pero no todo quedó en las mismas condiciones: Alvaro Gaviola asumió como ministro de Seguridad sin tener experiencia en la materia y el puesto de secretario está vacante. La policía recibió un mensaje vacilante del gobierno sobre el rumbo trazado. Algo que no es bueno porque la fuerza —un factor de poder que puede condicionar la gobernabilidad— siempre debe tener clara la convicción de aquel que la comanda.
  Abochornados por el estrepitoso resbalón, nadie en el gobierno quiere hablar a cara limpia sobre cómo llegaron a proponer a alguien que representaba la versión más tradicional, probada en decenas de gestiones, de la ideología policial más clásica. Pero un alto funcionario el mismo día murmuraba: “Sostener a Giacometti para zafar del papelón habría sido peor porque los costos políticos de una opción ideológica equivocada se empezarían a pagar con él en el cargo”.
  Cualquier gestión debe saber que en materia de seguridad nunca hay conformidad y siempre se pagan costos. Pero ahora el gobierno, ante su blooper, necesita volcar más fichas sobre el paño de la apuesta. Tendrá que mostrarle a la policía que no optó contra ella pero ponerle muy claro lo que espera de ella y los roles que le asigna. Deberá comunicar qué acciones concretas, desde su programa con fuerte impronta civil, dispone contra la criminalidad común —la que más preocupa a la gente— y la compleja. Y dada la sensibilidad que genera el tema en la población, gobierno y oposición deberán analizar sin demagogia, como política de estado, de dónde salen los fondos para atender una demanda ciudadana mayúscula.
  En su libro “El leviatán azul” el criminólogo Marcelo Saín postula que delegar el gobierno de la seguridad en un alto comisario ha generado a veces una provisoria tranquilidad política sin resolver problemas de fondo. Pero dentro de un proyecto reformista la auténtica opción pasa por conformar un equipo de gestión política de los asuntos de seguridad y de la conducción policial y desarrollar un proceso de modernización doctrinal y organizativo de la policía. También un esquema estadístico riguroso de información del delito que sirva para la política criminal. Los delitos resonantes existirán y golpearán a cualquier gestión. La tarea, nada simple y esforzada, es no flotar sobre esos acontecimientos, sino oponerles una estrategia para reducirlos. De forma convencida.