El sábado 14 de febrero marcará un hito en la historia de la Justicia Penal de Santa Fe. A partir de ese día entrará en vigencia el nuevo régimen de juzgamiento de delitos en la provincia, que no abarcará inicialmente a todos los ilícitos sino cuatro tipos, que el gobierno considera de gran significación por el impacto público que producen: los casos de homicidio calificado, tortura seguida de muerte, abuso sexual seguido de muerte y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Estos casos, desde la fecha señalada, se ventilarán en juicios orales y públicos.

Para avanzar en el reemplazo del sistema de juicio escrito por el oral, el gobernador Hermes Binner envió a la Legislatura un paquete de cinco leyes, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, que regulan la organización y el funcionamiento del nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Las iniciativas contemplan lo referido a la transición de un sistema a otro, los nuevos roles de los testigos y víctimas de los delitos, la actividad de los jueces, el sistema de defensa pública y el de la fiscalía.

El director de Transformación del Sistema Procesal Penal, Víctor Moloeznik, señaló que los delitos antes señalados cometidos a partir del 14 de febrero serán tramitados bajo el nuevo esquema. Pero los primeros juicios orales llegarían recién en diciembre de este año, dado que primero deberá realizarse la etapa de instrucción por aquellos delitos, que se realizará en el marco del régimen escrito.

Encuentro. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, se reunió ayer en Rosario con los legisladores que integran la comisión de seguimiento de la implementación de la reforma penal. En el encuentro estuvo también el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, y los diputados Santiago Mascheroni, Silvina De Césaris y Martín Labbé; y los senadores Ricardo Kaufmann, Cristina Berra, Juan Carlos Zabalza y Rodrigo Borla.

El Código Procesal Penal de la provincia, que define la modalidad de enjuiciamiento, fue modificado por ley en agosto de 2007, durante el gobierno de Jorge Obeid. La nueva normativa, que implica un cambio histórico en la estructura y modelo judicial, fijaba como fecha de implementación el 30 de junio del año pasado. Pero la ausencia de leyes reglamentarias obligó, según explicó Superti, a requerir una postergación porque se consideró materialmente imposible sin esos instrumentos el inicio del esquema.

El área de Justicia del gobierno concibió un proyecto de transición en el que entraron en discusión variados temas: el desarrollo de la capacitación para los nuevos roles de los operadores judiciales, la cuestión de la infraestructura necesaria para el nuevo sistema —edificios, muebles, sistema informático—, el presupuesto para solventarlo y los plazos de su implementación. Durante la reunión de ayer se acordó que habrá encuentros semanales para ultimar detalles de cada cosa.

Hasta ahora no se adelantaron fechas de implementación del nuevo sistema de juzgamiento para el resto de los delitos por fuera de los cuatro mencionados. El rasgo más saliente es que la oralidad será obligatoria para el juzgamiento. Hasta ahora se sustanciaban muy esporádicos juicios orales en la provincia y sólo a requerimiento de la defensa de los imputados. Ahora será el método de juzgamiento por imposición de la ley.

Cuestión de lugar. Un aspecto por definir concierne a los lugares físicos en los que se realizarán las audiencias. La provincia encaró la compra de dos equipos móviles disponibles que aporten flexibilidad para generar el juicio oral en cualquier zona de la provincia en la sala que se defina, que puede ser desde un teatro hasta un aula escolar u otras dependencias públicas. El Poder Judicial anunció además que el lunes se abrirán los sobres de ofertas para una contratación directa de equipos de audio y registración en video —uno para Santa Fe y otro para Rosario— a utilizarse en los juicios.

Cinco leyes. Los proyectos enviados a la Legislatura para adecuar el cambio del modelo de gestión judicial abarcan cinco incumbencias. Una norma de transición del régimen. Una de Testigos y Víctimas, que implica un esquema de protección para quienes se encuentren en riesgo de sufrir hostigamiento o represalias por su participación en el proceso penal. Una ley de Jueces que organicen las nuevas competencias (los jueces ya no tendrán juzgados, sino que se les asignarán audiencias). Una ley de defensa oficial para que cada imputado tenga su defensor garantizado. Y, por último, una ley de Fiscalía, que es la instancia que plantea la acusación para la persecución penal.