Policiales

Se escapó "Teletubi" cuando iba a firmar un juicio abreviado

Sebastián "Teletubi" Acosta iba a recibir una pena de 13 años por un homicidio. Se evadió por la puerta y sin esposas. Hay dos penitenciarios presos

Sábado 21 de Diciembre de 2019

Los primeros diez días de gestión del flamante gobierno provincial se cerraron con un nuevo cimbronazo que salpicó al área de seguridad. A la discusión pública que mantuvieron el flamante ministro de Seguridad Marcelo Saín y el ex jefe de la policía de Rosario, Marcelo Gómez, por la renuncia que éste presentó a su cargo bajo el argumento de no haber tenido contacto ni órdenes precisas de las nuevas autoridades; en las últimas 24 horas se sumaron las fugas de dos presos a horas de ser condenados. Uno de ellos estaba bajo el control de la policía santafesina y con tobillera electrónica en su casa, de donde escapó tras quitarse el dispositivo electrónico poco antes de recibir la sentencia. El otro era custodiado por agentes del Servicio Penitenciario, área que ahora depende del nuevo Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, y huyó ayer a la tarde del subsuelo del Centro de Justicia Penal (CJP) minutos antes de ser llevado ante el tribunal que iba a homologar un proceso abreviado al cual llegó acusado de homicidio.

Por éste último episodio, de ribetes cinematográficos y cuyos detalles anoche estaban bajo hermética investigación, fueron detenidos dos agentes del Servicio Penitenciario mientras un tercero fue demorado. La investigación quedó en manos de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Delitos Complejos, quienes comisionaron a efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC ex PDI) para que relevaran los registros de las cámaras de vigilancia del CJP.

La hipótesis más fuerte es que el detenido Sebastián "Teletubi" Acosta se fue caminando por una de las puertas del edificio cuando ya le habían quitado las esposas.

Alto perfil

A los 28 años "Teletubi" Acosta es un muchacho con renombre en los monobloks del Parque del Mercado y del barrio Municipal de Grandoli y Gutiérrez. Durante los últimos tres años estuvo ligado a la estructura delictiva de René "El brujo" Ungaro, Carlos Jesús "Pelo Duro" Fernández y Lautaro "Lamparita" Funes. Una banda violenta que en su enfrentamiento con quienes responden al grupo comandado por Alexis Caminos y su socio, el ejecutado Ariel "Tubi" Segovia, regaron de mortajas buena parte de las calle de zona sureste de Rosario.

En principio, "Teletubi" Acosta y Brian Ismael "Pocha" Sánchez debían sentarse ayer a la tarde en el banquillo de los acusados ante los jueces José Luis Suárez, Carlos Leiva y Juan José Alarcón. Acosta iba a cerrar un proceso abreviado por la pena única de 13 años de prisión por el homicidio del quiosquero Sergio Cecchini baleado en diciembre de 2016 y fallecido en febrero de 2017. En tanto Sánchez no sólo iba a aceptar su participación en ese crimen sino también ser protagonista de los homicidios de Alberto Luis "Cachi" Ruiz Díaz y Walter Daniel Mena, ambos perpetrados en octubre de 2016; y las tentativas de homicidio contra Milton Daniel Sánchez y Cristian Ariel León.

Los fiscales de los casos, Marisol Fabbro y Matías Edery, esperaban en la sala de audiencias frente a la cual varios familiares de los imputados y de las víctimas se concentraron esperando la orden de los policías de custodia para ingresar. Pero 15 minutos después de las 14, el primer horario acordado para el acto, recibieron la noticia de que todo pasaría para las 17.30.

Cuando la hora de la nueva convocatoria se acercaba, los familiares se acercaron a la sala de audiencias pero las caras ya no eran las mismas. El anunció de que el trámite había pasado para el lunes les terminó de confirmar que algo andaba mal. Para esa hora se estima que "Teletubi" ya estaba en la calle, quizás bastante lejos del Centro de Justicia Penal.

Protocolo burlado

Como parte de un protocolo, horas antes de una audiencia los detenidos son trasladados por móviles del Servicio Penitenciario desde el lugar de detención al subsuelo del CJP de Virasoro y Sarmiento. Allí aguardan ser llamados por los jueces.

Luego son llevados con escolta penitenciaria, que varía si el detenido es considerado de alto o bajo perfil, por pasillos internos a los que no tiene acceso el público en general. Sólo los jueces y los detenidos circulan por esos espacios internos. La policía provincial, en tanto, sólo se hace cargo de la custodia externa del edificio y del orden dentro de las salas de audiencia.

Fuentes ligadas a la investigación de la fuga hicieron hincapié ayer en que "no existe forma de entrar o salir" de los calabozos de la leonera del CJP "sin la asistencia de personal del Servicio Penitenciario". La fuga sorprendió a todos y crispó los nervios desde los pasillos del edificio hasta los más altos cargos del gobierno en momentos en que se están llevando adelante cambios en la conducción de las fuerzas de seguridad y el pase del Servicio Penitenciario al Ministerio de Justicia.

Oficialmente se precisó que la investigación sobre la evasión quedó en manos de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada. Estos "solicitaron relevamientos de cámaras de video del Centro de Justicia Penal para determinar la mecánica del hecho cuyos primeros indicios dan cuenta que la evasión habría podido producirse desde las celdas de alojamiento ubicadas en el subsuelo del edificio", explicó la Fiscalía Regional en un comunicado de prensa.

Además "se solicitó la identificación y demora de todo el personal del Servicio Penitenciario involucrado en la custodia de los detenidos para dilucidar responsabilidades y se emitió la orden de recaptura del imputado", indicó el parte.

En principio, los dos efectivos del Servicio Penitenciario provincial encargados de custodiar a "Teletubi" serán imputados por facilitamiento de evasión el próximo lunes.

   “Ponce vio toda la serie de su juicio y en el penúltimo capítulo vio que la cosa no venía bien. Entonces se fugo y al último capítulo, donde se lo condenaba, no fue”, ironizó una fuente del caso.

   Ante la magnitud de la pena en expectativa, la fiscal había solicitado el miércoles que Ponce llegara a la lectura de la sentencia bajo prisión efectiva. Sin embargo el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido y ayer, tras condenarlo a 18 años de prisión, los jueces lo declararon en rebeldía y ordenaron su captura. La sentencia fue por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y lesiones en calidad de autor.

   En la apertura del juicio, la defensa de Ponce cuestionó la hipótesis fiscal diciendo que no barajó otras líneas de investigación y cuestionó parte de la prueba y la declaración del sobreviviente del hecho juzgado por lo que pidieron la absolución.

El crimen

Sebastián Oviedo y Ariel A. eran cuñados. La tarde del 3 de marzo de 2017 Oviedo acompañó a su familiar al Hospital Roque Sáenz Peña para que recibiera atención médica. Según la acusación, Ponce llegó junto a su pareja al hospital y agredió a Ariel A. debido a “viejas diferencias”.

   Tras ello los cuñados se fueron de la guardia y comenzaron a caminar. En Regimiento 11 entre Salvá y Diamante un auto se les puso a la par y el acompañante comenzó a dispararles. Oviedo recibió impactos en el tórax y cayó agonizante. Fue trasladado al mismo centro asistencial donde murió. Para la fiscal, el tirador fue Ponce.

   En su alegato inicial Pairola contó que al día siguiente Ponce se presentó en el Registro Automotor donde estaba radicado el auto utilizado en el ataque y lo transfirió. En ese marco, la pelea en el hospital y el cambio de titularidad del vehículo lo perfilaron como sospechoso y se ordenó su captura.

   Cinco meses después fue detenido al salir de su casa de Caña de Ámbar y España. Fue imputado con prisión preventiva. Luego logró el beneficio de la domiciliaria con tobillera electrónica. En diciembre de 2018 se hizo la audiencia preliminar y el caso llegó a juicio oral y público.

Condenado en ausencia por fugarse de su casa

Horas antes de escuchar un fallo que lo condenó a 18 años de prisión por homicidio, Lucas Ponce tomó una decisión arriesgada. Rompió la tobillera electrónica que tenía por estar bajo detención domiciliaria, beneficio otorgado por la Cámara de Apelaciones de Rosario, y se fugó.

   Ponce, yerno del otrora jefe de Los Monos Ariel Máximo “El viejo” Cantero, comenzó a ser juzgado el 9 de diciembre por el homicidio de Sebastián Oviedo, ocurrido en marzo de 2017. El acusado presenció todas las audiencias de debate y el miércoles, en la penúltima de ellas,la fiscal Georgina Pairola solicitó al tribunal que el acusado llegara preso a la lectura del fallo. El requerimiento le fue denegado y ayer al mediodía el tribunal leyó la condena, pero Ponce ya no estaba. Fue la primera vez desde que funciona el nuevo sistema procesal penal que se condena a un imputado en ausencia.

Casa vacía

Pasadas las 13, el tribunal integrado por Gustavo Pérez de Urrechu, Facundo Becerra y María Trinidad Chiabrera ingresó a la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal (CJP). Las partes se pusieron de pie como es de estilo. Estaban la fiscal Pairola, quien había pedido una pena de 20 años de prisión; y los abogados defensores Marcelo Martorano y Fausto Yrure, que solicitaron la absolución de su cliente. Pero había un ausente: Lucas Alejandro Ponce. La última vez que se lo había visto fue el miércoles, cuando las partes hicieron sus alegatos de cierre.

   La última noticia que se conocía de Ponce fue a partir de un informe policial que indicaba que el jueves a las 15.15 la tobillera dejó de funcionar. Cuando la policía fue al domicilio, sólo halló el dispositivo electrónico.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario