Policiales

Se entregó un ciudadano colombiano buscado por dar préstamos usurarios que se cobran con violencia

Lo presumen con peso en el grupo, que daba créditos en el mercado de productores de zona oeste. Una empleada policial implicada apareció con un tiro en una pierna.

Jueves 14 de Enero de 2021

Un hombre de nacionalidad colombiana que está acusado de cumplir un rol relevante en una estructura dedicada a ofrecer créditos a niveles usurarios se entregó este jueves en la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Mañana será imputado ante un juez, junto a otra persona de nacionalidad ecuatoriana, por fiscales que investigan a una organización que entrega préstamos y se asegura su cobro de manera violenta, en especial en el interior del mercado de productores de 27 de Febrero y San Nicolás. En lo que se presume la punta de un iceberg relativo a bandas diseminadas en la ciudad que se dedican a lo mismo y que recurren a personas armadas para asegurarse sus intereses.

Rafael Guillermo B. aparece aludido varias veces en una pesquisa que la unidad fiscal que investiga balaceras abrió el año pasado a raíz del ataque a tiros contra un trabajador del mercado de frutas y verduras ocurrido a fines de agosto último. La víctima, Pedro M., recibió dos balazos en el abdomen ese día luego de atrasarse con un crédito informal tomado con prestamistas que ofrecen dinero y cobran diariamente el repago con tasas que, según investigaron los fiscales, llegan hasta el 360 por ciento anual.

Este trabajador, de 21 años, se demoró un fin de semana en los pagos por haberse quedado sin su trabajo de changarín. Un hombre se dirigió a su casa el lunes 25 de agosto a las diez de la noche y le tocó la puerta. Cuando salió a atenderlo recibió dos balazos en el abdomen que derivaron en una operación que obligará al herido a llevar una bolsa de colostomía de por vida.

La investigación impulsada por los fiscales Valeria Haurigot, Pablo Socca y Federico Rebola detectó que tras el atentado había una banda de prestamistas que se aseguran el repago de sus créditos con ataques contra la vida. Ayer se ordenaron cinco allanamientos contra objetivos del grupo. En uno de ellos fue detenido José Francisco Ch., un ecuatoriano de 43 años, que se sospecha estuvo implicado en la balacera contra el deudor.

Efectivos policiales de la Brigada Operacional de Tribunales realizaron una pesquisa que dejó en evidencia que un grupo de prestamistas extrabancarios se movían en el mercado de productores frutihortícolas de zona oeste. El ciudadano ecuatoriano detenido tenía incluso un permiso de circulación en el mercado, en el que constaban datos de su identidad, de la moto que utilizaba y donde había escrito como actividad “servicio de cobranzas”.

Las escuchas telefónicas dejaron saber que este ciudadano ecuatoriano se comunicaba en forma rutinaria con el colombiano que se entregó este mediodía llamado Rafael. Y por el seguimiento a Rafael se descubrió que este hombre gozaba de la protección de una ex empleada policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que movilizó sus influencias para ayudarlo cuando lo detuvieron en un auto llevando 40 mil pesos de origen que no pudo justificar.

Esa detención fue en un retén de Camilo Aldao y Virasoro en noviembre pasado. Hay escuchas que revelan cómo la empleada policial habló con el encargado del operativo, se presentó como subinspectora de la AIC y le requirió que lo dejara marcharse con el dinero que era para pagar gastos de una persona que había fallecido en el Hospital Carrasco. Esta empleada se llama Liliana Beatriz A y cumple funciones en el Laboratorio Biológico como policía. Será imputada mañana en la misma audiencia que el ecuatoriano y el colombiano pero no por los delitos de usura y violencia, sino por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Hay una situación llamativa con esta empleada policial. Ayer, día en que trascendió públicamente el caso, la mujer se presentó en el Hospital Roque Sáenz Peña con un balazo en una pierna. Un disparo le fracturó tibia y peroné. Según explicó, la herida se la hizo ella misma, al dispararse su arma mientras la limpiaba. Los investigadores observaban el asunto no sin inquietud.

Rafael B. aparece en numerosas alusiones hablando sobre préstamos, cobros y compra de dólares. En varios diálogos captados se evidencia la forma de otorgamiento de créditos, los altos montos negociados y la tasa usuraria cobrada. Se advierte en varios casos que los clientes toman dinero luego de cancelar sus créditos. Por ejemplo se habla en una ocasión de un préstamo de 10 mil pesos con devoluciones a razón de 750 pesos por día en un plazo que ubican la tasa de interés a 360 por ciento anual. El caso también fue investigado por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal

Rafael será acusado mañana en audiencia judicial como prestamista usurario, acción reprochada por el artículo 175 del Código Penal, que sanciona con entre tres y seis años de prisión al que “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo”. En tanto Francisco José Ch. será imputado en la misma audiencia por usura y por tentativa de homicidio contra el hombre de 21 años baleado en agosto último.

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