Santa Fe, una provincia pionera en el tema

Santa Fe es una provincia precursora en la Argentina de la extinción de dominio para recuperar los bienes malhabidos de bandas narcos, estafadores y asociaciones ilícitas, los que son subastados públicamente.

La ley santafesina 13.579, aprobada el 22 de septiembre de 2016, fue promulgada por el gobernador Miguel Lifschitz el 19 de octubre de ese año y entró en vigencia en marzo de 2018 cuando se creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales.

"Santa Fe no esperó el debate nacional y creó la agencia de bienes decomisados para delitos provinciales. La decisión política tuvo el respaldo unánime y eso marca que no hay mezquindades o protección política para ir en contra del crimen organizado y golpear su poder económico", explicó en su momento Matías Figueroa, Secretario de Gestión Pública y titular de la agencia.

El mecanismo

La ley provincial dice que si se usó un auto o una propiedad para la comisión de un delito o se los compró con el producto de ese ilícito, los bienes se decomisan y se abre un plazo de seis meses para que el imputado explique cómo lo adquirió. Si no hay una respuesta, se remata.

Así, a través de esa ley, en octubre del año pasado se realizó la subasta pública de 18 vehículos y se recaudaron más de 4 millones de pesos. Los compradores quedan bajo resguardo ya que, por ejemplo, ante el registro del automotor se cambia la patente para protegerlos ante posibles amenazas de los afectados.

Asimismo, la norma establece un mecanismo por si el acusado es sobreseído por la Justicia. El dinero de la subasta queda congelado por tres años en un plazo fijo para que no se devalúe.

En febrero de este año hubo un nuevo remate de 25 vehículos y hace pocos días se realizó la primera devolución de dinero a víctimas de estafas económicas.