Santa Fe: piden 20 años de cárcel para acusado de un crimen
Un joven de 21 años es juzgado por un crimen en el distrito Alto Verde en 2019

Martes 08 de Junio de 2021

Un joven de 21 años comenzó a ser juzgado ayer acusado de haber asesinado a Esteban Marcelo Enrique hace dos años en el distrito costero de Alto Verde, cercano a la capital provincial. Se trata de Lisandro Ismael Leiva, para quien los fiscales Martín Torres y Ana Laura Gioria requirieron 20 años de cárcel por el delito de homicidio calificado por uso de arma de fuego. El juicio oral comenzó ayer en los tribunales de Santa Fe ante un tribunal integrado por los jueces Nicolás Falkenberg, Rodolfo Mingarini y Sandra Valenti quienes este viernes prevén emitir su sentencia.

Enrique fue asesinado en su casa de la manzana 2 de Alto Verde la noche del martes 9 de abril de 2019. Según recordó el fiscal Torres, eran cerca de las 23 cuando la víctima y algunos familiares, entre ellos su padre, que estaban en la vivienda escucharon unos disparos por lo cual llamaron a la policía. Cuando llegaron al lugar los uniformados alcanzaron a ver a unas personas que se estaban escapando del lugar.

“De acuerdo al relato de los familiares de la víctima, aproximadamente 20 minutos después, Enrique subió al techo de la casa a reparar un reflector y las personas que habían disparado previamente regresaron y volvieron a disparar. En ese marco, Enrique recibió un impacto de bala en el tórax”, sostuvo el fiscal. El hombre baleado fue trasladado al hospital Cullen de Santa Fe, donde minutos después finalmente falleció.

Detenido

El acusado fue detenido dos días después de ocurrido el asesinato a partir de la laboro del área de Homicidios de la entonces Policía de Investigaciones (PDI, actual AIC). Y seis días después, una vez imputado, se realizó la audiencia en la que se resolvió que quedara en prisión preventiva, estado en el cual llegó al juicio oral.

El padre de la víctima, Néstor Javier Enrique, se constituyó como querellante. Estará representado por las abogadas Dolores Robledo y Lucrecia Fernández, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia.