POLICIALES

Santa Fe: investigan una banda por vender garantías truchas a inquilinos desde 2015

Un hombre de 65 años fue acusado como jefe de una asociación ilícita. Al menos otras diez personas podrían ser imputadas en los próximos días

Lunes 14 de Septiembre de 2020

Un hombre de 65 años fue imputado el domingo como jefe de una asociación ilícita que otorgaba garantías falsas para que personas interesadas en alquilar inmuebles pudieran concretar la operación en distintas inmobiliarias de la ciudad de Santa Fe. Según los datos recabados en la investigación iniciada la semana pasadas a partir de la denuncia de un abogado, el acusado cobraba cerca de 6 mil pesos por cada firma de los falsos garantes pero además obligaba a los solicitantes a firmar pagarés en blanco bajo la amenaza que, caso contrario, no conseguirían las garantías que necesitaban.

El miércoles tendrá lugar la audiencia para decidir si el acusado, identificado por sus iniciales CAS, queda o no en prisión preventiva. En tanto, fuentes judiciales adelantaron que hay al menos otras diez personas sospechadas de integrar la organización que serán imputadas en los próximos días, aunque transitan el proceso en libertad.

La audiencia imputativa contra CAS se realizó ayer a la mañana por videoconferencia ante el juez Sergio Carraro. Las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza imputaron al hombre de 65 años como jefe de asociación ilícita y amenazas coactivas, además de endilgarle la coautoría de estafa —consumada y en tentativa— así como falsificación y uso de documentos públicos y privados.

Cinco años atrás

Las fiscales señalaron que la banda comandada por CAS venía operando desde julio de 2015. “La investigación se inició a raíz de la denuncia radicada la semana pasada por el abogado de una inmobiliaria de Santa Fe que aportó copias de la documentación falsa presentada y de contratos y reservas de alquiler”, señalaron las fiscales.

Al describir el modus operandi, las acusadoras explicaron que “el jefe de la asociación ilícita ofrecía garantías falsas para que los solicitantes de alquileres pudieran cumplir con los requisitos que solicitan las inmobiliarias. De esta manera, se concretaba la maniobra defraudatoria en perjuicio de la inmobiliaria y de los propietarios de los bienes”.

“El imputado —agregaron— falsificaba recibos de sueldo y facturas de servicios de electricidad, gas y cable e Internet. Los hacía a nombre de los miembros de la asociación ilícita y luego vinculaba a estos supuestos garantes con los interesados en alquilar”.

Según pudieron establecer Jiménez y Urquiza, por cada firma de una persona que salía como garante el acusado “cobraba un monto que en la actualidad era de aproximadamente 6 mil pesos”. Pero además “obligaba a los solicitantes de los alquileres a firmar un convenio de pago o un pagaré en blanco. Los intimidaba diciéndoles que si no firmaban esos documentos, no obtendrían las garantías que necesitaban para concretar el alquiler”.

En ese sentido, y por lo recabado hasta el momento, las fiscales constataron los nombres de 529 personas que habrían firmado los pagarés en blanco para CAS. Y agregaron que si bien la denuncia que originó la investigación fue realizada por una sola inmobiliaria, en el ámbito del MPA capitalino no descartan que haya otras que hayan sido víctimas de esta asociación ilícita.

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