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Saín se aleja de la idea de mantener 19 regionales y fija bases de su plan

Señala que este esquema responde a la política y no a criterios criminales o demográficos. Y que para las acciones los intendentes son la clave.

Viernes 05 de Junio de 2020

Si se tratara de medir el nivel de acuerdo del esquema para transformar la administración de la seguridad pública el ministro del área, Marcelo Saín, no debe haberse quedado con malas sensaciones. En el primer foro en el que presentaron a discusión pública las tres leyes en la materia, un debate on line en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) la noche del miércoles, los mensajes de los foristas expresaron en general muestras de adhesión al proyecto que el funcionario explicó durante casi una hora. Lo que hizo Saín fue desmenuzar un plan articulado en tres grandes ejes: el diseño de la seguridad pública, la organización de los servicios de policía y el control del desempeño policial.

De este programa muy hilvanado quedan claras varias cosas. El ministro no tiene ningún apego para conservar la estructura organizada en 19 unidades regionales asentada en criterios políticos de hace 66 años y no en problemas criminales actuales. Otro punto es enfocar a la policía en tareas operativas liberándola de asuntos administrativos que le quitan capacidad de acción. Un tercer asunto es ajustar todos los movimientos de la seguridad a sistemas de información que midan el delito. También coloca a las ciudades en un papel crucial en la estrategia de control del delito del Ministerio. Esto quiere decir que los interlocutores privilegiados para diseñar las acciones son los intendentes, ya que los municipios han invertido en tecnología en seguridad y tienen recursos humanos en los territorios, lo que les da una ventaja táctica al contar con información sobre lo que pasa.

Es aquí, más que en declaraciones, donde se entabla la verdadera pulseada política con algunos senadores. Para Saín hay un problema de patronazgo a desmontar. Lo que entiende es que los senadores departamentales fueron durante años actores centrales de la seguridad por el protagonismo en sus distritos. Eso los llevó a tener gravitación en la designación y desempeño de autoridades policiales, lo que volvía posteriormente en información privilegiada de parte de oficiales que les debían el puesto. El ministro aduce que un sistema de seguridad que previene violencias y delitos no tolera esas interferencias. Los senadores cuentan, pero los gobiernos locales tendrán el papel primordial.

Datos y pulseada

Saín indicó que la Ley de Seguridad Pública apunta a desalentar violencias y delitos, delinea un sistema preventivo y uno de investigación criminal. Las políticas a tomarse serán a partir de datos de rigor técnico cuya carencia actual calificó como un déficit mayúsculo.

"Una política tiene como destino garantizar un ámbito que genere un clima de libertad que nos permita hacer uso de derechos. No podemos formular políticas que no sean transparentes con todo arriba de la mesa", sostuvo.

Alegó que las políticas de seguridad hasta ahora en Santa Fe no se basan en un diagnóstico cierto, estatalmente consolidado, sobre las problemáticas delictivas. "No se conoce el diagnóstico del propio Estado. Cuando llegamos nos encontramos con algo bastante endeble desde la información institucional. No tuvimos información sobre el personal policial. Al pedir algo, las unidades regionales decían una cosa, otra la Jefatura de provincia, otra el Departamento Personal. No coincidían entre ellos", estableció.

Se distanció sin nombrarlo del planteo del senador Armando Traferri (San Lorenzo-PJ) que dijo hace cinco días que no se puede pensar en una ley policial sin tener la opinión de quienes van a llevar a cabo la ley. "La policía es un actor clave, pero los procesos de conducción están a cargo de las autoridades electas", marcó Saín. "Establecer, adecuar el Estado e implementar las órdenes no es un tema policial, es un tema político, le corresponde al gobernador de la provincia que es el receptor de los votos de la sociedad. El ministro no es más que un asesor del gobernador o un brazo ejecutor en esta materia. Pero es el conductor de la seguridad pública y de la fuerza policial".

Saín también apuntó a la necesidad de conocer el delito para lo que es esencial un organismo nuevo, el Observatorio de Seguridad Pública, y adelantó que hay en proceso encuestas de victimización en seis grandes ciudades. "Las problemáticas criminales tienen características diferentes. No es lo mismo prevenir violencia contra las mujeres que crimen organizado, narcomenudeo, lavado de dinero o delito predatorio en las grandes ciudades. Las políticas inteligentes se deben establecer a partir de bases de datos".

Para eso cifró como vital el conocimiento institucional. "El infierno muchas veces no está en la calle sino en los propios hogares. Hay que evaluar situaciones de violencia en un sistema unificado de información. Tenemos que tener la capacidad de saber lo que está pasando, desde delitos dentro de los hogares hasta la criminalidad compleja que compromete circuitos financieros legales e ilegales", indicó.

En ese sentido adujo que "si el Estado no mide y muestra lo que mide, la información queda en manos de intereses políticos o de medios de prensa" que, sostuvo, "no siempre tienen la pretensión de informar".

De lo obsoleto a tres policías

En otro momento habló del armamento con que cuenta la policía. "Hoy no sé muy bien cuántas armas tiene la fuerza. Hace tres meses que estamos indagando su parque de armas. No lo hemos podido cuantificar. Necesitamos un control patrimonial de armas de fuego y para eso habrá una agencia provincial", sostuvo.

Respecto del sistema policial repasó que sus bases son obsoletas porque fueron fijadas en 1975. Indicó que las 19 unidades regionales vienen de una matriz de estado mayor militar de 1954. "Hay algunos anacronismos que debemos resolver. Esto no fue pensado desde los problemas criminales, ni de las condiciones sociales, demográficas o económicas, sino de la matriz política, desde los departamentos. Esto es un problemón porque si esto es así, el norte de la seguridad está puesto en la política y no en lo criminal".

"Los procesos los conducen las autoridades electas. El diseño del plan de seguridad no es un tema policial"

Otro punto que desarrolló Saín fue el de una policía enfocada en el delito complejo en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otra para supervisar la corrupción policial y la connivencia con el crimen en la Agencia de Control Policial. Junto con la policía preventiva quedan planteados tres cuerpos policiales principales con tareas diferenciadas con un consejo articulador.

El bienestar de la fuerza

También destacó la importancia del bienestar policial como política de Estado. Allí pareció dialogar con la política. "Los sectores de derecha en Argentina son propolicía pero no tienen problema en subsumir a la policía en la precarización laboral con salarios que los obligan a trabajar en otras cosas. Creamos la Subsecretaría de Bienestar y Género. Cualquier progresista y cualquier peronista no puede desentenderse del bienestar policial", consignó.

También se refirió el ministro a la capacitación y formación de la fuerza. El proyecto propone no sólo una academia para instruir policías sino también para formar una clase política en gestión de seguridad. Señaló que "más importante que capacitar buenos policías es tener un mecanismo idóneo de selección".

Saín planteó que la ley propone una comisión bicameral para control y análisis de la seguridad pública. "Aprovechando el ánimo de colaboración de los legisladores con estos temas creemos en la cogestión institucional de verdad. No se hace control legislativo con folletos sino metiéndose adentro de las instituciones", alegó el funcionario.

Hacia el final del debate fue interesante un aporte al foro que llegó del comisario Pablo Bagli, quien recordó el peso mancomunado que tiene la política en el proceso de creación de recursos policiales. "Para formar un comisario se necesita invertir veinte años, que son cinco ciclos de gobernadores", sostuvo. Interesante meditación sobre la responsabilidad conjunta para el debate legislativo de las leyes que aún no tiene fecha.

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