Policiales

Sain denunció pagos con fondos públicos a los abogados de policías

Una auditoría realizada por la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia detectó que, entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, se utilizaron gastos reservados de la repartición (la ex Dirección de Asuntos Internos) para pagar los honorarios de los abogados que defendieron a cinco agentes de esa repartición imputados por participar en la desaparición forzada y muerte de Franco Ezequiel Casco. Ante ello, el ministro Marcelo Sain presentó una denuncia penal ante la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación para que se investigue si ese hecho configura el delito de peculado y si los letrados, quienes ejercieron cargos políticos en la Secretaría de Control del propio ministerio, ejercieron sus funciones violando la legislación sobre incompatibilidades y conflicto de intereses.

Viernes 07 de Agosto de 2020

Una auditoría realizada por la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia detectó que, entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, se utilizaron gastos reservados de la repartición (la ex Dirección de Asuntos Internos) para pagar los honorarios de los abogados que defendieron a cinco agentes de esa repartición imputados por participar en la desaparición forzada y muerte de Franco Ezequiel Casco. Ante ello, el ministro Marcelo Sain presentó una denuncia penal ante la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación para que se investigue si ese hecho configura el delito de peculado y si los letrados, quienes ejercieron cargos políticos en la Secretaría de Control del propio ministerio, ejercieron sus funciones violando la legislación sobre incompatibilidades y conflicto de intereses.

El 5 de diciembre pasado, el juez federal Carlos Vera Barros envió a juicio oral por distintos delitos a 19 policías en la causa donde se investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, un joven bonaerense de 23 años visto por última vez el 6 de octubre de 2014 en la comisaría 7ª y hallado sin vida en el río Paraná tres semanas después. En el mismo fallo dictó el sobreseimiento de otros 12 efectivos.

Entre los uniformados bajo la lupa de la causa cinco prestaban funciones en la ex Dirección de Asuntos Internos, pero solo dos de ellos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Escobar, llegarán al banquillo de los acusados por el ocultamiento de pruebas durante la investigación a sus pares.

La denuncia

Según la presentación hecha por el ministro Sain, una auditoría fechada el pasado 2 de enero y realizada sobre los ejercicios entre 2015 y 2019, arrojó que hubo un aumento a partir de octubre de 2017 y hasta septiembre de 2018 de 78 mil pesos por mes que "era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a la Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso Casco". Y que eso se dio "a partir de una orden del Secretario de Control David Rainero", lo que a entender de Sain configura "un plus de gravedad político institucional".

En ese marco, Sain denuncia que la defensa de los cinco policías de Asuntos Internos estuvo a cargo del abogado "José Manuel Alcacer, quien en julio de 2014 había sido dedignado en el cargo político de asistente técnico nivel II de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad".

Asimismo, explica que esa Secretaría tenía por función "investigar los delitos, contravenciones y faltas administrativas graves cometidas por personal policial, realizando las operaciones necesarias para asegurar la prueba y determinar a sus autores y partícipes", como así también "realizar acciones de prevención contra la corrupción, la brutalidad y el acoso policial, apremios ilegales y la violación de derechos mediante acciones de control, educativas e informativas".

La denuncia resalta también que "si bien es cierto que los fondos reservados están legalmente eximidos de rendición de cuentas por ley, ello no implica que los mismos puedan sustraerse de la esfera de la administración pública para ser destinados en provecho de intereses particulares, como en este caso, para solventar la defensa penal de los policías imputados penalmente por el encubrimiento de la desaparición forzosa y torturas seguida de muerte de Franco Casco".

Incompatibilidades

En ese marco Sain remarca que "es incompatible" y "violatorio" de la ley provincial de ética en la función pública el rol desempeñado por Alcacer "asumiendo la defensa de cinco funcionarios policiales dado su desempeño en el área gubernamental bajo cuya órbita se encontraba la Dirección de Asuntos Internos".

Alcacer defendió a los policías Aníbal Candia, Sergio Damián Pieroni, Carlos Alberto Ríos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, a quien en un principio se les imputó "haber ocultado, alterado o hecho desaparecer pruebas o instrumentos del delito y no haber denunciado el delito" investigado.

Así las cosas, dice Sain, la conducta de Alcacer "configura incompatibilidad ya que el ejercicio de la defensa penal implica la prestación de un servicio a personas que realizaban actividades reguladas por el Estado (policías) y sobre los que tenía competencia funcional directa".

Y recuerda que si bien el abogado cesó en sus funciones públicas en octubre de 2015, la ley provincial de ética prevé que las "las inhabilidades o incompatibilidades regirán, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario, durante los dos años inmediatamente anteriores o posteriores, respectivamente". Y que Alcacer asumió la defensa de los policías en septiembre de 2017, por lo que "no había transcurrido ese plazo". Y hace extensivas sus sospechas al socio de Alcacer, el abogado Lucas Peirone, quien también ejerció como asesor del Ministerio de Seguridad desde septiembre de 2015.

Tras remarcar que Alcacer y Peirano fueron defensores de renombrados líderes narcos, Sain sostuvo que "tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, no sólo en la causa Casco, sino en procesos penales ligados a investigaciones de organizaciones narcocriminales que operaban en Rosario y la región".

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