Buenos Aires.— Un grupo de individuos acusados de provocar lesiones a indigentes para fraguar accidentes de tránsito, con el propósito de cobrar indemnizaciones a las compañías aseguradoras, enfrentarán a un tribunal en un juicio oral y público luego de que un juez de primera instancia reuniera sólidas pruebas de su accionar ilícito.

Esta supuesta "banda de rompehuesos" está compuesta por cuatro personas. El líder es un abogado que quedó acusado de estafa procesal por intentar inducir a error a un juez civil de manera que condenara a una compañía de seguros a abonar una suma de dinero por daños y perjuicios ocasionados en un accidente que, en realidad, no había ocurrido.

El juez que instruyó el caso describe que el 19 de julio de 2006 el beneficiario de un seguro hizo una denuncia en la compañía afirmando falsamente que en esa fecha había atropellado a un peatón quien habría sufrido fracturas en ambas piernas, en el cruce de la Panamericana con la ruta 8.

Por ese hecho, iniciaron una causa civil en la que reclamaron un resarcimiento de 335 mil pesos. Pero una investigación interna de la aseguradora dejó al descubierto la verdad: a sus empleados les había resultado llamativo que no hubiese intervenido personal policial en un accidente ocurrido en un lugar muy transitado, así como que no se hubiera realizado ninguna otra denuncia policial o judicial por las lesiones de la víctima.

La supuesta víctima terminó reconociendo que el accidente no había existido y que las piernas le habían sido fracturadas "en un lugar de Moreno, adonde lo llevaron en un automóvil, previo a anestesiarlo".

La investigación judicial obtuvo testimonios sobre un grupo de personas que "se dedican a contactar personas de escasos recursos económicos, en hospitales públicos, para fraguar siniestros y estafar compañías de seguros".

Cuando uno de los presuntos implicados fue detenido por la policía, en su auto fueron hallados "tarjetas de médicos y enfermeros, recetas de hospitales públicos, denuncias de siniestros ante compañías de seguros y declaraciones testimoniales vinculadas con accidentes automovilísticos".

Los cuatro fueron procesados por el delito de "estafa procesal en grado de tentativa", un delito que tiene prevista una pena máxima de tres años de cárcel.

El caso parece ser sólo uno de una cantidad indeterminada, ya que se desprende de la acusación fiscal que los imputados están vinculados con hechos similares, lo que se ve robustecido en que cuando la presunta víctima recibió la propuesta para fingir el hecho sus contertulios "estaban conversando sobre otros accidentes vehiculares" de similar naturaleza.