La Sala IV de la Cámara de Apelación Penal revocó el procesamiento del comisario Claudio Lentini, ex jefe de la comisaría 26ª acusado de liderar una banda que estafaba a vecinos de Villa Gobernador Gálvez a través de la venta de bonos contribución de una inexistente asociación amigos de esa seccional.

A raíz de la resolución, Luis Tomasevich, defensor de Lentini, solicitará el sobreseimiento de su cliente y su reincorporación a la fuerza ya que había sido pasado a disponibilidad.

Lentini fue detenido el 29 de abril de 2008 luego de la denuncia presentada por quien entonces era inspector de Zona 4ª, Daniel Solari. Por el mismo caso también fueron apresados Sergio Adrián G. y José Luis P., quienes según la presentación ofrecían los bonos casa por casa y en los comercios de Villa Gobernador Gálvez, aunque después recuperaron la libertad.

Según la denuncia, Lentini y los dos civiles se dedicaban a la venta de bonos de colaboración cuyos precios iban de los 10 a los 480 pesos y que tenía premios a sorteo. Bajo el nombre de Amigos de la Comisaría 26ª, recorrían los barrios ofreciendo los cartones. La irregularidad se puso al descubierto cuando se supo que esa dependencia policial no tenía conformada ninguna asociación cooperadora que estuviera a cargo de los bonos.

Organizador.El caso fue investigado por el juez de Instrucción Nº3 Luis María Caterina que procesó a Lentini por estafa. En la resolución, el magistrado sostuvo que Lentini "era el organizador" de una rifa a beneficio de la comisaría 26ª sin la autorización de rigor. Además, señaló que fue un "ardid" pergeñado por el comisario para recibir dinero en beneficio propio.

El defensor de Lentini apeló la resolución con el argumentó de que las cooperadoras y los bonos de contribución existían desde antes de que su cliente asumiera como jefe de la 26ª. También sostuvo que el inspector Solari confeccionó un acta de procedimiento sobre presuntas actividades ilícitas "sin que existieran víctimas". "El único fin de la denuncia era sacar del medio a mi cliente porque había reclamado el fondo de seguridad que aportaba la Municipalidad" de Villa Gobernador Gálvez. Ese dinero oficial era destinado a las tres comisarías de esa ciudad y al Comando Radioeléctrico.

En la nueva resolución, los camaristas consideraron que no existen elementos de prueba que configuren el delito de estafa. Y, con relación a la ausencia de autorización para las rifas, señalaron que esta cuestión pertenece a la esfera contravencional. A su vez, los jueces consideraron que no hubo un perjuicio patrimonial para los compradores. Y para argumentarlo sostienen que algunas instituciones venden bonos que pueden no estar autorizados, pero cumplen con la entrega de los premios prometidos y "vuelcan" el dinero obtenido para satisfacer sus necesidades.