Policiales

Revocan el procesamiento por tenencia de armas a detenidos en narcochacra

La Sala 3ª de la Cámara Penal decidió anular las acusaciones y pidió que se investigue el accionar de los uniformados en un procedimiento realizado el 4 de abril de 2013.

Domingo 21 de Septiembre de 2014

Después de haber "visto la filmación del procedimiento en cumplimiento de la orden de allanamiento emanada del señor juez de Instrucción Nº 4, Juan Carlos Vienna, resulta insuperable el estupor causado, sin poder dilucidar en este estadio si nos encontramos ante la más incapacitada e inceficiente policía, o ante un franco actuar delictivo". Así de terminante fue la afirmación de la camarista Georgina Depetris, quien junto a sus pares de la Sala 3ª de la Cámara de Apelación penal Guillermo Llaudet Maza y Otto Crippa García, dispuso revocar los procesamientos por tenencia de armas de fuego que pesaban sobre seis personas apresadas en la narcochacra de Alvear allanada en un oscuro procedimiento realizado el 4 de abril de 2013, oportunidad en la cual se secuestraron 12 kilos de marihuana, 7 de cocaína, un lote de armas de fuego de varios calibres, municiones, tres vehículos y unos 150 mil pesos en billetes de baja denominación.

La causa se había originado a partir de datos policiales que llegaron al despacho del juez Vienna, quien investigaba entonces el robo tipo comando perpetrado contra el depósito de la firma Calatayud, en San Martín al 2100, donde un grupo de maleantes desactivó tres sistemas de alarmas y logró llevarse 70 mil pesos en efectivo de una caja fuerte y unos 350 mil pesos en mercaderías. "Datos de calle", como se dice en la jerga, orientaron la pesquisa a la mencionada chacra en la cual los efectivos no hallaron nada de lo que habían ido a buscar, pero si las armas y la droga.

Ante ese secuestro se abrieron dos expedientes: uno en la Justicia provincial por la tenencia de las armas, y otro en los Tribunales federales por el hallazgo de la droga, que recayó en el juzgado Federal a cargo de Marcelo Bailaque. Ese magistrado ordenó en abril del mismo 2013 el procesamiento de Diego Fabián Cuello, de 36 años, quien figura como el dueño de la chacra; Facundo Sandoval, de 43; Gabriela Elizabeth Martinetti, de 28; José Ignacio Alvarez, de 38; y Carlos Rubén Arriola, de 36 años. El sexto detenido fue Miguel Angel "Japo" Saboldi, de 35 años, quien no pudo ser juzgado porque murió junto a otros dos reclusos en un incendio intencional ocurrido el viernes 12 de abril en la alcaidía mayor de la Jefatura rosarina.

Un proceder espurio. Esas mismas personas, además de Jorge Alberto Cuello (detenido días más tarde en otro lugar), fueron procesadas por el juez Hernán Postma por tenencia de armas de guerra, encubrimiento y otros delitos conexos. Sin embargo el abogado Marcos Cella, quien por entonces defendía a Diego Cuello (ahora representado legalmente por el abogado Guillermo Muratti) pidió la revocatoria del procesamiento por considerar que el mismo "convalida un accionar policial espurio e irregular, vicidado de nulidad absoluta y sin fundamentación alguna".

En su descargo, el abogado recordó que la fiscal Lucía Aráoz "solicitó se inicie una investigación para determinar la probable comisión de algún delito por parte del personal policial" ya que un video registrado al momento del allanamiento muestra a un agente policial que al grito de bueno, bingo agarra una bolsa de nailon negra en la cual supuestamente había dinero y se la lleva del lugar sin incorporarla entre los elementos secuestrados en el lugar (ver aparte). En ese mismo sentido, Cella manifestó que "la policía articuló información inexistente y con ello indujo y llevó a error al juez Vienna con la finalidad de que libre una orden de allanamiento sin motivos reales".

No contento con eso, el mismo Cella recordó en su apelación que el mismo fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, dijo públicamente a poco de realizarse el allanamiento que "fue una de las peores actuaciones" vistas a nivel policial, remarcando que los uniformados "ingresaron a la chacra sin testigos y con la cámara apagada, no leyeron la orden del juez, detuvieron violentamente y no protegieron la cadena de cuidado de los elementos secuestrados".

Idénticas apelaciones y con los mismos argumentos presentaron en su momento la abogada Susana Zulkarneinuff en defensa de Facundo Ceferino Sandoval; y José Alcacer en nombre de Jorge Cuello.

A su turno, el fiscal de Cámaras aceptó haber formulado duras críticas sobre el procedimiento, pero aclaró que en relación a los delitos que les achacan (tenencia de armas de fuego y encubrimiento) la actuación "no puede ser cuestionada de nulidad por cuanto (....) la medida fue cumplida con orden de allanamiento librada por juez competente, en el marco de una investigación penal y que el hallazgo de armas adulteradas y sin la debida autorización legal son delitos de acción pública y de peligro abstracto".

Y aclara que "más allá de las desprolijidades que se generaron en el referido allanamiento en Alvear, la filmación del momento y lugar del hallazgo de las armas no deja margen de dudas (al menos en el grado de probabilidad exigido en esta etapa) en orden a que las armas estaban donde fueron filmadas". Y estima que "deben rechazarse los planteso de nulidad y los agraviso defensivos".

Estupor. Así las cosas, a la hora de emitir su voto la camarista Georgina Depetris considera que vio la filmación del allanamiento y que "resulta insuperable el estupor causado, sin poder dilucidar en este estadio si nos encontramos ante la más incapacitada e ineficiente policía, o ante un franco actuar delictivo" de los uniformados. Por lo que pide que se investigue lo realizado por los pesquisas y ordena remitir copia de todo lo actuado a la Jefatura de la Unidad Regional II de policía.

Por eso, dice la magistrada, "mientras ello no se dilucide, no puedo arribar a la certeza a los fines de determinar que el secuestro efectuado ha sido producto de un delito, y violación a los derechos y garantías constitucionales referidos, aquí la privacidad del domicilio, y en tal caso, además, la maniobra ardidosa a los fines de lograr dicho ingreso y obtener elementos incriminantes mediante la inducción a error al juez que librara la orden".

Y concluye: "En función de las sospechas referidas, hasta tanto ellas sean despejadas, es innegable que con su propio accionar, (los policías) han provocado serias dudas respecto al secuestro de las armas en el campo de Cuello, en orden a la efectiva tenencia por parte del mismo, el consecuente encubrimiento endilgado, y más aún en el caso que allí efectivamente estuvieran previo al ingreso policial".

En ese orden, los camaristas decidieron revocar el procesamiento y la prisión preventiva de Facundo Ceferino Sandoval, Gabriela Martinetti, José Ignacio Alvarez, Carlos Rubén Arriola y Jorge Cuello; y parcialmente el procesamiento de Diego Fabián Cuello, quien al igual que sus pares ha recuperado la libertad pero sigue vinculado a la causa por tenencia de arma de fuego de uso civil y encubrimiento en concurso real ya que no pudo explicar la tenencia de una escopeta Itaka de uso oficial aunque sí la de una carabina calibre 22 largo con mira telescópica y una escopeta calibre 20 con cañones yuxtapuestos que, dijo, utilizaba para cazar.

Finalmente, los camaristas rechazaron los camaristas la nulidad planteada contra el procedimiento e instaron al Ministerio Público Fiscal a los fines de que investigue el accionar policial.

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