Policiales

Recurso judicial por las mujeres presas con sus hijos en una cárcel de Santa Fe

Hábeas corpus en trámite. La Defensa Pública pidió resolver con prisión domiciliaria la situación de diez internas, cuatro de ellas alojadas con niños menores de 5 años.

Lunes 07 de Marzo de 2016

El Código Penal argentino establece que las mujeres embarazadas, o madres de niños menores de 5 años, o que tengan a su cargo una persona que padezca una discapacidad, pueden acceder a la prisión domiciliaria. En el Instituto de Recuperación de Mujeres Nº 4 de la ciudad de Santa Fe hay alojadas diez mujeres en esas condiciones y a quienes, sin embargo, no les ha sido otorgado el beneficio. Por eso, en diciembre de 2015 el defensor provincial Gabriel Ganón, junto a otros funcionarios, realizó un pedido de hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de esas mujeres. Pero el recurso fue rechazado y el viernes último la resolución judicial fue apelada.
  El Instituto de Recuperación de Mujeres Nº 4 está ubicado en Uruguay 2663 de la ciudad de Santa Fe y aloja a 45 reclusas. Allí hay un pabellón que estructuralmente es similar a los demás. Es decir que no cuenta con ningún equipamiento especial que lo distinga del resto. Y allí viven niños que “están privados de su libertad” junto a sus madres.
  En ese sector viven cuatro mujeres y cinco chicos. Esa convivencia está garantizada por la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que prevé que hasta los 4 años los niños y niñas pueden alojarse en establecimientos carcelarios junto a sus madres. Sin embargo, en el mismo edificio viven otras cinco reclusas que tienen hijos por debajo de esa edad y no conviven con ellos. Otra detenida atraviesa una situación similar. No tiene hijos, pero tiene un padre y una hermana discapacitados, cuyo cuidado dependía de ella hasta que cayó presa.
  La situación procesal de esas diez reclusas es disímil: algunas están condenadas, otras no tienen resuelta su situación. Y en ese marco el artículo 10 del Código Penal establece que “podrá, a criterio del juez, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria (...) la mujer embarazada y la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo”.
  Sobre esa base el 30 de diciembre el titular del Ministerio Público de la Defensa, Gabriel Ganón; el defensor oficial de la 1ª Circunscripción Judicial, Sebastián Amadeo; la defensora pública a cargo de Ejecución Penal, Virginia Balanda; la jefa general de la región con facultades para litigar, Georgina Pallavicini; y la jefa del sector Legal y Técnico de la Defensoría, María de los Angeles Cáceres, interpusieron un hábeas corpus colectivo y correctivo por agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en favor de todas las reclusas de la Unidad 4 en tal situación. El objetivo era que se dictara una medida cautelar para que accedieran a la prisión domiciliaria hasta tanto sus causas fueran resueltas por los jueces naturales. Además, solicitaron que el mismo recurso tuviera el carácter de “colectivo y preventivo”, para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro. En Rosario no se detectaron casos.

Por vía doble. De acuerdo con el pedido de hábeas corpus, “la existencia en la Unidad 4 de mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años o discapacitados a su cargo que no gozan de prisión domiciliaria pone en flagrante evidencia la violación de numerosas disposiciones del ordenamiento jurídico aplicable en la materia”. Esto, en un doble sentido: por un lado, respecto de las internas; por el otro, respecto de los niños.
  Este último aspecto es el que más se destaca a lo largo del documento presentado por Ganón. Las reglamentaciones nacionales e internacionales son muchas y coinciden en que en los primeros años de vida los niños tienen el derecho de estar en contacto con su madre (lo que se incumple cuando la madre está detenida sin su hijo) y que, además, los chicos no pueden estar privados de su libertad (lo que se incumple cuando la madre está detenida con su hijo). Los argumentos presentados siguen guiando a la solución de la prisión domiciliaria.
  El 29 de febrero el juez santafesino Nicolás Falkenberg rechazó la medida al entender que no había motivos que justifiquen el apartamiento de los jueces naturales de las respectivas causas. Además remarcó: “Si bien en la mayoría de los casos el interés superior del niño coincidirá con el otorgamiento de la prisión domiciliaria de la madre; habrá otros en los cuales podrían existir situaciones violentas o de abandono previas al encierro que aconsejen lo contrario. Por ello considero improcedente el despacho de una medida con la trascendencia colectiva peticionada que omite ponderar las situaciones particulares y concretas de la relación de cada interna con su hijo”.
  Al tomar conocimiento de la resolución judicial, el viernes pasado Ganón y el resto de los funcionarios presentaron en la ciudad de Santa Fe una apelación al rechazo del hábeas corpus. “Esta parte no pretende un apartamiento de los jueces naturales, que son los que resuelven la cuestión en definitiva” sino “la necesidad de acogida urgente de los solicitado como «medida cautelar»”, reza la apelación. Y recuerda que la finalidad es asegurar el ejercicio de un derecho  “para que luego los jueces resuelvan en cada caso”,
  “El interés superior del menor está en riesgo con las madres privadas de su libertad”, remarca el escrito, y agrega: “Es evidente que el juez no se quiso hacer cargo de la decisión política que correspondía tomar en este caso”.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario