Hasta anoche las medidas de protesta se habían verificado en cuatro penales. Además de las unidades 3 y 6 de Rosario, en ocho de los 20 pabellones de la Unidad 1 de Coronda: en el ala norte, en los pabellones 1, 9 y 17; en el ala sur, en el 8, 10, 12, 13 y 14.
En Piñero se declararon en huelga los internos de once de los 31 pabellones: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 y 23. En este penal, dijo Gálvez, quienes se pliegan a la medida de no comer deben firmar para confirmar esa situación y así se preparan menos raciones. No obstante, los huelguistas de Piñero sí recibieron los paquetes con ropa y comida que ayer les llevaron los familiares.
En la Redonda
"Necesitamos una respuesta, no queremos violencia ni que salga nadie que no corresponda", dijo ayer a este diario un delegado de la Unidad Nº 3 de Rosario, donde se alojan cerca de 450 presos. Desde la "Redonda", como se conoce a la cárcel de Riccheri y Zeballos, anunciaron ayer a la mañana el inicio de la huelga de hambre, medida acompañada de un paro de actividades laborales en protesta por lo que consideran "falta de medidas de cuidado" para prevenir el contagio del Covid.
La medida fue dirigida a los jueces de Ejecución Penal, quienes controlan el cumplimiento de las penas y pueden resolver sobre las morigeraciones de las condiciones de detención. Así, pidieron que los reclusos que venían gozando del beneficio de salidas transitorias puedan seguir en prisión domiciliaria y que quienes están cerca de cumplir con su condena puedan acceder a medidas alternativas al encierro.
"Nuestra protesta no es contra el Servicio Penitenciario sino contra los jueces de Ejecución Penal, a quienes les pedimos que bajen a las cárceles y se ocupen de algunos temas", dijo el recluso consultado, y detalló que la medida implica no comer ni trabajar: "No vamos a recibir paquetes que nos traigan ni comida externa y cuando nos llaman los guardias para ir a buscar la comida a la cocina, les decimos que no vamos", aseguró.
En la Redonda la población suele ser de reclusos con buena conducta, muchos muy cerca de obtener beneficios de salida. "Hay gente de todo tipo, desde pibes que vienen del Irar hasta hombres grandes, pero somos una cárcel tranquila", aseguró el delegado del penal donde también piden que las autoridades aseguren la integridad física de los presos de edad avanzada y pacientes de riesgo, así como la distribución entre los reclusos de "una cantidad adecuada" de elementos de seguridad sanitarios como guantes y barbijos.
"Fundamenta este pedido la grave situación de vulnerabilidad en la que estamos debido a las condiciones del encierro", escribieron en la nota que elevaron a los magistrados, y afirmaron que esas condiciones se agravan en el marco de la pandemia del coronavirus. "Esto nos genera muchas incertidumbres, que en la mayoría de los casos se traducen en angustias, amplificadas por la privación de libertad".
Tiempo indeterminado
Por su parte, los internos de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero emitieron un comunicado en el que declararon "huelga de hambre por tiempo indeterminado". Los reclusos acompañaron el anuncio con un petitorio en el que pidieron una "audiencia por videoconferencia con las autoridades correspondientes" y una decena de reclamos.
En ese sentido pidieron "atención médica diaria" según cada caso particular de los internos plegados a la "huelga de hambre pacífica", según el protocolo que se aplica en esos casos. También pidieron "recaudos" para los internos que padezcan enfermedades crónicas y mayores de 50 años para que "no sean aún más vulnerados sus derechos y garantías".
También requirieron al SP informes completos de todos los internos en huelga por enfermedades crónicas, internos en plazo de ley para salidas transitorias, condicionales o libertades asistidas con el objeto de "solicitar en tiempo y forma arresto domiciliario bajo palabra, fianza real o pulsera GPS, con o sin financiamiento del estado o como el magistrado actuante disponga".
Los internos también pidieron rever las prisiones preventivas y que se otorguen morigeraciones. Otro punto requiere "tomar en cuenta la facultad del juez y la tutela que demanda la presentación de hábeas corpus para preservar a cada interno que está en huelga de hambre evitando así atropellos o traslados arbitrarios que perjudiquen esta medida pacífica".
"Inevitable"
"Sabíamos que esto era inevitable y lo estábamos esperando para el fin de semana, pero se inició recién el lunes. Hoy recibimos alrededor de 50 llamadas interceptadas desde distintos penales del país como Rawson, Chaco, San Juan y esto nos da una idea de que la acción tiene un armado general", sostuvo Gálvez en alusión al contexto en el que surgieron las protestas. Para el funcionario hay "una estructura comunicante" entre todos los penales del país y estas medidas en cárceles santafesinas son secuela del motín de Devoto.
Sobre la situación sanitaria en los penales Gálvez expresó que se están "ajustando" algunas cuestiones. "Hasta hora disponemos de 300 lugares de aislamiento, un hospital de campaña en el penal 9 de Recreo, contratamos unos 20 médicos y enfermeros y se distribuyen tres veces más productos de desinfección y limpieza en todas las cárceles de lo que se hace de manera habitual".
Además el funcionario sostuvo que el SP está elaborando "los informes que piden los jueces para responder a lo solicitado mediante los hábeas corpus y aceptar lo ordenado por la Justicia". En ese sentido aseguró que "ya salieron 32 internos de los distintos penales pero por otro lado los jueces rechazaron otros tantos pedidos".
En lo que hace a la pandemia y la enfermedad Covid19 aseguró: "No tenemos ningún caso positivo, el que era sospechoso dio negativo y no recibimos otra información. No hay enfermos por el momento en las cárceles de Santa Fe" y confirmó que "se esperan los escritos de los delegados de las unidades carcelarias para conversar" sobre las demandas de los presos.
Pendientes de resolución
En ese marco la defensora pública de la provincia, Jaquelina Balangione, indicó que "la huelga como modo de manifestación pacífico, tal como lo expresan los delegados que participan de la medida, extiende una queja tanto por numerosos recursos judiciales pendientes de resolución como por las condiciones carcelarias referidas a alimentos, artículos de higiene, limpieza y aplicación de protocolos” ante la pandemia de coronavirus.
Ante el inicio de huelgas de hambre en las cárceles de Piñero, Coronda y la Unidad 3 de Rosario, Balangione manifestó que los defensores públicos redoblaron los contactos con la población carcelaria de esos institutos desde la madrugada. Hasta ayer el servicio había realizado 379 trámites solicitando morigeraciones o medidas alternativas a la prisión, además de los hábeas corpus correctivos y colectivos por cuestiones estructurales de las dependencias penitenciarias.
Según indicó, la Defensa Pública participó de las reuniones de la mesa de diálogo por la situación carcelaria, de las que “surgieron acuerdos y acciones en común”, pero “siguen resultando insuficientes”. Hasta anoche, no se había convocado.
Mayoría de rechazos
En este contexto cabe destacar que la Cámara Penal de Rosario denegó hasta ahora un 80% de los pedidos de prisiones domiciliarias ingresados en el marco de la cuarentena. En su mayoría, los rechazos se basan en que el delito atribuido a quien pide la morigeración no lo habilita a obtener una prisión atenuada. Pero también porque no se demuestra que la salud de la persona que pide el beneficio estaría más protegida afuera de la cárcel que adentro.
Desde el 20 de marzo hasta ayer hubo en Rosario 257 reclamos de prisiones domiciliarias, casi el triple de pedidos que lo habitual. De los ya tratados en apelación sólo se aceptó el 19% de los casos. Esto no implica que se haya habilitado la excarcelación sino que la Cámara halló un motivo atendible para que los jueces de primera instancia, que ya habían rechazado los planteos, volvieran a considerarlos.
La mayoría de esos pedidos proceden de hábeas corpus, confirmó Bibiana Alonso, a cargo de la coordinación de estas causas en la Cámara Penal. Este tipo de recursos, explicó, deben demostrar la emergencia en la que está cada interno para ser sacado de prisión. “No se puede plantear genéricamente por la posibilidad de contagio. El hábeas corpus sirve como remedio preventivo para reparar un error o ante un peligro concreto e inminente. Si un interno está en grave situación de salud eso se debe demostrar con sustento médico”, indicó Alonso, y destacó: “Para acceder a la excarcelación el interno debe probar que se irá a un entorno donde esté más protegido que en prisión. Si alguien que tiene salud frágil retorna a una vivienda precaria donde convive con muchas personas el remedio es improcedente, sobre todo cuando el Servicio Penitenciario ya tiene previsto un centro de aislamiento por si hubiera contagios”.
