La madre de Jonathan Herrera, el joven que 13 meses atrás lavaba su auto en la puerta de su casa y fue asesinado por por policías que perseguían a un ladrón, requirió la nulidad del juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa por el cual se les impone a tres miembros de la Policía de Acción Táctica (PAT) penas de 3 años de prisión efectiva por el delito de abuso de armas, aunque el acuerdo todavía no fue homologado por un juez penal.
Con relación al cuarto policía implicado en el trágico caso, identificado como Ramiro R., el fiscal de Homicidios Adrián Spelta pidió la pena de prisión perpetua bajo la figura de autor material del crimen, calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad. La acusación fue presentada ante el juez Gonzalo López Quintana en un escrito con 168 fojas de documentación, entre las que constan declaraciones, entrevistas y filmaciones. La prueba decisiva, en ese marco, es una pericia que establece que el balazo que impactó en la arteria femoral de Herrera provino del arma de R. El joven también sufrió otro balazo que le rozó el cráneo pero su procedencia no pudo determinarse.
Según una reconstrucción integral del hecho realizada por el gabinete criminalístico, el proyectil que rozó a Herrera en la cabeza provino de una dirección distinta a la que estaba el suboficial Ramiro R. Al parecer fue disparado por uno de los dos policías que corrían detrás del principal acusado, preso y camino al juicio oral.
“El primer disparo que impacta en Herrera es el que da en su arteria femoral. Cuando se está agachando recibe el segundo disparo”, explicó Spelta en la última audiencia realizada en diciembre pasado. El responsable de la acusación resaltó que, de todos modos, el resultado del primer impacto sería mortal.
El segundo tiro. Precisamente, esa cuestión es uno de los argumentos de la presentación de la abogada Cintia Garcilazo, en representación de la madre de Jonathan Herrera, ante el juez López Quintana para que no avance el juicio abreviado en contra de los otros tres policías que intervinieron en el hecho. “Se determinó que el disparo que impactó en la femoral salió del arma de R., pero no se pudo establecer qué efectivo efectuó el balazo que dio en la cabeza de Jonathan porque había dos policías en posición de disparo. Entonces, si en el juicio oral en el que analizará la conducta de R. se determina que uno de esos dos policías hizo el disparo no se lo podrá acusar por la muerte de Jonathan porque ya habría sido condenado en el juicio abreviado”, explicó Garcilazo.
El otro argumento que planteó la letrada en el pedido de nulidad es que el actual modelo de enjuiciamiento penal “pregona la oralidad y la transparencia para juzgar a las personas acusadas de delitos”, aunque contempla el proceso abreviado. Ahora el juez López Quintana debe pronunciarse sobre el pedido de nulidad presentado. “Puede aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechaza nos queda la vía ante el fiscal regional (Jorge) Baclini”, indicó la abogada, que se reunirá con el funcionario la semana que viene para explicar los argumentos del pedido.
Hasta ahora R. será el único en el banquillo de los acusados. Los otros tres imputados acordaron en un juicio abreviado las penas de 3 años de prisión efectiva por abuso de armas. Así fue acordado entre su defensora, Sara Fátima Marcos, y el fiscal Spelta. La abogada indicó que el convenio cuenta con el respaldo de los abogados querellantes Paul Krupnik y Gustavo Feldman, en representación de la esposa y el hijo de Herrera. El acuerdo alcanza a los efectivos Francisco R., de 19 años; Luis S., de 21; y Alejandro G., de 19, este último en prisión domiciliaria.
Tarde fatal. El crimen de Herrera ocurrió a las 15 del 4 de enero del año pasado en Ayacucho y bulevar Seguí, cuando el joven de 22 años lavaba el auto frente a su casa y quedó en medio de una ráfaga de tiros de agentes que perseguían a un ladrón. Hasta ese lugar lo había seguido una patrulla del Comando Radioeléctrico tras el robo a una juguetería de San Martín al 3500.
Los efectivos del Comando ya habían herido y atrapado al maleante cuando cuatro agentes de la PAT que iban en un colectivo de la línea 133 por Seguí hacia al este vieron la escena. Los efectivos hicieron detener el ómnibus y se plegaron al operativo con al menos 20 disparos. Tres de esos tiros mataron a Herrera, quien intentó en vano refugiarse en cuclillas detrás de un árbol. Desde entonces los agentes de la PAT están con prisión preventiva y la pesquisa avanzó en la colecta de pruebas y testimonios. Entre ellos el del ladrón, quien dijo que ya estaba reducido y con un pie en la cabeza cuando los policías le dispararon a Herrera.