Los integrantes de la cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario presentaron la semana pasada, ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, un informe en el cual detallaron el estado de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en la Argentina (del cual el Subcomité es el órgano responsable de su seguimiento) y denunciaron la "excesiva mora del Estado provincial en el cumplimiento de su obligación de crear y poner en funcionamiento un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura tal como lo establece la ley nacional 26.827 promulgada en enero de 2013 y reglamentada en abril de 2014".

En ese sentido, los docentes denunciaron que el actual proyecto de ley de creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura presentado por la legisladora Alicia Gutiérrez y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre, "viola ostensiblemente los requerimientos nacionales e internacionales para la creación de órganos de control" como éstos. Y justifican esa violación en que "el proyecto, al igual que otros precedentes, no cumple integramente con el Protocolo Facultativo, ni con los documentos, recomendaciones y jurisprudencia del Subcomité de Naciones Unidas ni con la ley nacional".

Principales críticas

"Los principales desajustes se refieren al principio de independencia funcional, financiera y personal, recursos económicos y humanos adecuados, infraestructura, dedicación y remuneración de sus integrantes, facultades, etc.", dicen los universitarios. Y agregan: "Además de estas cuestiones denunciamos que la integración propuesta y el procedimiento para la selección y designación de integrantes previsto por dicho proyecto deja sin la debida autonomía, independencia y objetividad al organismo a crearse".

Es que el proyecto sostiene que el Mecanismo Provincial tendrá "dos representantes designados por la Defensoría del Pueblo y dos por el Poder Ejecutivo y solamente una persona propuesta por la sociedad civil, lo que la convierte en absolutamente violatoria del Protocolo Facultativo y un caso sin igual entre las leyes de otras provincias". También critican los docentes que el proyecto "se ha sancionado sin la participación amplia y activa de organizaciones de la sociedad civil e ignora las advertencias, recomendaciones, sugerencias, pedidos y propuestas que tanto organismos de derechos humanos, intituciones estatales como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la cátedra y otros han realizado a la Legislatura". Incluso, dicen, "presentando un anteproyecto de ley que se adecúa plenamente" a lo solicitado por organismos internacionales.