El funcionario del Servicio Penitenciario bonaerense que tenía a su cargo controlar el funcionamiento de las pulseras electrónicas que monitorean en forma satelital a los presos con arresto domiciliario fue desplazado de su cargo y puesto a disposición del fiscal que investiga la masacre de Campana.

La decisión fue tomada por el ministro de Justicia de Buenos Aires, Ricardo Casal, quien confirmó que el 24 de julio pasado (día en que secuestraron a la familia Mansilla) el jefe técnico de monitoreo de las pulseras magnéticas advirtió una falla en el sistema de monitoreo de Angel Fernández, el principal sospechoso del cuádruple homicidio, y que sólo fue admitido el viernes a la noche, tras la confesión del hijo de Fernández.

Falla no informada. El viernes, "cuando no nos cerraba el tema de la extracción de la pulsera por parte del acusado, insistimos con el análisis de la información", declaró Casal. "A las 23.30 el jefe técnico admitió que el 24 de julio hubo una falta de contacto no comunicada por el sistema, lo que fue informado al fiscal. Entonces se tomó la decisión de desplazar del puesto a ese funcionario", agregó.

En ese sentido, Casal profundizó: "En el caso de Fernández, la información en un primer momento indicaba que la pulsera había registrado solamente dos movimientos, uno fue el traslado a un juzgado, y otro un intento de fuga. Sin embargo, a las 23 del viernes descubrimos que el 24 de julio hubo una falta de contacto entre la piel la pulsera y eso no fue informado".

Lanzarán controles. "Por ese tipo de omisiones se pueden provocar hechos como el desenlace fatal de la familia Mansilla. Y por eso, entre el lunes y martes próximo se profundizaran las medidas de seguridad", enfatizó el ministro.

Según dijo el funcionario, hay actualmente en la provincia de Buenos Aires unas 300 personas que portan ese dispositivo satelital y que deberán ser revisadas a raíz del escándalo desatado por la irregularidad detectada en el caso de Fernández.