Policiales

Ratifican absoluciones a 10 policías imputados por el robo de combustible

Viernes 20 de Octubre de 2017

La Cámara Penal desvinculó definitivamente a diez policías que formaron parte de la Jefatura de Cañada de Gómez y que habían sido acusados de distintos delitos por el robo de 16.500 litros de combustible de Repsol-YPF en 2007. El fallo confirmó la absolución de los efectivos con críticas a las demoras de la Justicia. La Cámara apuntó que, pese a que el caso no era difícil de esclarecer, las incomprensibles dilaciones (más de 10 años) terminan siendo prioridad para resolver un delito con una expectativa de pena más baja que el tiempo de investigación.

El robo fue la madrugada del 8 de julio de 2007. Repsol denunció que policías de Bustinza acudieron al lugar, detuvieron a tres personas y secuestraron un camión cargado de combustible. Entonces ocurrió un segundo delito: otros policías llegaron y ordenaron liberar a los detenidos. Del lugar desaparecieron los ladrones y el camión, lo cual no quedó reflejado en actas policiales.

Por el hecho, la jueza Ana María Bardone procesó ese mismo año a diez policías. Siete fueron acusados de encubrimiento, por presumir se enteraron de lo sucedido pero por no desafiar órdenes de sus superiores callaron lo que sabían. A otros tres les atribuyeron ser partícipes secundarios de robo: el entonces titular de la URX, Sergio Aguilar; el jefe de Investigaciones Javiel Kamlofsky y el oficial Marcelo Cimadamore.

Absueltos

Ocho años más tarde, en agosto de 2015, la jueza Marisol Usandizaga absolvió a todos los polícías por no encontrar pruebas suficientes para condenarlos. El fallo fue apelado y su resolución quedó en manos de los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati y Daniel Acosta.

Si bien aceptó que esa madrugada hubo un intercambio telefónico entre los acusados, Ivaldi Artacho remarcó que la fiscalía pidió sentencia en el caso más de tres años después de la primera acusación y sin que la causa se hubiera movido en el juzgado de Sentencia donde estaba.

El camarista alegó una "irrazonable duración de la marcha y revisión de la etapa de juicio" que superó los diez años y remarcó que ese letargo judicial no puede cargarse sobre los acusados y sus derechos a ser juzgados en un plazo justo.

Su voto fue acompañado por Lurati con la disidencia parcial de Acosta. A su entender, Kamlofsky y Cimadamore debieron ser condenados como partícipes secundarios de robo agravado por su condición de funcionarios policiales a tres años de prisión condicional. Sobre Aguilar, Acosta sostuvo que obvió una serie de diligencias que hubieran podido esclarecer un ilícito, aunque dichas omisiones no alcanzaron para una condena.

Acosta coincidió con el fiscal de Cámaras Guillermo Corbella sobre que una demora indebida en el proceso. Pero dijo que para determinar qué es un plazo razonable hay que tener en cuenta no sólo el tiempo transcurrido, sino también la complejidad del caso, así como la obligación estatal del esclarecimiento judicial de conductas con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición.

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