Policiales

Ratifican absolución de una "mulita" y critican el accionar policial

Es una joven que en 2007, con sólo 18 años, llegó a Rosario en un micro desde Bolivia. Fue sometida a un interrogatorio y a exámenes médicos. No quedó claro si trajo droga en el cuerpo.

Domingo 12 de Diciembre de 2010

“No me voy a olvidar en mi vida de lo que pasé y sufrí en ese interrogatorio”. Hace tres años, en un juicio oral, una chica de 18 años recordaba así el día que llegó en colectivo a Rosario desde su Bolivia natal y un grupo de policías la retuvo en el destacamento de la Terminal, la examinó, revisó pormenorizadamente sus pertenencias y le preguntó con insistencia si había ingerido cápsulas de cocaína para transportarlas como mulita de un lado a otro de la frontera. Al cabo de dos horas de interrogatorio, la joven terminó confesando que llevaba en el cuerpo 40 dosis de esa droga. Aunque a lo largo de la causa nunca se pudo saber con certeza si eso fue así.
  La Cámara de Casación Penal dictaminó ahora que el tormento sufrido por la joven tuvo una razón de ser: determinó que fue sometida a un interrogatorio ilegal de la policía santafesina, que ejerció mecanismos de coerción psíquica y física para hacerla confesar. El tribunal nacional ratificó la nulidad de todo lo actuado contra Susan V. y confirmó su absolución, que había sido dispuesta en 2007 por tres jueces rosarinos.
  Según el fallo dictado en los Tribunales de Comodoro Py 2002, en la Capital Federal, efectivos de la Brigada Operativa Departamental II de la ex Drogas Peligrosas sometieron a la mujer a una demora ilegal de dos horas para “vencer su negativa” a medida que aumentaba el riesgo para su integridad corporal. Es que el peligro para quienes transportan cocaína en el cuerpo es muy alto y una sola falla se paga con la vida: si estalla una cápsula sobreviene la muerte por sobredosis espontánea.
  Los jueces de la Sala II de ese tribunal de apelación, Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci, señalaron que el interrogatorio practicado a Susan fue inconstitucional y violatorio de los procedimientos policiales. Concluyeron así que la chica no se incriminó de manera espontánea sino que fue forzada a confesar.
  Ese no fue el único calvario que sufrió la joven boliviana a poco de pisar Rosario el 4 de octubre de 2006. Tras la “confesión” fue internada en un hospital bajo custodia permanente con el fin de controlar la evacuación de las cápsulas. Como eso no ocurría, en una intervención degradante, desnuda y bajo anestesia, le realizaron una exploración intestinal supervisada en el quirófano por el mismo jefe del operativo.
  Los jueces de Casación no se expidieron sobre ese procedimiento médico-policial porque no estaba dentro del planteo realizado en su apelación por el fiscal general Miguel Rodríguez Vallejo. El encargado de la acusación se había opuesto a la declaración de nulidad del operativo con el argumento de que la joven confesó de manera espontánea al sentir temor por su salud: “Aún admitiendo que fue preguntada, lo fue en aras de un interés superior, su peligro de vida”.
  Los jueces de Casación rebatieron esos argumentos uno por uno. “Tal tesis es inaceptable. Al contrario, concluyo que los agentes de la policía ejecutaron lo que llamaron «demora» —en realidad una verdadera detención porque la sospechosa no era libre de irse— y la prolongaron en el tiempo para vencer la resistencia de la mujer a admitir que había ingerido estupefacientes”, opinó el juez García.

El caso. Susan es hija de un maestro rural y una enfermera. Vivía en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, donde completó los estudios secundarios y trabajó como secretaria en una editorial. El 4 de octubre de 2006 llegó al mediodía a la terminal de ómnibus de Rosario en un micro procedente de la provincia de Salta. Tenía 18 años.
  Lo primero que hizo fue entrar a un locutorio y ahí mismo fue detenida y trasladada al destacamento de la terminal. La policía dijo que el procedimiento se montó en base a un “llamado” que alertó sobre la inminente llegada de una mulita vestida de azafata. Los efectivos dijeron que seguían la pista de dos distribuidores de drogas de Granadero Baigorria apresados tres meses antes, cuando arrestaron a dos bolivianos con 23 pilas de cocaína en el cuerpo en un hotel de Rosario.
  Tras la llegada de Susan, en las inmediaciones de la terminal fueron detenidos dos hombres en una moto. Lucas R., un primo del supuesto cabecilla de aquella banda, quien supuestamente había ido a esperar a la chica para recibir la droga, fue el único que terminó condenado a 2 años de prisión por tenencia de estupefacientes. El otro acusado fue absuelto por falta de pruebas.

Absuelta. “Declaré cualquier cosa para que dejaran de presionarme”, contó Susan en el juicio en el que terminó absuelta tras pasar un año presa. Eso fue en noviembre de 2007, cuando los jueces federales del Tribunal Oral 2 de Rosario, Jorge Venegas Echagüe, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo, declararon la nulidad del interrogatorio policial y eso hizo caer todos los actos procesales posteriores. A la chica nunca le encontraron droga. Tras el calvario, regresó a su país.
  Al revisar el caso, los jueces de Casación analizaron si la declaración de Susan fue espontánea o no. Llegaron a la conclusión rotunda de que fue presionada a incriminarse. Un dato fue el tiempo transcurrido: fue retenida a las 11.30 y admitió la ingesta a las 13.25. “Una demora de dos horas después de un largo viaje no es una acción dirigida a garantizar su salud”, dijeron.
  Otro elemento fue el relato de los dos testigos del interrogatorio: “La chica detenida siempre negaba que hubiera ingerido algo”, “luego de un tiempo, una hora, se puso nerviosa. Asintió sobre la ingesta y dijo cuarenta”, “al confesar lloraba”, “al principio no manifestaba nada y a medida que pasaba el tiempo sí”, contaron.
  Esto, para los jueces, fue revelador de la “evidente coacción a la que fue sometida por parte de las autoridades policiales. El temor infundido por la policía claramente la ubicó en el brete de optar entre su propia salud, incluso su vida, o su libertad personal”.

Prohibido

Para los jueces de Casación Penal, los policías santafesinos realizaron un interrogatorio prohibido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo” y por el Código Procesal Penal de la Nación, que prohíbe a las fuerzas de seguridad recibir declaración de un imputado.

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