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Qué dice el informe de la Corte sobre la casa donde asesinaron a "Ema Pimpi"

El dueño de la vivienda es el camarista penal Oscar Puccinelli. Hay una velada crítica por inconsistencias en el contrato de alquiler, que el magistrado replica.

Domingo 22 de Marzo de 2020

La decisión que permitió que Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval estuviera en un domicilio cuando lo mataron hace siete meses generó un crítico informe de la Corte Suprema hacia dos de los jueces que autorizaron ese pedido. Pero el dictamen hace una larga parada también en que la vivienda de La Florida donde lo ejecutaron, mientras esperaba ser llevado a juicio por un intento de triple homicidio calificado, es propiedad del camarista civil de Rosario Oscar Puccinelli. La objeción del informe hacia este magistrado es porque una vivienda suya fue alquilada, a través de una inmobiliaria, a una persona insolvente. Que es quien permitió que Sandoval, una persona vinculada por agencias penales al narcotráfico, accediera a vivir en ese domicilio, donde fue víctima de un asesinato junto a otras dos personas.

Para el fiscal Guillermo Corbella, instructor de esta investigación de la Corte Suprema para definir los motivos por los cuales Sandoval había llegado a esa casa, no fue legal ni tuvo racionalidad la disposición judicial que le habilitó una libertad con restricciones, dado que no cumplía el imputado ninguna de las excepciones legales que le permitían ese beneficio. Pero también hay un reproche velado hacia Puccinelli, en tanto la vivienda de Pago Largo 654, propiedad del magistrado, fue alquilada por un joven de 23 años sin ingresos, con garantes que aseguran no haber firmado, que son los propios padres del inquilino.

Puccinelli elevó un descargo al máximo tribunal en el momento en que trascendió que la casa donde habían matado a Ema Pimpi, que con anterioridad había sido condenado como ideólogo del atentado a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en 2013, era de él. Lo que elevaba en esa nota formal era un pedido enfático para que se investigara la manera en que Sandoval había accedido a una medida de libertad restringida con dispositivo electrónico en una vivienda. Pero además enumeraba cuestiones que repitió ante este diario: que él jamás se ocupó del trámite de alquiler porque lo había delegado en una inmobiliaria, que desconocía quién era la persona que había quedado como inquilino y que mucho menos se enteró de que quien habitaba su casa había alojado en ella a Ema Pimpi, de lo que supo al trascender públicamente su asesinato. Hasta ese momento siempre le habían pagado el alquiler en término y no había nada que motivara conflicto.

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Lo que dijo críticamente Corbella es que aunque le den otro nombre, el beneficio otorgado a Sandoval no fue otra cosa que una prisión domiciliaria, a partir de un acuerdo entre el fiscal Adrián Spelta y el defensor Fausto Yrure. Consideró cuestionable que dos jueces concedieran el permiso sin examinar los medios de vida que tenía Sandoval ni el origen de sus ingresos, y sin que tenga un garante personal cuando tenía antecedentes ligados al narcomenudeo, y cuando se le venía encima un juicio por un intento de triple crimen, cuyo trasfondo era explícitamente el comercio de droga. Tampoco que hubieran controlado si el propietario de la casa estaba al tanto de quién vivía allí.

Al historiar el caso, Corbella estableció que la casa de Puccinelli fue alquilada a Matías Nicolás Lange, con la constancia del contrato agregado en fotocopias al trámite del caso por el propio camarista. Allí se señala que como locador, es decir como quien cede el alquiler, figura STI Propiedades, cuyo titular es Mariano Mortellaro. Puccinelli adujo que había delegado el alquiler en este agente inmobiliario por haber tenido una mala experiencia con un inquilino en el pasado cuando él mismo administró el contrato.

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El instructor de la Corte sostuvo que el camarista habría otorgado una autorización “escrita y simple” para que Mortellano alquilara la casa. “Pero «dicha autorización» no fue invocada en el contrato de alquiler como tampoco se invocó otro tipo de poder que autorizara la celebración del referido contrato de locación con el mencionado Matías Lange. No figurando dato alguno que identificara al verdadero titular de la propiedad donde ocurrieran las muertes, y en suma al verdadero locador o parte del contrato”, puntualiza el informe que recibió el máximo tribunal.

¿Y quien era Matías Lange? Según Corbella, una persona que no tenía capacidad económica alguna para contratar un alquiler de una propiedad de dos plantas como a la que fue a vivir en marzo de 2019. Al ser consultado su padre, Jorge Lange, dueño de una empresa de radiotaxis de Rosario, dijo textualmente sobre su hijo: “No estaba en condiciones de alquilarla porque no tiene ingresos y estaba en el Veraz. Es raro en esta situación alquilarle a una persona de 23 años que no tenga recibo de sueldo ni que haya demostrado ingresos una propiedad de 25 mil pesos mensuales y de más de 150 metros cuadrados de superficie”, indicó el padre del inquilino, que agregó además que era falso que tanto él como su esposa Cristina Colombo hubieran firmado como garantes de su hijo en el contrato de alquiler.

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El agente inmobiliario, cuando le preguntaron si el inquilino había acreditado solvencia, respondió: “Un locatario no necesita a mi criterio demostrar solvencia para alquilar, en este caso Matías expuso trabajar con su papá dada la relación parental y la información emanada (...) donde daba el domicilio de Matías el del padre”. Por otra parte, al ser convocado por Corbella, Matías Lange afirmó que había llevado pagos en efectivo a la inmobiliaria. Y que no habría estado viviendo en el domicilio de Pago Largo 654 y que por ello no estuvo allí, como él mismo reconoció, la noche del triple homicidio. “Desde la mudanza de Emanuel yo estuve dos o tres semanas más”, dijo en el informe. Según sus dichos se fue de la vivienda en mayo y quien habitó la casa hasta el día de su asesinato, es decir seis meses, fue Sandoval.

Puccinelli sostuvo que no podía dudar de la solvencia del inquilino porque al concurrir a la casa con motivo de caerse una mampostería advirtió que el residuo había impactado sobre “su Mercedes Benz último modelo”, en referencia a Matías Lange, “sobre el cual obviamente no le pedí los papeles, pero supuse que era de él, y además vecinos me dijeron que vehículos de alta gama concurrían a la misma con lo cual presumí su solvencia”. De cualquier modo el contacto con el inquilino era, sostuvo siempre el camarista, con la inmobiliaria.

Corbella llamó la atención de que al constatar la relación contractual con el agente inmobiliario Mortellaro “no se consigna un sistema de cuenta corriente u otra forma de documentación de los pagos”. Y que todas las partes del acuerdo de alquiler manifiestan que los pagos no estaban bancarizados y que no constaba ningún tipo de factura. El mecanismo era que Lange pagaba en efectivo a la inmobiliaria y esta pagba al magistrado propietario personalmente en las oficinas.

En el domicilio de Pago Largo 654, establece el dictamen, el inquilino previo había sido un inquilino de apellido Fernández, un policía propietario de un gimnasio en Capitán Bermúdez, a quien Puccinelli terminó iniciando un juicio por cobro de diferencias con cubiertas por el contrato de alquiler. Ese juicio se inició el 14 de agosto de 2018 y un día después el camarista celebró la simple autorización del alquiler para que actúe Mortellaro en carácter de locador, en la que fijó la única condición de que se le pague un canon mensual de 25 mil pesos. “Ahora bien, en cuanto a la documentación adjuntada, no hay fecha cierta en la autorización de alquiler que se consigna el 15/08/2018, ni tampoco en el contrato de alquiler de fecha 11/03/2019 según el cual habría sido sucripto por el señor Mortellaro con Matías Lange, pues en el sello en fotocopia no figura fehca alguna, y los garantes Lange y Colombo dicen no haber firmado, pese a que en el contrato hay grafías que se le atribuyen a los padres como garantes”, sostiene el dictamen.

Para el sumariante de la Corte, es importante establecer una mayor indagación sobre lo que dijeron todos los involucrados, sobre las versiones declaradas y documentos adjuntados, a los fines de establecer cuál era la efectiva vinculación entre todos, “donde fueron ejecutados y perdieran la vida tres jóvenes”, lo que ocurrió el 25 de octubre del año pasado.

Puccinelli manifiesta con energía no solo poder explicar todo, sino tener la convicción que lo que lo coloca en una posición débil es la sola publicidad de estos asuntos. Contó haber comprado la casa en 1997, haber vivido allí con su familia hasta su separación en 2000, cuando se mudó al centro. Indicó sus vicisitudes con el inquilino anterior y explicó con esos motivos su intención de dar un mandato a la inmobiliaria para que se encargara en adelante del alquiler. Sobre la situación de Matías Lange dijo que al momento de alquilar tenía Cuil, aparecía como “relevante” de dos taxis en la página web de la Municipalidad y tenía un Mercedes Benz A200 de 2017 a su nombre, además de hacer gala de ser empresario de radiotaxis por estar su padre en la cámara del sector. “Según me informó el titular de la inmobiliaria tenía varios garantes que permitían alquilar con respaldo suficiente”, argumentó.

El camarista remarca que la inmobiliaria está en juicio contra Matías Lange. Que nunca lo conoció. Que cuando estaba en un congreso en Costa Rica se enteró del homicidio de Sandoval por un vecino y que llamó de inmediato al fiscal Spelta para informarle que era el propietario de la casa. “Le dí el nombre del inquilino. El fiscal se contactó con con la inmobiliaria pero luego no le entregó la propiedad a ella ni al inquilino ni a la inmobiliaria, sino a la madre de Sandoval, que era un tercero ajeno a la relación contractual”, observó explícitamente el juez. Que también señala que no accedió al informe de la Corte para defenderse de forma más eficiente y que no tiene ningún elemento para pensar que el titular de la inmobiliaria estuvo en connivencia con Lange “para hacerle pantalla a Sandoval, que es una de las hipótesis que manejó la prensa”. Asimismo dijo a este diario que quien hizo la investigación, Corbella, es un penalista, no especialista en Derecho Civil, y “por lo tanto es posible que sus observaciones en materia de contratos sean sesgadas”.

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