El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, señaló que la falta de contacto entre la gestión saliente y entrante en el área que conduce puede generar problemas en prestaciones de seguridad que cambiaron drásticamente, entre ellas la organización del servicio de seguridad urbano en las dos principales ciudades, donde los movimientos de personal y de patrullas requieren de planificación que se realiza con más de un mes de antelación. También es motivo de preparación especial la actividad en las unidades carcelarias, donde en diez años la población casi se triplicó y aparecieron fenómenos nuevos como los pabellones de reclusos de alto perfil, que implican un modo de administración más compleja.
Pullaro dijo ayer que para un cambio de gestión prolijo en la materia sería valioso contar con un posible anuncio del futuro ministro de Seguridad de Omar Perotti para tener algunos días en común un trabajo coordinado. "Hay muchos procesos que nosotros detuvimos por la transición de seis meses a pedido del gobernador electo. Nosotros creíamos y estábamos seguros que durante cuatro meses nos íbamos a poner de acuerdo. Pero llegamos a esta altura y no hubo contacto", dijo.
El ministro indicó que las rutinas de los servicios en la vía pública de parte de policías tanto en patrullas como en binomios de caminantes requieren de una organización que no se realiza de un día para el otro. Hace un mes Pullaro había declarado que los encargados del área que lo suceden deberían disponer al menos 60 operadores para coordinar con los actuales, a fin de interiorizarse en funciones que cambiaron totalmente en el servicio policial, como el control de combustible, racionamiento, ingreso y egreso de personal y recorrido de móviles en la calle.
"Seis meses de transición sin contactos para un ministerio como el de Seguridad es mucho tiempo. Por ejemplo se venció la licitación de todo el servicio 911, que está preparada pero frenada hasta saber qué hacer. Son licitaciones muy grandes que no podemos hacer de manera unilateral. Se realizó una prórroga con la empresa que está prestando todo el servicio para evitar la caída del sistema", sostuvo.
Pullaro indicó que los mecanismos previstos para el transporte de policías y agentes del Servicio Penitenciario, que organiza los viajes diarios de más de 400 policías, vencen en diciembre. "Esa licitación está frenada,como también la compra de patrulleros, que es un proceso largo, con licitaciones millonarias. La renovación de patrulleros es clave para la tarea preventiva y por el acuerdo de la transición de no realizar esos gastos decidimos frenar esa compra que siempre son de más de 150 vehículos. También los temas de mantenimiento de las unidades", aseguró.
La compra de armamento según Pullaro está paralizada. También los procesos vinculados a los ascensos policiales y los egresos del Instituto de Seguridad Pública (Isep). Los empleados policiales en estos casos están aguardando destino porque las autoridades salientes no quieren decidir asignaciones que puede no estar dentro de las prioridades de la nueva administración.
"No es la intención entrar en una pelea, lo que si sorprende es que no parezcan interesados en saber de estas cosas", afirmó el responsable de Seguridad, que a partir del 11 de diciembre se desempeñará por cuatro años como diputado provincial.
Otros aspectos sobre los que se proyecta incertidumbre se vinculan al llamado Operativo Verano en playas y rutas, la seguridad deportiva y eventos que imponen la asignación de recursos policiales y materiales.
Un tema complejo
La administración de prisiones es otro campo que tuvo alteraciones importantes, con casi tres veces más internos alojados y seis unidades carcelarias nuevas. Según el actual secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, una dimensión importante del problema carcelario es el cambio en su población. Cuando el PJ se retiró del Estado en 2007, afirma, había poco más de 2.000 presos en cárceles. La mitad estaba en Coronda, que hoy es una cárcel más. Sólo en Piñero hay 1.800 presos en la actualidad y hay establecimientos nuevos como el de Pérez con 320 internos o la alcaidía de la zona oeste de Rosario con 120.
"Hicimos más cárceles, pero mantener el orden día a día supone un diseño complejo de administración, de un vínculo distinto con internos que cambiaron cualitativamente y del gobierno de 3700 empleados penitenciarios", sostuvo el funcionario.
Cococcioni señala que los pabellones de alto perfil implican un trabajo específico y un grupo de celadores que rota permanentemente, porque las medidas de seguridad exigen más planificación y control que las destinadas a delincuentes comunes. "La supervisión de presos como (Esteban) Alvarado, (Ariel) Cantero, (René) Ungaro o (Luis) Bassi requiere más que un muro y un cerco perimetral. Esto es porque son personas con mucho más poder económico y con capacidad de incidir en lo que pasa adentro y afuera de la cárcel", sostuvo.
Variables
Según indican en la central operativa OJO, que diagrama los servicios policiales, hoy existen herramientas tecnológicas que el personal político con mando tiene que conocer para poder generar estrategias junto a los funcionarios policiales. Y los informes de incidentes de violencia se trabajan con numerosas variables de base de datos.
Frente a los hechos, sostienen en el OJO, hay una gran cantidad de información en tiempo real para los decisores políticos. Para las autoridades ministeriales actuales es útil y provechoso que los responsables que entran puedan tener debate con los salientes.
