POLICIALES

Prorrogan las medidas de conducta a empleado de Fiscalía acusado de cohecho

Nelson Ugolini participaba de las maniobras por las que fueron destituidos su jefe, Gustavo Ponce Asahad, y el ex fiscal regional Patricio Serjal.

Jueves 05 de Noviembre de 2020

Nelson Ugolini, el empleado judicial que quedó implicado en la causa por el cobro de coimas a un empresario de juego ilegal que llevó a la detención y destitución de su ex jefe, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, y el ex fiscal regional Patricio Serjal, deberá seguir cumpliendo las reglas de conducta que la Justicia le impuso hace tres meses mientras sigue en libertad pero ligado a la investigación.

En este sentido, el pasado martes la jueza Eleonora Verón decidió prorrogar la prisión preventiva que pesa sobre Ponce Asahad desde el pasado 4 de agosto por 90 días más, es decir hasta el 2 de febrero de 2021, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados.

La decisión fue tomada luego de que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sostuvieran, al revisarse la medida cautelar, que “la investigación está en curso y hay medidas a la espera de resultados”. Y, en ese marco, dijeran que “lo que ahora analizamos es una situación más amplia, no sólo en cuanto a los hechos ya apuntados sino en cuanto a las personas” implicadas en la maniobra.

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Ahora fue el turno de su empleado, Nelson Ugolini, quien en una audiencia realizada por videoconferencia en el Centro de Justicia Penal a la que llegó acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario, todos en concurso ideal y en grado consumado, escuchó de parte de la jueza Verón la prórroga de la medida cautelar que lo obliga a permanecer en libertad con restricciones tales como fijar domicilio, firmar semanalmente en la OGJ y pagar una caución de 4.982 dólares.

Tanto Ponce Asahad como su empleado fueron imputados por la Fiscalía de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos por delitos contra la administración pública con la participación del ex fiscal regional Patricio Serjal, todos los que “diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero del empresario de juego Leonardo Peiti (ya imputado) a cambio de transmitirle información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes propios de su competencia con objeto que no prosperen posibles imputaciones”.

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En ese sentido, vale recordar que la acusación sostiene que desde al menos marzo de 2019 Serjal acordó con Peiti que quien se encargaría de mantener vínculo con él a fines de cumplir el pacto era Ponce Asahad, a tal punto que en noviembre de ese año hubo un encuentro en un hotel de la ciudad de Buenos Aires entre los últimos para acordar el pago de una cuota mensual de unos 5 mil dólares a cambio de la información y protección. Al respecto, los fiscales mencionaron que hubo varios encuentros entre las partes en bares y lugares céntrico de Rosario; que Serjal advirtió en una visita al Organismo de Investigaciones que había una pesquisa sobre Peiti y trató de intervenir junto a Ponce Asahad para hacerse cargo de la investigación y así informar a quien les pagaba por lo que le exigieron una cuota de 100 mil dólares para evitar que la misma prospere.

En cuanto a Ugolini, se le atribuyó haber transmitido información a Peiti sobre causas en trámite en el Ministerio Público de la Acusación que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo, tal el caso de una investigación que tenía como sospechosas a otras dos personas vinculadas a él que habían sido detenidas por portar armas de fuego sin la debida autorización y de lo cual el empleado judicial lo advirtió remitiendo imágenes de pantalla por WhatsApp; y la transmisión de datos realizada en marzo de este año acerca de domicilios que serían allanados por funcionar allí salas de juego clandestino.

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