Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Bajo esa figura, que prevé una condena de 8 a 25 años de prisión, la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas procesó a Andrés Soza por el crimen de Gabriela Núñez, la chica de 16 años con la que mantenía una relación sentimental paralela a su noviazgo formal. El trágico hecho ocurrió la noche del pasado 5 de agosto en Sucre y San Juan, corazón del barrio Azcuénaga, cuando el muchacho disparó un balazo en la cabeza de la adolescente en medio de una discusión originada momentos después de que ella saliera de un instituto donde estudiaba inglés.

De acuerdo a lo trascendido ayer en los Tribunales locales, donde hoy se darán a conocer los fundamentos del fallo, tanto la defensa de Soza como la fiscal de la causa apelarán la medida. El abogado José Luis Vázquez, representante legal del joven procesado, lo hará por entender que "no hay hechos que probabilicen la muerte de la chica en relación a Soza", según dijo ayer a este diario el profesional. En tanto, la fiscal Rita Schiappa Pietra lo hará probablemente para que se recaratule la causa como homicidio por alevosía, debido al estado de indefensión en el que estaba la víctima al momento del homicidio. En caso de ser así, la pena que le podría caber a Soza es la de prisión perpetua.

Un mensaje de texto. La noche del 5 de agosto, poco antes de las 20, Gabriela salió del instituto de Mendoza al 4800 donde estudiaba inglés. Empezó a caminar por calle Sucre hacia San Juan para tomar un colectivo que la lleve hasta su vivienda de la zona oeste. Mientras lo hacía, envió a una amiga el que sería su último mensaje de texto: "Andrés me quiere matar". Pocos segundos pasaron para que su advertencia se convirtiera en una triste realidad.

En tanto, el padre de Gabriela se subía a esa hora a su auto preocupado porque la chica se demoraba en volver a la casa. Pasó por el instituto de inglés y le dijeron que ya se había retirado. Entonces dio la vuelta manzana para regresar y vio como numerosas personas se arremolinaban en Sucre al 1100. Cuando bajó del vehículo se encontró con la peor de las sorpresas. La adolescente estaba tirada en el piso, en medio de un charco de sangre. Un balazo en la cabeza le había quitado la vida.

Según la investigación, Gabirela mantenía un vínculo sentimental con Soza, quien por su parte llevaba adelante una relación formal con otra chica. Fue precisamente esta joven la que declaró que Andrés había complicado a ambas en un triángulo que "terminó con la muerte de Gabriela".

Andrés Soza es hijo de una médica pediatra de una empresa de emergencias. Le faltan dos materias para graduarse como contador público. Es alto y de físico robusto. Dos horas después del crimen se presentó en la comisaría 30ª, en el barrio Parque Field II, muy lejos del lugar de los hechos pero en donde cumple funciones un primo suyo que es policía. Por eso fue a buscar refugio allí, para luego ser derivado a la seccional 6ª.

Entre la hora del asesinato y su entrega, Andrés hizo viajó en su Peugeot 206 hasta su casa de fin de semana en Oliveros, pero regresó cuando su hermano le avisó que lo buscaba la policía. En el camino arrojó el arma a unos pastizales y jamás fue encontrada para peritar.

Las pruebas. Hasta ahora, Andrés está comprometido por una serie articulada de indicios: el mensaje de texto, los tickets de peaje de la autopista en su ida y vuelta a Oliveros, y el intercambio de mensajes entre su celular y el de Gabriela en horarios cercanos al crimen.

También lo incrimina su confesión ante la policía, cuando dijo que forcejeó con la joven, que le mostró el arma para asustarla y que cuando ella quiso agarrarlo de la mano "se escapa un tiro", por lo que se asustó y salió corriendo con el arma sin saber si la chica estaba herida o qué había pasado con ella. Pero días después, en Tribunales, el ahora procesado adjudicó el crimen a un acto de delincuencia común. Soza admitió la discusión con la adolescente pero manifestó que después de que ella le diera "un manotón en el pecho", el se fue y no volvió a verla. Ante la jueza, el muchacho no hizo mención al arma ni explicó de dónde surgió, a esa hora y en ese lugar, el disparo que mató a Gabriela.

Esas diferencias entre los dichos de Soza en sede policial y en el juzgado originaron un incidente judicial que deberá dirimir la Cámara de Apelaciones a la que recurrió la defensa del muchacho. Es que el abogado José Luis Vázquez solicitó a la jueza Rodenas que no considerara el acta policial porque su cliente no había sido convenientemente resguardado a la hora de declarar. Por su parte, tanto la magistrada como la fiscal entineden que el interrogatorio en la seccional se hizo con todos los resguardos legales previstos para un imputado aunque el valor de esa declaración como prueba es relativo y no definitorio: vale en relación a otras evidencias (como la autopsia, la declaración de testigos, pruebas balísticas y de rastros). Ahora será la Cámara quien deberá resolver si la declaración ante la policía es válida o no.