Siete personas, entre ellas dos gremialistas, fueron procesadas por el crimen del dirigente sindical Abel Beroiz. Con distintos niveles de responsabilidad, les atribuyeron la ejecución del homicidio, la logística y la instigación del crimen del ex titular del Sindicato de Camioneros de la provincia. Pero a 11 meses del asesinato tramado a la sombra de internas sindicales, el caso no está cerrado: la pregunta sobre quién mandó a matar al líder sindical sigue abierta.

  Para el juez Osvaldo Barbero, no se descarta que del homicidio hayan participado otros ideólogos interesados en eliminar a Beroiz, quien manejaba una cuenta millonaria como tesorero de Hugo Moyano en la Federación Nacional de Camioneros. Por eso la instrucción de la causa seguirá abierta. "La causa no se cierra. Se va a seguir investigando", dijo a este diario la fiscal Rita Schiappa Pietra. La causa recién prescribirá dentro de 11 años.

  Una persona que en la presunción de los investigadores aparecía cercana a la figura del ideólogo, aunque sin una imputación directa, era Raúl Luna, ex número dos del sindicato. Le reprochaban haber formado un grupo opositor a Beroiz. Prestó declaración informativa bajo una leve sospecha pero esas actuaciones fueron archivadas. "No había otra posibilidad, porque Luna no había sido indagado", observó su abogado, Froilán Ravena. Esto no impide que resulte imputado si en el futuro se encuentra algún elemento en su contra. Luna está ahora desvinculado de la actividad gremial.

  Abel Beroiz, de 71 años, fue asesinado el pasado 27 de noviembre en el subsuelo del ACA, en San Juan y la cortada Barón de Mauá. A las 7.10 lo abordaron dos hombres que lo balearon en una mano, en el pecho y en el tórax y le asestaron varias puñaladas. Dejaron en el lugar una agenda con su foto y datos personales que orientarían la pesquisa hacia Raúl Oscar Flores, un joven de 23 años que con su confesión aclaró la causa.

  La principal hipótesis sostiene que se trató de un crimen por encargo vinculado a internas gremiales. El mismo Flores dijo que el homicidio fue por "el puesto" del dirigente. Esta línea llevó a descartar que el caso comprometiera a esferas más altas de la estructura sindical.

Quién es quién. En la resolución judicial del caso, cuatro imputados fueron procesados como coautores de homicidio calificado. Esta figura se aplica a quien mata u ordena matar por precio y se pena con prisión perpetua.

  Uno es el confeso autor material, Raúl Oscar Flores. Su abogado, Gonzalo Basualdo, no apeló la decisión. Otros dos son los gremialistas que, a criterio del juez, tenían razones personales para correr del medio a Beroiz: Juan Carlos Dell’Arciprete, a quien el asesinado líder sindical había desplazado de su puesto en Casilda; y Alejandro Lázaro, de la filial San Lorenzo, quien estaba en la mira del dirigente.

  El cuarto procesado como coautor del crimen por encargo es Julio Gerez, un gestor de trámites por accidentes laborales que habría contactado a Flores a pedido de los sindicalistas. A éstos y a Gerez los incrimina una triangulación de llamadas telefónicas.

  La resolución no distingue formalmente entre autores "materiales" e "intelectuales", pero fuentes del caso señalaron que los últimos tres habrían asumido los dos roles, al proponerle el crimen a Flores y luego proveerle el arma y el dinero. Los defensores Jorge Bedouret, por Gerez, y Daniel Terani, por Dell’Arciprete, ya apelaron la resolución que ahora será revisada por la Sala III de la Cámara Penal.

Los partícipes. Otros dos hombres fueron procesados como partícipes secundarios en el crimen. Se trata de dos tíos de Flores, Hugo Ricardo Bustos y Leandro Héctor Flores, acusados de aportar sus casas como lugares de reunión durante la planificación del homicidio.

  La acusación más leve fue para Natalia del Percio, ex pareja de Flores, la única en la lista que irá a juicio en libertad. La joven de 25 años fue procesada por comprar electrodomésticos con los 12 mil pesos del pago que Flores recibió tras el crimen. Mauro O., un pintor de 18 años y primo de Natalia que estaba acusado de acompañarla resultó sobreseído.

  El juez dispuso además el archivo de las actuaciones respecto de Luna y su chofer, Mario López, quienes no estaban imputados. Sólo quedó pendiente de resolución la situación de Marisa Z., la mamá del adolescente de 15 años que acompañó a Flores el día del crimen, Juancito, quien no fue sometido a proceso porque no es punible. La mujer estaba en libertad acusada de encubrimiento, pero el juez quiere indagarla por una autoría mediata en el crimen, lo que implicaría su regreso a prisión.