Perseguir y balear a un ladrón no es un acto de legítima defensa, sino un crimen injustificado. Ese principio legal fundó la resolución de un juez penal rosarino que procesó por homicidio agravado a un custodio por seguir y matar desde un auto a un motociclista, tras el robo de la batería de un camión en barrio Moderno. Para el magistrado, en el caso quedó expuesto que la vida del vigilador no estaba en peligro porque la reacción ocurrió en un lugar y un momento diferentes del robo.

Ese dictamen judicial frente a un caso reciente, el homicidio de Miguel Benítez en Biedma y Solís, reactualiza el debate sobre los límites de la reacción ante el delito. Los actos de los “justicieros” suelen generar adhesión de ciertos sectores de la sociedad, pero lo cierto es que el ataque a la propiedad privada no autoriza a matar. Toda persona tiene derecho a defenderse, por eso la ley reserva la figura de la legítima defensa. Pero el peligro termina cuando el ladrón se va.

La resolución fundada en ese enfoque alcanzó a Maximiliano Basile, un changarín humilde de 35 años que se ganaba algunos pesos como vigilador informal de negocios en la zona de Presidente Perón y Barra. El juez de Instrucción Jorge Baclini le negó la excarcelación porque está acusado de un delito con una pena mínima de 10 años y 4 meses de cárcel.

El acto. Basile, a quien le dicen Matute, fue enviado a juicio por perseguir a dos muchachos que sustrajeron una batería de un camión estacionado en Garay y Barra. El vigilador y dos empleados de un local de venta de lubricantes salieron en dos autos a buscar a los ladrones. A diez cuadras de allí, el custodio le disparó a la cabeza a Benítez, un joven de 19 años que conducía una moto Gilera 110 en la que llevaba a un amigo. No está probado que fueran ellos los autores del robo.

En la desproporción entre el ataque y la respuesta se cifró la resolución del caso: para el juez Baclini quedó probado que el peligro había cesado cuando Basile disparó dos veces un revólver calibre 38 corto. Para que exista legítima defensa, la ley exige que se reaccione frente a un peligro actual. En este caso, para el juez, “está clara la amplia distancia témporo espacial entre la supuesta sustracción de la batería y el homicidio”.

Baclini remarcó que “tampoco existe el requisito de racionalidad, nadie señala que Benítez y su acompañante tuvieran armas de ningún tipo”. La resolución puede ser apelada.

En la causa quedó acreditado que todo comenzó a las 15.30 del 29 de diciembre pasado en un lubricentro de avenida Presidente Perón 6218. El hermano del dueño había dejado estacionado su camión Mercedes Benz 1518 rojo a la vuelta del negocio, sobre calle Garay, mientras él trabajaba en el acoplado en el frente del local.

En ese momento alguien le avisó que le robaban la batería y vio que se la llevaban dos jóvenes en una moto. Un empleado del lubricentro vio que los motociclistas se alejaban hacia el oeste y le hizo señas a Matute para que subiera a su Dodge 1500 negro. Tras ellos salió otro empleado en un Fiat 147 gris.

Una hora después, en Biedma y Solís, alcanzaron a dos motociclistas y el conductor del Dodge les gritó que se detuvieran. Entonces ocurrió lo inesperado: el vigilador sacó un arma y efectuó dos disparos. Un proyectil ingresó por la frente de Benítez, quien vivía a pocas cuadras de allí con su pareja y su hijo de seis meses. La moto cayó al piso. Su amigo, Mauro L., corrió a buscar a los familiares y una ambulancia llegó al lugar, pero el joven ya había fallecido.

La policía primero pensó que se trataba de un ajuste de cuentas. Pero un llamado anónimo dio cuenta de la situación iniciada en lubricentro. Matute fue detenido al día siguiente en su casa de Ñandubay al 1200 bis, donde secuestraron un revólver 38 con la numeración limada.

Luego fue reconocido por el amigo de la víctima. Los dos empleados que lo acompañaron fueron desvinculados. No se demostró que supieran que Basile llevaba un arma. En cambio el vigilador fue procesado por homicidio agravado por el uso de arma y la portación ilegal de arma de guerra, acusado de provocar un resultado más dramático e irremediable que el robo menor que detonó su reacción.

Drogas. El día del crimen de Miguel Benítez, ante las cámaras de televisión, su padre responsabilizó por el caso a los vendedores de drogas del barrio. Luego dio detalles en Tribunales, donde habló de connivencia policial con los narcos. Ahora el juez Jorge Baclini envió copias de esas declaraciones al juzgado federal en turno para que las investigue.