Policiales

Procesan a integrantes de la banda del "Zar de la droga"

El grupo fue desbaratado a partir de febrero cuando mataron a su líder, Claudio "Ecayo" Torres. Lavaban dinero narco bajo protección policial

Sábado 29 de Junio de 2019

Cinco meses después del asesinato mafioso de Claudio Lorenzo “Ecayo” Torres, conocido como “El zar de la droga” de la ciudad de Río Cuarto y ejecutado por dos sicarios el 16 de enero, el juez federal Carlos Ochoa dictó 20 procesamientos, ocho de ellos con prisión preventiva, en la millonaria causa denominada “Lavado premium”, que permitió desarticular una banda en la que están implicados jefes policiales, empresarios inmobiliarios, sindicalistas y comerciantes. En ese marco, ayer fue detenida Gabriela Sueli Suárez, a quien se acusó como parte de la banda y pareja de Cristian Fabián Ortíz, uno de los prófugos de la organización criminal.

   Lo que más sorprendió de la resolución judicial de 300 páginas que se dio a conocer esta semana fue el fuerte llamado de atención que realizó el juez al Estado sobre “el crecimiento exponencial de las organizaciones que proveen, distribuyen o comercializan estupefacientes”. Y el reclamo “a los distintos estamentos de gobierno” para que procuren medios para combatirlas y ofrezcan “una respuesta adecuada al adicto y a su familia porque es deber del Estado guardar la salud pública en todas sus órbitas”.

   No sólo se quedó allí el magistrado. También dijo haber padecido una “carencia absoluta de fuerzas de seguridad locales que de modo transparente y responsable se ocuparan de investigar”, algo que parece extenderse a otras provincias argentinas y al propio Estado nacional. Y que por eso debió utilizar una fuerza foránea (la Policía de Seguridad Aeroportuaria), ya que las locales eran “nada confiables” para enfrentar a “narcotraficantes profesionales, con una integración en número no menor, con diversidad de movimientos dentro y fuera de la región o jurisdicción, incluso con conexiones en países limítrofes”.

   Y profundizó: “debo señalar que miembros de Gendarmería Nacional primero, de la policía de la provincia de Córdoba luego, y finalmente de la Policía Federal Argentina, quienes sucesivamente fueron sometidos a procesos penales, se constituyeron en serios obstáculos para las investigaciones de este juzgado, que en total soledad dirigió la lucha contra el narcotráfico”, señaló el juez.

   Aludió a los casos de los gendarmes que investigaban a Torres y terminaron presos, al ex segundo jefe departamental de policía Leonardo Hein (ex jefe de Drogas condenado por incumplimiento de sus deberes), y a policías de la Federal que habrían filtrado escuchas del juzgado.

   Sobre la causa en particular, Ochoa explicó que su pesquisa apuntó al “eslabón superior y fundamental del narcotráfico: el flujo financiero”. En ese sentido dijo que la banda “acopiaba, fraccionaba y comercializaba estupefacientes para después lavar el dinero obtenido mediante la compra y venta de autos de alta gama en diferentes concesionarias de Buenos Aires”.

Dos etapas

En ese orden la investigación tuvo dos etapas. La primera, tras el crimen de Torres, derivó en 46 allanamientos en los que hubo 14 arrestos y el secuestro de 6 millones de pesos, 42 autos de alta gama, ocho motos, un cuatriciclo, 10 armas de fuego, inmuebles por 27 millones de pesos y 107 celulares. En tanto, el pasado 22 de junio hubo otros 26 allanamientos en Córdoba y Buenos Aires, en los que hubo otros 16 detenidos y se secuestraron 52 autos de alta gama, siete motos, dos cuatriciclos, una moto de agua, tres armas de fuego, municiones de diferentes calibres, 68.000 dólares y 46.000 pesos.

   En la resolución, el juez concluyó que Claudio Torres, junto con Andrés Rivarola, Mariano Rivarola y Gabriel Bossi, habrían sido los líderes de una organización de narcolavado que ingresaba droga a Río Cuarto desde Paraguay, Bolivia, Buenos Aires y Santa Fe. Y que supuestamente la comercializaban tanto en Córdoba como en San Luis, en el sur del país y hasta en Chile.

   En el dictamen, el juez Ochoa procesó con prisión preventiva al ex jefe de Investigaciones de la policía cordobesa, Gustavo Oyarzábal, como partícipe necesario del narcolavado y supuestos vínculos con otros delitos. Y fundamenta su decisión en informes de Gendarmería en los que se cita a un testigo que asegura que “Oyarzábal es oreja de Claudio Torres, le pasa toda la info. El tipo dice que si se entera que alguna fuerza lo está investigando, no le cuesta nada ponerle un kilo de merca en el auto y hacerle un control en la esquina de su casa a los que lo están investigando”.

Uno por uno

Los otros procesados con prisión preventiva son Andrés Hernán Rivarola, dueño de una pollería, departamentos y cocheras; Mariano Martín Rivarola, puente entre su hermano y Torres; Gabriel Bossi, presunto lugarteniente de Torres; Cristian Berti, remisero que atendía un quiosco de Torres; Jonathan Becerra, empleado de un taller de chapa y pintura; Cristian Schiaroli, vendedor de autos; Jonathan Jesús Monserrat, vendedor de autos; y Gabriela Sueli Suárez, pareja del prófugo Cristian Ortiz.

   En tanto, fueron procesados pero quedaron en libertad el hijastro de Torres, Franco Soffli; el dirigente gremial Marcelino Samuel “Sabo” Mansilla; Jorge Echarren; Mariano Peirano; Rodrigo Marcial Villar Benítez; Ayelén “Tati” Gallo, pareja de Bossi; el contador y oficial de la policía bonaerense Cristian Pereyra; María del Luján López de Bravo; y Hernán Eduardo Domínguez, dedicado a la compra y venta de celulares. También están libres pero bajo proceso María Luz Montoya y Mario César Batistini.

   Finalmente el juez dictó la falta de mérito a Silvia Mónica Bin, una mandataria de la ciudad de Santa Fe y al electricista Mario Nober Bruschini. Mientras no se expidió sobre la suerte de Ariel Cortez (financista con antecedentes por lavado) y Andrés Pelussi (concejal de la localidas santafesina de Suardi y ex basquetbolista).

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario