El acusado de apuñalar a su ex pareja de 46 años al abordarla cuando salía de trabajar en San Juan al 600 registraba 11 denuncias previas por agresiones y amenazas a otras mujeres. Esos antecedentes fueron divulgados ayer en una audiencia en la que fue imputado de intento de homicidio calificado —un delito que prevé 10 años de cárcel— y se dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta el juicio. La fiscalía encuadró el hecho como un episodio claro de violencia de género y denunció la "violencia institucional" provocada por la falta de respuesta judicial a las otras víctimas, cuyas historias terminaron en el archivo.
Ese grave contexto fue planteado en una audiencia en la que el detenido alegó no recordar siquiera su nombre completo. Por este motivo el juez José Luis Suárez ordenó, sobre el final, que una junta en salud mental realice una pericia psiquiátrica para determinar si es capaz de entender sus actos. El magistrado dijo no contar con elementos que acrediten ese supuesto y por eso decidió seguir adelante con el acto judicial. Si se determinara que la capacidad de comprensión del detenido estuvo alterada, lo actuado ayer sería declarado nulo.
"Sé que me llamo Cristian. No sé porqué estoy acá ni nada", dijo Cristian Javier M. apenas iniciada la audiencia imputativa. La defensora pública Paula Alvarez pidió que se interrumpa la medida argumentando que el detenido era incapaz de comprender el proceso. Señaló que un dictamen de los forenses Marta Pujol y Carlos Elías había recomendado volver a examinarlo en doce horas y posponer su declaración hasta esa segunda entrevista.
Los fiscales Miguel Moreno y Mariana Prunotto replicaron que ese mismo informe médico, en un párrafo anterior, señaló que el hombre esgrimía una amnesia "ampulosa", de "nula credibilidad" y con las "características de una exageración". Agregaron que al ser detenido fue examinado en la guardia del hospital Agudo Avila porque alegaba un cuadro de amnesia. Según ese dictamen no presentaba "una descompensación psicótica, un síndrome confesional ni una alteración psiquiátrica aguda".
Los acusadores señalaron que cuando un policía le manifestó a M. que estaba detenido por un homicidio, el mismo acusado aclaró que se trataba de un hecho "en tentativa". "Esto da por tierra con el argumento de que está amnésico", dijo Moreno. Como nada acreditaba si esa falta de memoria era real o simulada, el juez decidió seguir adelante. Cuando llamó al detenido por su apellido para preguntarle si entendía de qué se estaba hablando, la primera vez titubeó. En una segunda ocasión respondió "no, no entiendo", aunque permaneció atento a la audiencia y firmó el acta con su apellido.
Testigo clave. Los fiscales lo acusan de la tentativa de homicidio calificado de Stella Maris Rodríguez, una mujer de 46 años que permanece internada en estado delicado y con pronóstico reservado en el Hospital de Emergencias. Fue apuñalada en el tórax, el abdomen y la mano derecha el lunes a las 17, cuando M. la abordó en el portal del edificio de San Juan 642 donde la víctima trabajaba como asistente de una mujer inválida que vive en el 2º piso.
No se dieron a conocer detalles de la relación entre la víctima y M., quien tras el ataque intentó escapar y fue detenido a una cuadra y media con un cuchillo de 30 centímetros de hoja. Según la fiscalía, un testigo vio lo ocurrido y escuchó gritar a la mujer "auxilio, auxilio, me apuñaló". Enseguida llegó a la escena un patrullero con el imputado sentado atrás y ese testigo lo reconoció.
Los fiscales pidieron que le dicten prisión preventiva en un lugar de detención común, sin plazo, teniendo en cuenta que tiene una expectativa de pena de 10 años, que carece de domicilio fijo (según la hermana, vive en la calle) y que podría coartar el testimonio de las otras 11 mujeres que serán citadas para reconstruir el perfil del detenido y hablar de esos casos previos.
Otros casos. Se trata de denuncias registradas en juzgados Correccionales por amenazas y agresiones a diferentes mujeres. Por ese historial, Prunotto pidió que se enmarque el caso en la violencia de género y la ley de protección integral contra las mujeres. "No tenemos datos sobre qué tiempo tiene la relación (entre M. y Rodríguez) pero sí de que ha sido denunciado por amenazar y agredir mujeres y la Justicia no ha dado una respuesta", planteó.
Citando señalamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre una respuesta judicial ineficiente en la materia, Prunotto denunció la "violencia institucional" ejercida por "funcionarios públicos que impiden el ejercicio de sus derechos a esas mujeres. Las denuncias de todas ellas terminaron en archivos". Y remarcó que ese "patrón de impunidad" sigue un rastro desde el primer caso hasta el de Rodríguez, el 12º de la lista.
Finalmente, el juez aceptó conformar una junta médica en salud mental para establecer si M. era capaz de comprender sus actos al momento del hecho, durante la audiencia y si padece algún tipo de amnesia.