Policiales

Primera condena por intimidación pública por una balacera extorsiva en Rosario

Se la impusieron a un joven que mandó balear una casa tras pedir a su dueña una suma de dinero. Tendrá que cumplir prisión efectiva. La figura penal implica voluntad de amedrentar a toda la sociedad

Martes 20 de Abril de 2021

"Te vamos a cuetear a tu hijo, el cajón vale como 80.000, andá a batir a la cana, tienen tiempo hasta las 00.00 de hoy para antes de que rompamos el chip". El mensaje entró en el teléfono de S.D., una mujer de 52 años, el 30 de agosto del año pasado. Le estaban exigiendo que entregara dinero a cambio de no matarle a sus hijos, por lo que la hija de la destinataria hizo la denuncia, junto con un vecino, que llamó al 911. Luego de esos mensajes la mujer encontró en el parabrisas de su auto una nota de contenido amenazante donde le habían dejado un teléfono. Llamó al número desde donde una voz masculina la intimó a realizar el pago a las 12 de la noche de ese día, pero no acató la exigencia. Al día siguiente la fachada de tres casas de la cuadra aparecieron atravesadas por disparos.

La temeridad de este incidente a balazos en la calle Aráoz al 1000, en barrio Alberdi, condujo a una a situación judicial con pocos precedentes: la condena aplicada este martes a la tarde contra una persona por intimidación pública, un delito con mayor carga sancionatoria que un abuso de arma, que es como se suelen catalogar los hechos de balaceras contra domicilios, tenidas como el problema criminal más importante de Rosario durante el año 2020.

Lo que se consideró es que esta intimidación mediante el terror supone, más que un atentado privado, un agregado agraviante, en la intención de amedrentamiento con arma de fuego contra la sociedad toda. Los cargos fueron formulados contra Ezequiel Pelozo que recibió por esos balazos una pena de tres años de prisión efectiva aplicada por la jueza María Isabel Más Varela.

>>Leer más: El mapa de las balaceras: un fenómeno con sello narco comandado desde las cárceles

El delito de intimidación pública fue propuesto en una audiencia en noviembre por la fiscal Valeria Haurigot, coordinadora de la unidad que investiga las balaceras que en muchos casos son ordenadas desde la cárcel con el objeto de infundir terror. Ahora el defensor de Pelozo, Pablo Casella, acordó la aceptación de pena en base a esa figura penal.

La figura de intimidación pública está detallada en el artículo 211 y protege el orden público. Impone de 2 a 6 años de prisión a quien infunda “un temor público” por medios idóneos, por ejemplo, al instalar una bomba. El planteo de Haurigot en la audiencia sobre el caso fue que los disparos en una cuadra de la zona noroeste generaron un constatable temor en los vecinos. Es decir, se contempla la afectación a la persona a la que estaban dirigidos pero también a su entorno social.

Las líneas telefónicas usadas para chantajear a la mujer condujeron a los usuarios Ezequiel Pelozo y otra persona de sexo masculino a quien detuvieron inicialmente, aunque no usaba la línea de las que partieron las amenazas, por lo que quedó libre de reproche. No obstante, a Pelozo se lo identificó como la persona que produjo el llamado intimidatorio contra S.D. y que determinó a un tercero, que no pudo ser identificado, a disparar contra las casas. Un ataque que se consideró indiscriminado contra viviendas vecinas con el afán de infundir temor a los vecinos, según planteó la fiscal.

“Llamame hoy antes de las 0, si no cohete. Acá te lo repito una sola vez”, prometía el segundo mensaje, posterior al primero en el que le pidieron 80 mil pesos. La mujer llamó antes de la medianoche a uno de los teléfonos y siguió recibiendo amenazas. Una era un video de un muchacho exhibiendo su torso y un arma de fuego negra. Le hablaban de una casa en Funes y de tres hijos que no posee. Por eso consideró que se habían confundido de persona e ignoró la exigencia. El llamado se hizo desde la línea de Pelozo.

Horas más tarde balearon la casa de unos de sus vecinos y otras dos más. La identificación de los dueños de la línea más una serie de evidencias aportadas por la Agencia de Investigación Criminal llevaron a formalizar la acusación que esta tarde terminó en condena. La fiscal señaló al acusar que la figura escogida demanda la intención de logar un temor público para lograr conmoción fin de obtener lo requerido en la amenaza que, en este caso, no se cumplió. Pelozo terminó condenado a una pena a cumplir en la cárcel porque ya tenía una sentencia previa, condicional, por la portación ilegal de un arma.

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