El ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, presentó ayer los ejes del proyecto del gobierno para un Código Procesal Penal Juvenil que se enviará en breve a la Legislatura, a fin de que haya un nuevo modelo de enjuiciamiento para chicos de entre 16 y 18 años, menores de edad implicados en delitos.

El proyecto se propone resolver las incongruencias e injusticias que tiene el sistema por el cual en la provincia hoy se juzgan a personas menores de edad: estas básicamente, a diferencia de los adultos, no tienen certeza sobre los plazos en que permanecerán detenidos ni sobre la duración de sus procesos.

El 10 de febrero del año próximo en la provincia entrará en vigencia el nuevo sistema para juicio de delitos. Terminará definitivamente el sistema escrito y se abrirá paso el modelo oral.

En ese marco se proyecta adecuar también el régimen de enjuiciamiento a infractores de 16 a 18 años. Además del proyecto que presentó Lewis el diputado provincial Eduardo Toniolli (PJ), quien ayer expuso junto al ministro, ya elevó a la Legislatura una iniciativa similar. Ambas tienen puntos comunes y por ello existe ánimo de consenso: las dos plantean ampliar derechos para los jóvenes implicados.

Lewis explicó que entre las notas más destacadas de la iniciativa se establece la participación de la víctima en el trámite del juicio, la certidumbre para los acusados y las víctimas sobre los plazos procesales y la reformulación de medidas de privación de libertad, reservándolas como último recurso del Estado. También se dispone la desaparición de los gabinetes interdisciplinarios que se trasladan a los Juzgados de Familia.

Lo viejo e injusto. La presentación se hizo en una jornada organizada por la cartera de Justicia y la Universidad Nacional del Litoral, a través del programa "Delito y Sociedad". En relación a los antecedentes que desencadenaron la necesidad de confeccionar el anteproyecto, Lewis declaró que "actualmente la provincia de Santa Fe tiene una legislación procesal juvenil inaplicable porque se enmarca en el paradigma tutelar que ha quedado virtualmente derogado por la sanción de la ley nacional 26.061 y provincial 12.967 y, especialmente, por la Convención de los Derechos del Niño. Los jueces de Menores, por tanto, no tienen normas instrumentales claras para desarrollar el procedimiento".

"Entendemos que el piso de garantías de un adolescente enfrentado al sistema penal son los mismos derechos que tienen los adultos. Hoy en día, los adolescentes que transitan por el sistema penal se encuentran en peores condiciones que los adultos por el solo hecho de ser menores de edad", advirtió Lewis y enfatizó que por eso se busca materializar esta reforma para, entre otros puntos, darle a los jóvenes certidumbre en los plazos de las medidas que se les aplican y plazos a la investigación. "A ese piso de garantías, hay que agregarles aquellas que les corresponden por su condición de personas en desarrollo. En esto consiste el principio de especialidad" complementó, indicando que el anteproyecto presentado respeta la línea del código procesal penal de adultos, limitándose a regular aquellas cosas que deben hacerse de manera diferente en virtud de este principio.

Los participantes. En la jornada estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, José Manuel Benvenutti; el fiscal general, Julio de Olazábal, y el defensor provincial del Servicio Público de Defensa Penal, Gabriel Ganón. Más tarde disertaron, entre otros, el consultor de Unicef y especialista en derecho de niños y jóvenes con reconocimiento internacional, Emilio García Méndez; el defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata, Julián Axat; y el jurista Alberto Binder, experto en reformas procesales en Latinoamérica.