Policiales

Policías en causas de drogas, los indicios de una conexión sostenida

Narcotráfico en Rosario. Desde 2012 se reiteran los casos de oficiales de la fuerza provincial que son implicados por la Justicia por amparar la venta de estupefacientes.

Viernes 16 de Octubre de 2015

La detención la semana pasada del jefe de la comisaría 19ª, sospechado de atender al enviado de un narcotraficante en su despacho y recibir un soborno, es un hecho que se suma a un largo listado reciente de hechos similares: el de integrantes de la mayor fuerza de seguridad provincial con procesos judiciales abiertos por sus conexiones con bandas dedicadas a la venta de droga, sea como parte activa de las organizaciones o bien por eludir su obligación de perseguirlas. Esta situación en Rosario alcanzó una dimensión apabullante, que se tradujo como fenómeno local distintivo en la diseminación territorial de bunkers en todas las jurisdicciones policiales, a tal punto que el año pasado fuerzas federales enviadas por la Nación allanaron de manera simultánea 67 de estas centros de compraventa de estupefacientes.
  Para que funcionaran a diario estas fortificaciones, desplegadas barrio por barrio y en conocimiento de todos los vecinos, era inevitable la convalidación policial de esa práctica que en los últimos años ha sido un factor importante del alza de la violencia letal por el uso de armas de fuego. Esa complicidad aparece registrada en investigaciones judiciales ordenadas en Rosario pero han sido mucho más elocuentes en las que se hicieron fuera de la ciudad.
  En 2012 el fiscal federal de San Isidro Patricio Ferrari entregó a la Fiscalía de Cámaras de Rosario las constancias de la pesquisa contra una banda de ladrones de autos de alta gama que lideraba el rosarino Esteban Lindor Alvarado. Los auxiliares de Ferrari dijeron a sus pares de Rosario: “Esta investigación es por robo de vehículos pero en las escuchas son evidentes dos cosas: que la actividad principal de esta banda es la venta de droga en Rosario y que tienen un sólido respaldo policial para eso”. Ejemplos de situaciones así son abrumadores.
  La cooperación policial con el negocio de la droga no tiene hasta ahora policías condenados pero sí hechos de gran resonancia pública. Acaso el de más dimensión sea el del ex jefe de policía de Santa Fe Hugo Tognoli que está actualmente en juicio acusado de encubrimiento de narcotráfico. En Rosario el último hecho fue la detención del comisario Carlos Schmidt, jefe de la comisaría 19ª, acusado por el fiscal federal Mario Gambacorta de recibir 8 mil pesos de un enlace del traficante Walter Jure, detenido hace 10 días con 53 kilos de cocaína.

Monos. Pero los casos son muy variados y los más conocidos son los ligados a la Banda de Los Monos. Hace dos semanas el comisario inspector Gustavo “Gula” Pereyra fue procesado por brindar protección a la banda narco de Las Flores desde la Secretaría de Delitos Complejos, dependiente del Ministerio de Seguridad, donde Pereyra era funcionario.
  El subordinado directo de Pereyra era Juan “Chavo” Maciel, un sargento que fue procesado como miembro de Los Monos, y que está incluido en la nómina del juicio abreviado por asociación ilícita que fue homologado en julio último. Las escuchas de Maciel demuestran el modo escandaloso en que éste le avisaba a Ramón “Monchi Cantero” Machuca sobre allanamientos venideros, para procurarle impunidad. En el caso del asesinato de Diego Demarre, por el que Ariel “Guille” Cantero está acusado de ejecutor material, Maciel le reporta a Machuca el informe de autopsia, donde consta dónde le ingresaron los balazos a la víctima.

Salpicados. Otro comisario salpicado en este caso es el comisario Guillermo Cardini, ex jefe de la Sección Sustracción de Automotores, acusado de avisar a los Cantero de un allanamiento en el que se secuestrarían de una cochera autos de propiedad de la banda. Cardini está procesado en juicio y sostiene ser inocente. Un día antes de que se celebrara una ronda en la que Cardini debía ser reconocido acribillaron a balazos el frente de la casa del testigo del procedimiento. El testigo el día de la rueda no reconoció a nadie.
  En esta misma causa está procesado en juicio el ex jefe de Inteligencia de Drogas de la provincia de Santa Fe, comisario Cristian Floiger, por conexiones regulares con los líderes de Los Monos. En una escucha del diálogo que Monchi mantiene con el policía Maciel aquel le dice: “Escuchame, ubicame al secretario de Floiger o a Floiger y decile que voy a ir con las filmaciones que tenemos y va ir en cana hasta Bonfatti”.
  También está en juicio el comisario principal Sergio Blanche, cuyo último destino antes de su detención era la comisaría de Puerto San Martín. Está procesado en la causa de Los Monos por asociación ilícita agravada. Le imputan facilitar armas y proyectiles a la banda.
  En este mismo grupo está el oficial Juan José Raffo por asociación ilícita. Aparece en escuchas telefónicas con el prófugo “Monchi Cantero”. Le atribuyen haber facilitado información acerca de procedimientos policiales relacionados con la persecución a la banda. Un rasgo llamativo es que Raffo era poseedor de la tarjeta azul, que le permitía el manejo de un Peugeot 308 cabriolet negro de Santiago “Gordo” Pérez, un narcotraficante con antecedentes por robo asesinado en septiembre de 2012 sobre ese auto en San Juan y Larrea.
  También fueron procesados por cohecho los policías Roberto Fabián Dilda (oficial), ex subjefe del Comando Radioeléctrico de Rosario; el suboficial ayudante de ese cuerpo, Pablo Andrés Ferrer Amador y los agentes Darío Aguirre y Valeria Galarza. Les imputan haber cobrado 35 mil pesos a fin de permitir la evasión de un miembro de Los Monos, Leandro Vilches, al que habían apresado conduciendo un auto y que tenía pedido de captura. Lo que se hizo fue cambiar a Vilches por otro muchacho que no tenía antecedentes penales que fue a parar a la comisaría 15ª.
  A este listado se agrega el caso de un oficial superior que está imputado de enriquecimiento ilícito. Se trata del ex jefe de policía de Rosario Néstor Arismendi. Un aspecto que merece atención es que la pesquisa administrativa de su patrimonio es que uno de los hijos de Leonardo Popea, detenido en mayo de 2013 como jefe de una banda de narcotraficantes, aparece como testaferro de dos viviendas de Maipú al 900 cuya propiedad se atribuye a Arismendi.
 

Un escandaloso hecho que jamás se esclareció

Entre los casos que demuestran protección policial a narcos nunca aclarada hay algo que ocurrió el 22 de abril de 2012 cuando Ignacio Actis Caporale, buscado por la PSA como jefe de vendedores mayoristas de droga, se enfrentó a tiros con policías del Comando en Avellaneda al 4500. El huyó pero en su Audi quedaron dos amigos que fueron llevados a la comisaría 18ª.
  Allí, según escuchas, Nacho negoció con policías para que no registraran su resistencia a la autoridad, inventaran algo para tapar eso y le devolvieran el Audi. Ni el gobierno provincial ni la Justicia aclararon el hecho.
  Tres meses después la fiscal federal Liliana Bettiolo requirió secuestrar en la seccional 18ª registros de ese episodio “que fuera informado en el parte reservado 046/2012” y toda documentación de interés en relación al policía Mauricio Rodolfo F. alias “Colo” o “Gringo”, a quien pidió detener. También pidió allanar las casas y detener a los policías Jorge E. Q. y David Luciano A. El juez Marcelo Bailaque no autorizó los allanamientos a las viviendas.
  A esos tres policías la fiscal les atribuyó tener estrechas relaciones con Actis Caporale. Adjuntó para ello las escuchas que obtuvo la PSA. Las escuchas son un escándalo y este episodio nunca se esclareció.

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