Policiales

Polémica entre poderes por las cárceles dondedeben alojarse los presos

La guerra de posiciones entre los poderes Judicial y Ejecutivo de la provincia por las políticas relacionadas con los presos en cárceles santafesinas registró ayer un nuevo capítulo.

Viernes 08 de Febrero de 2019

La guerra de posiciones entre los poderes Judicial y Ejecutivo de la provincia por las políticas relacionadas con los presos en cárceles santafesinas registró ayer un nuevo capítulo. La polémica que se inició con un fallo judicial que define como ilegal el tope de dos kilos que el Servicio Penitenciario (SP) quiso imponer a los paquetes que las visitas les llevan a los internos, se renovó ayer con la presentación de un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública en favor de las personas detenidas en penales lejanos a las ciudades donde viven sus familiares.

"Cumplilr con eso implicaría el traslado de unos 800 presos de Coronda a unidades de Rosario", respondió el SP a través de su directora de Relaciones Institucionales, Lucía Masneri, quien insistió en que las políticas en la materia deben ser diseñadas por el Ministerio de Seguridad en función de distintas variables que tienen que ver con cada interno y su contexto. Además señaló que unas 5.000 personas visitaron en los últimos dos meses a sus familiares en Coronda, por lo que "no se vulnera ningún derecho".

El reclamo

El hábeas corpus fue presentado por la titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), Jaquelina Balangione, y el defensor Regional de la 1ª Circunscripción, Jorge Miró, "en favor de las personas privadas de su libertad alojadas en unidades penitenciarias muy distantes de sus hogares, por constituir un agravamiento ilegítimo en las formas y condiciones de detención".

Según la Defensa Pública, "la situación actual desconoce la dignidad de toda persona privada de su libertad, impide cumplir con la finalidad resocializadora de la pena, resulta violatoria del principio de intrascendencia de la pena e importa una verdadera discriminación y un serio agravamiento de las condiciones de detención". Y respaldaron la idea en tratados internacionales, recomendaciones de organismos de derechos humanos, la Constitución y la ley de Ejecución Penal.

Además el SPPDP cita el decreto provincial 4.127/16 sobre el régimen de ejecución de la pena que "consagra el derecho al contacto familiar, refiere a supuestos en que el lugar de alojamiento no coincide con la residencia familiar, admitiendo la posibilidad de traslados". Sin embargo, según la Defensoría, "se comprobó la falta de este tipo de medidas por que las cárceles están saturadas y los traslados son imposibles".

En tal sentido, y para "subsanar o corregir la violación" de esas disposiciones, el SPPDP pidió que se "habilite una instancia de diálogo" con el SP y el Ministerio de Obras Públicas para "arribar a una solución permanente" y "medidas transitorias que aseguren el vínculo familiar".

Desacuerdo

"No estamos de acuerdo con este pedido porque afecta gravemente la seguridad, no sólo de los penales sino de los santafesinos en general. De aplicarse habría que trasladar un mínimo de 800 personas de Coronda a Rosario lo cual podría generar mayores conflictos", sostuvo Masneri.

"La cárcel de Coronda —continuó— está diseñada en dos módulos. En uno están los del centro-norte provincial y en el otro los del sur. Para elegir dónde alojarlos se realiza un análisis que tiene en cuenta las conexiones entre el adentro y el afuera, los movimientos cruzados, la situación de cada interno y su contexto: si pertenece a una banda, las enemistades. Una cárcel no es una isla. Un homicidio en la calle puede generar venganzas en una cárcel o al revés".

Otra razón que esgrimió Masneri es que Coronda es una de las dos cárceles de máxima seguridad de la provincia (la otra es Piñero). "De llevar esto adelante deberíamos dejar de utilizar una de las dos".

Masneri señaló que la presentación del hábeas corpus generó un oficio de un juez de la ciudad de Santa Fe que insta a tomar medidas que mitiguen la problemática denunciada por la Defensoría. "Respondimos que no podemos mover a las personas, e insistimos en que el derecho a la visita está completamente garantizado", afirmó en relación a las "cinco mil visitas que recibieron, en los últimos 60 días, los internos rosarinos" alojados en Coronda.

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