La abismal diferencia entre los dichos de Andrés Soza en la comisaría 6ª y en el juzgado alimentan una polémica judicial que debe zanjar la Cámara Penal. El abogado de Soza, José Luis Vázquez, solicitó a la jueza Alejandra Rodenas que no considerara el acta policial porque su cliente no había sido convenientemente resguardado. La jueza, de acuerdo con la fiscal, le negó ese pedido. Para ambas el interrogatorio en la seccional había sido con todos los resguardos legales previstos para un imputado.

Vázquez no se dio por satisfecho y le pidió a la Cámara de Apelaciones que le ordene a la jueza revisar su criterio. Insistió en que Soza fue entrevistado por policías violando sus garantías porque no contó con representante legal. Sin abogado presente, dijo Vázquez, se violó el derecho de defensa.

La fiscal avala el acto policial. Dijo que se tomaron todos los recaudos del artículo 190 inciso 12, que se le indicó que podía nombrar abogado y que para una persona con la capacidad e inteligencia de Soza el interrogatorio no adoleció de falla legal. Además Soza, dijo, aceptó la medida después de que se le explicaron todos sus derechos.

La jueza Rodenas afirma que este acto fue realizado dentro de las facultades previstas por la ley. Y que en una primera indagatoria judicial, con un abogado distinto de Vázquez, Soza no denunció que en la comisaría se hubiera violado ningún derecho.

Rodenas remarca que el valor de la declaración policial como prueba es relativo y no definitorio: vale en relación a otras evidencias (como la autopsia, declaración de testigos, pruebas balísticas y de rastros).

Los padres de Gabriela Núñez, en una marcha que pidió aclarar el crimen ocurrido el 6 de agosto.