Entre 2015 y 2016 Rosario fue azotada por una saga de entraderas que provocó alarma en general y particular conmoción a sus víctimas. En un juicio que está a punto de terminar, la Fiscalía acusó esta semana a los integrantes de una estructura de siete miembros a los que atribuyó ser responsables de un significativo número de esos hechos. El grupo delictivo, bautizado como "La banda de los cerrajeros", tenía cualidades que plantaron un fuerte desafío a los investigadores. Había un cerebro organizador en Rosario y un brazo externo que reclutaba ejecutores en Buenos Aires. Las acciones implicaban inteligencia sobre las casas y vigilancia durante los golpes. Se alquilaban viviendas para alojar a la mano de obra externa, se preveían lugares para esconder armas, celulares y vehículos. Pero el rasgo en que la fiscal Viviana O'Connell concentró mayor énfasis fue el despliegue de violencia dentro de las casas para asegurar los robos.
La funcionaria dedicó un largo pasaje de su alegato para describir el amedrentamiento físico y psíquico contra víctimas particularmente vulnerables, como son los padres cuando se amenaza a sus hijos, en muchos casos menores de edad. Sostuvo que en un domicilio de calle Rioja llegaron a atar a una nena de 12 años. Mencionó que en dos ocasiones apuntaron con armas a la cabeza de niños, que utilizaban cuchillos para hacer creer a los padres que les amputarían un dedo a ellos o a sus hijos. En una intrusión a una casa de calle San Luis una de las víctimas fue quemada con una plancha. En otra de calle Viamonte le acercaron la plancha enchufada a un adolescente de 17 años para asustar a su madre.
A veces aterrorizaban a los padres al ponerlos a ellos en una habitación y a sus hijos en otra durante las entraderas. Llegaron a hacer creer a un hombre, en calle Pasco, que violarían a su hija adolescente. "El nivel de trauma que se provocó sobre las víctimas fue tan grande que varias de ellas vendieron o alquilaron sus viviendas porque dejaron de considerar sus hogares como lugar seguro", dijo O'Connell. Muchas de ellas debieron hacer tratamiento psicológico para superar la experiencia. En algunos casos los ladrones, dijo la fiscal, repitieron el asalto en la misma casa, o intentaron hacerlo.
Los hechos expuestos en el juicio son tan numerosos y complejos que se necesitaron dos meses para exponerlos. Pese a eso, según la fiscal, lo que se llevó a las audiencias fue una muestra. Solo 15 entraderas consideradas idénticas sobre 47 denuncias realizadas entre agosto de 2015 y julio de 2016. O'Connell sostuvo que si se consideran los casos no denunciados esta banda cometió más de 100 entraderas. Las penas que pidió, por la reiteración y los detalles de los hechos, fueron altísimas. Solo contra el señalado como jefe local de la banda, Claudio Cereijo, pidió 39 años de cárcel.
Las defensas sostuvieron que los hechos no pudieron ser probados en muchos casos y que no hubo identificaciones de la totalidad de los acusados por cada episodio analizado. Fueron también críticos de la figura de asociación ilícita que, coincidieron, no pudo ser demostrada (ver página 29).
La fiscal sostuvo que la prueba es abrumadora y que ningún defensor contradijo a los testigos que describieron en el juicio lo que padecieron durante los robos. Señaló que hubo cinco fuerzas de seguridad en la investigación. En Buenos Aires trabajó el Ministerio Público Fiscal con la Policía Metropolitana haciendo trabajo de inteligencia sobre los domicilios de los implicados de esa ciudad más las pericias de escuchas telefónicas. En Rosario trabajó la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería Nacional. Pertenencias de las víctimas fueron encontrados en tres domicilios de Buenos Aires y en Rosario en la casa de uno de los imputados que para O'Connell se los guardaba a Claudio Cereijo.
El jefe
La fiscal se concentró en la figura de Cereijo. De 46 años y estudios secundarios completos, poseía diversas propiedades, hasta una fábrica de zapatos hasta 2010. Había sido investigado por causas relacionadas con piratería del asfalto justamente en el nivel de la organización.
Para la fiscal, Cereijo es propietario de tres vehículos (un Audi Q5, un Audi A3 y un Peugeot 207) que se usaron en las entraderas o en actos previos. Según señaló, era el encargado de asegurar el alojamiento de los ejecutores que llegaban de Buenos Aires. Para ello, la funcionaria presentó dos contratos con el dueño de la casa donde los "contratados" se hospedaban. Afirmó que en los hechos concretos proveía la inteligencia previa, el apoyo y vigilancia desde su vehículo en una posición mas segura que la que estipulaba para su hijo, que también fue juzgado. También valoró que utilizó a un menor de edad (Nicolás H., quien contaba con 18 años recién cumplidos al momento de la detención en julio de 2016), para esconder lo obtenido en los hechos delictivos.
El jefe externo del grupo es Juan Alberto "Rata" Vallejos Figueroa. La fiscal sostuvo que era él quien reclutaba en Buenos Aires a los participes de las diferentes entraderas. "Era uno de los que hacían mayor despliegue de violencia hacía las víctimas. Fue el que le dijo a una empleada doméstica de una casa de calle Pasco, donde los ladrones ingresaron dos veces, "¿Te acordás de mí? Te dije que iba a volver". La fiscal pidió para él 35 años de prisión.
Nicolás Cereijo, hijo de Claudio, fue acusado de brindar apoyo a la banda conduciendo su vehículo. Llegó a participar más activamente cuando el número de participantes necesario era insuficiente. En interceptaciones telefónicas le refirió a su novia, según la fiscal, su participación en hechos delictivos. "Le refiere que tanto su padre como «Rata» le habían dicho que si le gustaba andar en Audi ahora se la tenía que aguantar", dijo O'Connell, que pidió para él una pena de 20 años.
Néstor Daniel Giménez fue acusado por la fiscal de ser quien generaba mayor violencia sobre las víctimas. "Se definía a sí mismo como «el loco de la plancha y el cuchillo». Una víctima de una entradera en calle San Luis, en diciembre de 2015, lo señaló en un video como quien la había quemado con la plancha. Le solicitaron 25 años de cárcel.
Para Eugenio Nicolás "Ketu" Sala la fiscal pidió 28 años. Lo acusó de ser lugarteniente de Claudio Cereijo, intervenir directamente en los robos y alojarse junto a los reclutados en cada viaje. Para Pablo Sebastián Saavedra solicitó también 28 años. Lo acusó de ser quien manejaba la técnica de la apertura de las cerraduras de picaporte fijo con plásticos e ingresar a las viviendas. Por último requirió 15 años para Marcos Favero. Su rol era de menor jerarquía: entraba a los domicilios, pero era el menos violento según las víctimas.
Pericias clave
La fiscal sostuvo que las pericias de los celulares son muy concluyentes. Alegó que mostraba a los protagonistas de los hechos, los de Rosario y los de Buenos Aires, juntos en las quintas que alquilaban en las mismas fechas en las que se cometían los robos. Aclaro que la evidencia más fuerte son filmaciones, contenidos de celulares, acciones de inteligencia y escuchas.
"La Fiscalía ha tomado en consideración para el pedido de pena la gran capacidad operativa y compleja que desplegó esta organización criminal tendiente a lograr la impunidad. El hecho de ingresar a los domicilios de las familias invadiendo su ámbito de seguridad personal, en horarios en que se encontraban reunidas. Los horarios de comisión de los hechos coincidían con desayunos, almuerzos o cenas. Ésto no era casual: los querían reunidos para lograr un rápido amedrentamiento", dijo O'Connell.
Por estos hechos ya aceptó una condena a tres años de prisión en juicio abreviado Nicolás H., hoy de 20 años, por tenencia de armas y encubrimiento. Se lo consideraba "el chico de los mandados" de la banda. A los siete que están acusados ahora les atribuyen robos calificados reiterados, tenencia de armas y asociación ilícita. Los jueces darán a conocer el veredicto el próximo martes 21.
