Seis años después de la muerte de Carlos Fredes, baleado en el cuello por un policía tras un asalto a un comercio del barrio La Guardia, un fiscal pidió una pena de prisión perpetua para el acusado de efectuar el disparo y además solicitó cinco años de cárcel para otro efectivo, procesado por falsear el acta y plantar al menos un arma en manos de la víctima. El pedido fue realizado ayer durante una audiencia preliminar al juicio oral y público por el caso, en el que una jueza ya consideró que el muchacho fallecido nunca abrió fuego y no existió un intercambio de disparos.
El crimen de Carlos Fredes ocurrió el 11 de noviembre de 2013. Alrededor de las 11.30 de ese día, dos muchachos llegaron a un pequeño autoservicio ubicado en Benito Juárez al 1500, casi en el cruce con Presidente Roca. Detrás del mostrador estaba Margarita, la dueña del comercio, en el que también se encontraban algunos clientes y un repartidor de alimentos para animales que terminaba de descargar mercadería de un utilitario donde lo esperaba un compañero.
En ese momento entró al local un joven y le metió la mano en el bolsillo al repartidor para hacerse de su billetera, lo apuntó con una pistola y lo obligó a salir. Un cómplice que los esperaba afuera le robó dinero y un celular. Los asaltantes se fueron corriendo por Presidente Roca hacia el sur mientras un llamado al 911 alertaba del robo. Entonces una patrulla de la Policía Motorizada llegó al autoservicio y luego salieron tras los pasos de los ladrones.
En Gutiérrez al 1600 uno de ellos, menor de edad, logró esfumarse. El otro se derrumbó sobre la vereda impar de una casa de la cuadra, a diez metros del cruce con España, alcanzado por un disparo policial. Era Fredes. El joven de 23 años vivía en Flammarión al 5000 y había salido con un permiso transitorio de la cárcel de Piñero.
Versiones encontradas
La versión policial es que se trató de un enfrentamiento. El principal acusado es el policía Diego Daniel Rodríguez, quien aseguró que alcanzó a Fredes en su moto y le gritó que se frenara pero respondió con "varias detonaciones", por lo que él efectuó dos disparos.
La policía reportó —y así quedó consignado en el acta— haber secuestrado un arma opaca y oscura del bolsillo de Fredes y un arma calibre 22 cromada a un costado del cuerpo, las dos cargadas y con aptitud para el disparo.
"Alcanzo a sacar mi arma y respondo a dicha agresión. Ahí veo que él cae, me abalanzo sobre él y le alcanzo a sacar el arma y se la pateo a un costado. Empieza a salir sangre de su boca, inmediatamente pido auxilio a una ambulancia", declaró Rodríguez al ser indagado en la causa que arrancó en el viejo sistema penal.
A fines de octubre de 2017 Rodríguez, quien se encuentra en libertad, fue procesado por la jueza de Instrucción Delia Paleari como autor del crimen. Para la magistrada no existió un enfrentamiento y se constataron elementos que desmienten la versión del policía. Consideró que disparó de manera unilateral. En este sentido, el informe técnico criminalístico de Prefectura Naval concluyó que ninguna de las armas que llevaba Fredes había sido disparada. Según la pericia, "el cabo Rodríguez es el único ejecutante de disparos probado".
La acusación
Esas evidencias fueron enumeradas ayer por el fiscal Gonzalo Fernández Bussy durante una audiencia previa al juicio oral por el caso. El fiscal presentó su acusación ante la jueza Silvia Castelli y solicitó una pena de prisión perpetua para Rodríguez como autor de un homicidio calificado por el abuso de su función. Además lo acusó por los delitos de falsedad de instrumento público (la adulteración del acta) y portación de arma de uso civil, ante la hipótesis de que una de las armas fue plantada a la víctima.
En la causa también está imputado otro policía, que acompañaba a Rodríguez aquel día. El fiscal solicitó para él la pena de 5 años de prisión efectiva por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica y portación de arma de uso civil.
Los abogados defensores insistieron con su teoría de que existió un enfrentamiento y adelantaron que requerirán la absolución de los dos policías.
El paso siguiente será la admisión de la prueba por parte de la jueza Castelli, quien firmará el acto de apertura del juicio. Un debate con fecha a definir y para el que será designado un tribunal de tres jueces.
