Piden prisión perpetua al acusado de matar a un joven policía en Rufino

Rufino.- El fiscal del juicio oral por el asesinato del joven agente provincial Emiliano Célis solicitó pena de prisión perpetua para Diego Guzmán, el acusado de ser el autor material del homicidio, ocurrido el 9 de marzo de 2009. Además requirió que le impongan quince años de prisión a Enrique Zapata, acusado de participar en el robo previo que desencadenó el crimen del policía, y nueve años para José Darío Guajardo, al que le atribuyen la autoría intelectual de los hechos.

Al mismo tiempo la defensa de Guzman pidió que se lo absuelva por falta de pruebas, graves errores en la investigación, violación del principio de defensa y del debido proceso. Señaló que en caso de que se le impusiera condena se lo sentenciara por el delito del robo previo y no por el homicidio cuya autoría, por los vicios del proceso, no quedó acreditado. El representante de Zapata y Guajardo también solicitó que no se imponga pena. El veredicto se anunciará el miércoles próximo.

Emiliano Celis, que tenía 18 años, murió de dos disparos en el operativo de persecución a los asaltantes de una vivienda de Rufino. El delito juzgado se inició cuando dos ladrones irrumpieron en la vivienda de un matrimonio de apellido Spada a robar al que dejaron maniatado.

Luego del atraco, en la huida de la casa, se produjo el robo del auto del yerno de la pareja asaltada, que llegaba de visita. Este robo se adjudica a las personas que fueron juzgadas. Tras eso la policía interceptó a los delincuentes. Herido por perdigonadas, Zapata se entregó y lo desarmaron. A un costado de allí se produjo el tiroteo en el que Celis cayó sin vida.

Para el fiscal Fernando Palmolelli no hay dudas de que los cuatro orificios de bala hallados en el cuerpo del joven agente se los produjo Guzmán. Según dijo era imposible que las balas provinieran de las armas de los policías colegas de la víctima porque éstos estuvieron detrás de la línea de fuego.

Las dudas planteadas en el accidentado trámite del juicio se deben a una situación anómala: no hubo pericias que permitieran definir de qué arma salieron las balas homicidas y extrañamente no se practicó autopsia. Es por ese motivo que las defensas - que además destacaron que hubo denuncias no atendidas de apremios ilegales y allanamientos irregulares contra uno de los acusados- solicitaron la nulidad del juicio. El abogado del principal acusado, Daniel Papalardo, sostuvo también que Guzmán pasó los seis meses inciales del trámite sin defensor.

Papalardo remarcó además que ninguna de las cuatro personas que tuvieron contacto con los asaltantes, como víctimas, reconoció a las personas juzgadas por la autoría de los delitos. El fiscal replicó que dos de ellos resultaron detenidos a minutos de los robos. Los tres hombres juzgados son oriundos de la provincia de Córdoba y tenían antecedentes por delitos contra la propiedad.

El fiscal Palmolelli reconoció que no se hizo la autopsia al cuerpo de Celis.

El abogado Gregorio Gómez pidió la absolución de José Darío Guajardo porque está comprobado, según planteó, que no estuvo en la escena del homicidio y porque, además, cuando ocurrieron los robos se encontraba en su casa. Para el fiscal, Guajardo es responsable del diseño del robo que terminó en la muerte del policía, y por eso requirió pena.

Célis llevaba seis meses en la policía cuando lo mataron y era hijo de un comisario inspector con mando en la zona donde ocurrió el homicidio, lo que motivó que la defensa de Guzmán pidiera que uno de los jueces, Adrián Godoy, se aparte de la causa por entender que es conocido del padre de la víctima. Finalmente no prospero el pedido y el juicio siguió en Rufino. El tribunal está integrado por Jorge Gastonjáuregui, que lo preside, Adrián Godoy y Javier Prado.

La Corte Suprema provincial desestimó por improcedentes dos recursos presentados por la defensa. Uno era un hábeas corpus para los acusados y otro un pedido de per saltum para que fuera el máximo tribunal provincial el que garantizara la imparcialidad del juicio lo que, a criterio de la Corte, no estaba en crisis.

  Los propios imputados en septiembre pasado habían aceptado condenas más leves a las requeridas ahora en un juicio abreviado. Sin embargo el tribunal no avaló ese acuerdo. Por eso se hizo el juicio oral en curso al que le queda, solamente, la audiencia en la que se anunciará la sentencia. l